Luego de la explosiva revelación de Tribuna de Periodistas acerca de la intrusión en las declaraciones juradas de puntuales jueces en el Consejo de la Magistratura, las novedades se suceden una tras otra. Sin solución de continuidad.

Hay sospechas de unos sobre otros, llamados y mensajes subrepticios, e improvisadas movidas de último momento. Nadie confía en nadie ahora mismo.

Entretanto, empieza a avizorarse quién podría estar detrás de la intrusión en los datos reservados de jueces y funcionarios judiciales, donde aparece, entre otras cosas, información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y domicilios personales.

En principio, debe tenerse en cuenta que tres de los 14 jueces a los cuales les fisgonearon sus datos son miembros del tribunal oral que juzga a Cristina Kirchner por corrupción en el juicio de la obra pública, expediente que también complica a Lázaro Báez.

A su vez, la intrusión alcanzó al juez de Casación Diego Barroetaveña, integrante de la Sala que debe decidir sobre dos juicios que involucran a la vicepresidenta: el Pacto con Irán y Hotesur-Los Sauces.

Pero hay una situación que es aún más inquietante: en los mismos días en los que se conocía el hurto de información sobre los jueces, el 14 de junio, el diputado ultra K Rodolfo Tailhade difundió públicamente la declaración jurada de Pablo Bertuzzi, otro “enemigo” de Cristina.

Frente a lo antedicho, bien puede suponerse que los que metieron sus narices en las declaraciones juradas de los magistrados fueron miembros del kirchnerismo de paladar negro. Acaso para presionar a la Justicia en un gesto de desesperación por zafar a la otrora presidenta.

Entretanto, la Corte Suprema, en la más absoluta reserva, decidió avanzar en una serie de medidas de seguridad. Por caso, el secretario General de ese cuerpo, Mariano Pérez Roller se hizo cargo como interventor de la oficina de Declaraciones Juradas, a pedido del presidente del consejo, Horacio Rosatti, a la sazón el titular de la Corte.

A su vez, se dispuso una custodia policial de 24 horas en la puerta de la oficina de Declaraciones Juradas, ubicada en el piso 8 de Sarmiento 877, que será trasladada al edificio de calle Libertad 731, donde funciona la presidencia del Consejo. Allí se buscará digitalizar toda la información que allí reside en los próximos 30 días.

En el terreno meramente político, avanza una feroz puja interna dentro del Consejo, con la mira puesta en la nueva conducción del cuerpo, puntualmente contra Rosatti. 

Por lo que pudo saber este portal, todo deviene del manejo interno que ejerce desde hace varios años una misteriosa funcionaria que se hace llamar “la jefa”. La mujer jura que proviene del peronismo duro, no kirchnerista. Pero es incomprobable.

Lo cierto es que “la jefa” ostenta el manejo de importantes áreas del Consejo, con personas que le reportan directamente y sin filtros. Recursos Humanos, Viáticos de jueces, departamento de Compras, Asuntos Jurídicos y Patrimonio, son algunas de las oficinas que domina. 

Dicho sea de paso, allí mismo, en esas áreas, surgieron misteriosamente -de la noche a la mañana- ascensos, nombramientos y pases a plantas de varios empleados judiciales, justo una semana antes de la asunción de Rosatti como titular de la Magistratura.  

No es todo: la “jefa” cuenta con aliados en la secretaría General, en puntuales comisiones y en la Oficina de Seguridad Informática. El dato no es menor, toda vez que las cámaras de seguridad del Consejo dejaron de funcionar al momento que ocurría la intrusión en las declaraciones juradas de los jueces.

Ello lleva a preguntarse: ¿Qué clase de entramado subrepticio hay en el Consejo? ¿Con qué propósito la “jefa” tiene el manejo a la sombras de esas áreas? ¿A quién responde? ¿Su intención es la de desestabilizar la conducción de Rosatti? 

Por ahora, hay más preguntas que respuestas. La causa judicial avanza demasiado lento y el juez Daniel Rafecas no parece el más propenso a trabajar con transparencia. Su pasado lo delata.

Fue el mismo que sobreseyó en 2016 a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Anibal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y al empresario Alejandro Burzaco —entre otros imputados— en una causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos.

Antes, en 2015, cobró celebridad por su fuerte disputa con el fiscal Alberto Nisman en el marco de la denuncia contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA mediante el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Con una celeridad pocas veces vista, el juez desestimó la presentación. Debió intervenir la Cámara Federal de Casación de Penal para que avanzara el caso. Su desempeño quedaría manchado en 2018 por el Consejo de la Magistratura, que lo sancionó económicamente tras considerar que tuvo una conducta "indecorosa" durante su actuación al frente de ese expediente.

Diez años antes de la denuncia de Nisman, en 2005, fue denunciado por beneficiar a un narco y filtrar información a Clarín. Fue el 21 de diciembre de ese año, cuando trascendió que el narcotraficante serbio Dragoslav Ilic, procesado con prisión preventiva en el marco del operativo “Viñas Blancas”, recibió autorización de Rafecas para casarse, presunción de dinero mediante. 

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados