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Ya pasaron más de 100 días y el gobierno de Javier Milei ostenta más reveses que logros. La pobreza sigue creciendo, la indigencia ídem, la economía persiste en caer como en un tobogán y el empleo se retrae.
Hay sí algunos indicadores macro que parecen prometedores, pero todavía no se hacen notar en la vida de los ciudadanos de a pie. Acaso suceda en algún futuro.
En tal contexto, las encuestas empiezan a mostrar una baja creciente en la imagen positiva del presidente libertario. Incluso hartazgo.
En aquellas mediciones aparece la percepción que los encuestados poseen sobre Milei. Lo ven como alguien poco afecto al diálogo, dogmático y esquivo a los acuerdos.
No obstante, el mandatario mantiene la adhesión de su núcleo duro, que es inalterable. Pero es apenas una burbuja, que no le sirve a los efectos prácticos de la gobernabilidad real.
A su vez, empiezan a asomar puntuales pifies y presuntos hechos de corrupción, que ponen una alerta en la sociedad.
Entre los pifies, aparece la nominación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un magistrado enriquecido ilegalmente y que ha dado cobertura judicial a la tan denostada “casta” que sabe acusar con dureza el propio Milei.
Entre los tópicos de posible corrupción, hay dos de relevancia: primero, el uso de fondos reservados de la AFI para pagarle a una consultora “fantasma” que a su vez abona a cientos de tuiteros para que destrocen a los enemigos del presidente. Kirchnerismo style.
Segundo, la compra de aviones en desuso por parte del Ministerio de Defensa de la Nación. Un negociado de 338 millones de dólares en medio de la crisis inédita que vive el país.
Como puede verse, las señales que emite Milei son confusas y contradictorias. Es bien cierto que por ahora es apresurado calificarlo, porque aún está en gateras su gobierno. Pero es una señal de alerta que no cesa de titilar.
