La publicación de avisos clasificados sobre servicios sexuales en los diarios papel empieza a ser cosa del pasado. Algo pacatos, los editores de los grandes matutinos argentinos no se animan a dar el debate de cara a sus lectores. Pero los propietarios tienen que responder ante la Justicia. Es el mismo debate que se dio -y se extiende aún- en varios países del mundo. Por ejemplo, en España tomó tal voltaje que hasta se manifestó el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que “deben eliminarse”.

Según diversas organizaciones que trabajan sobre la temática y especialistas, detrás de esas publicidades se pueden esconder redes de trata de personas y delitos como la esclavitud sexual. Además de incurrir en una agresión al género femenino, en la banalización de la prostitución y en el aliento a posibles delitos sexuales, al promocionar supuestas “bebotas”, “nenitas” o “colegialas”.

Recientemente en nuestro país, dos matutinos y un semanario decidieron no publicar más ese tipo de anuncios. Fueron La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén y El Tiempo de la localidad bonaerense de Pergamino (de aparición semanal). El diario patagónico hizo pública la postura editorial, mientras que los otros dos tomaron la medida pero sin comunicarlo en sus páginas. Diario sobre Diarios pudo corroborar mediante fuentes periodísticas tales decisiones.

El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) difundió un comunicado  condenando a las empresas periodísticas que publican ese tipo de avisos aunque sin mencionarlas explícitamente, tal como hace habitualmente.

“Fopea observa cómo, cuanto menos, contradictoria la conducta de medios de comunicación que, en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos clasificados de proxenetismo y explotación sexual o ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables. Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita.

En razón de todas estas observaciones, Fopea hace un llamado de atención a la opinión pública en general y a las empresas periodísticas en particular -en especial a los medios gráficos, en los cuales este tipo de anuncios adquiere mayor preeminencia- solicitándoles que revisen sus criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”, fueron algunos de sus tramos.

Entre los principales diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires, los que publican avisos de prostitución son: Clarín, La Nación, Ámbito, Crónica y Diario Popular. Mientras que los que no lo hacen son Página/12 y El Cronista.

Una periodista de Página/12, Mariana Carbajal, fue quien más se ocupó de este tema en las páginas del matutino. En el 2009, comentó el fuerte debate que se da en España por este tema y trazó un panorama, con buena cantidad de información, sobre lo que ocurre en nuestro país.

El debate es complejo. Abarca desde posturas éticas (a la hora de decidir publicar o no ese tipo de avisos), hasta económicas (cuánto le reporta a una empresa periodística ese rubro).

También hay quienes consideran que tanto la trata de personas como la esclavitud sexual y otros delitos que podrían esconderse detrás de los avisos, son temas “policiales” que el Estado debe perseguir y castigar. Y que los diarios se limitan sólo a publicitar contactos para adultos, lo cual es legal en tanto y en cuanto también es legal la prostitución.

Por ejemplo, es la posición del director del diario El Mundo de Madrid, el siempre polémico Pedro J. Ramírez: “Es hipócrita decir que detrás de esos anuncios hay mafias de explotación de personas. Si se investiga y se demuestra que hay tramas, estas desaparecerán y también sus anuncios” afirmó.

El panorama en nuestro país

Según la nota de Carbajal, “el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) elevó un informe a la Procuración General de la Nación en el que solicita que se investigue si encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la nueva figura de violencia mediática, entre otros posibles delitos”.

Añadió que “el negocio es enorme: la mayoría de los diarios que se editan en el país, de alcance nacional, provincial y local tienen suculentos ingresos por incluir avisos de ese tipo. Alguno llega al millón de pesos por mes”.

En otro pasaje, la nota de Carbajal consignó que “el fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, viene denunciando hace más de diez años la connivencia indirecta entre diarios y redes de trata. ‘Se convierten en colaboradores de la trata en forma indirecta. Es un tema que merece un abordaje nacional’, evaluó en diálogo con Página/12”.

Y afirmó en un recuadro que la Corte Suprema de la Nación tiene en sus manos un expediente en el que deberá definirse sobre la legalidad de estos avisos.

“¿Constituye censura previa prohibir los avisos de comercio sexual que se publican en diarios y revistas? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ya se pronunció a favor de limitar su contenido, en una demanda en la que ordenó a los diarios Clarín, Ambito Financiero, Crónica y La Razón, prohibir la publicación de imágenes de mujeres en poses ‘obscenas’ como las que suelen acompañar los anuncios para bajar contenidos sexuales a los celulares. Pero el fallo fue apelado y el expediente se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.

En el marco de esta causa, indicó la periodista, “tanto La Nación como Diario Popular llegaron a un acuerdo firmado en la Defensoría General de la Nación el 3 de octubre de 2001 por el cual se comprometieron a ‘extremar los cuidados para que los niños no puedan inadvertidamente acceder a avisos publicados por adultos con referencia a conductas sexuales vinculadas a prostitución o a prácticas que puedan afectar la integridad psicofísica de niños y adolescentes’”.

El debate en España

El debate en el país ibérico alcanzó un alto voltaje, tanto que hasta el presidente Zapatero se pronunció al respecto: consideró que “deben eliminarse”.

Rápidamente, los editores salieron a responderle: “Si el Gobierno entiende que deben suprimirse, debería adoptar las medidas necesarias para prohibir la prostitución” señalaron en un comunicado y se quejaron porque en los últimos años “los periódicos ya han sufrido, respecto a otros medios de comunicación, importantes limitaciones autonómicas, nacionales y europeas para la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego”.

En ese país, se conocen noticias con cierta frecuencia sobre diarios que se pliegan a la decisión de no publicar avisos de prostitución. El diario Público –que no los acepta desde su aparición en las calles madrileñas en 2005- editó el pasado 18 de julio un completísimo informe sobre la temática.

Señaló allí que “los anuncios de servicios sexuales podrían incluso atentar contra lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución, que defiende ‘la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad’. Además, en su artículo 15, reconoce que nadie puede estar sometido a tratos ‘inhumanos o degradantes’”.

Luego hizo un repaso respecto de la actitud de los principales diarios de España: así afirmó que el diario La Razón “lleva varias semanas haciendo bandera de la ausencia de anuncios de contactos en sus páginas” y lo atribuyó a que “el Grupo Planeta, editor del diario, alcanzó un acuerdo con el Vaticano para comercializar el periódico oficial de la Santa Sede, ‘L'Osservatore Romano’, junto con La Razón”.

En relación al diario El País, afirmó que “según un informe del Congreso de los Diputados, este periódico ingresa anualmente en torno a cinco millones de euros gracias a estos reclamos”. Mientras que respecto de El Mundo, aseguró: “El diario de Unidad Editorial defiende estos días en sus páginas las bondades de los anuncios de prostitución, frente a las intenciones del presidente del Gobierno”.

El sitio de la cadena británica BBC también publicó un completo informe del debate en el país ibérico. Bajo el título “España cuestiona anuncios de prostitución” señaló que “estos clasificados le reportan a los medios unas ganancias anuales de más de US$50 millones, según la comisión del Congreso que investiga el tema. Diarios como El País o El Mundo, dos de los periódicos con más circulación en España, pueden publicar hasta 600 ó 700 anuncios diarios que rondan los US$120 cada uno”.

El sitio consultó al otro extremo de la polémica. Y afirmó: “Cristina Garaizabal, representante de Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas se pregunta ‘¿qué tienen de malo estos anuncios? Prohibirlos obligaría a las prostitutas a lanzarse a la calle en busca de clientela o acercarse a clubes, donde tendrían que someterse a las imposiciones de los empresarios. Hay que diferenciar entre la explotación sexual y la prostitución voluntaria. Ante la primera hay que perseguir el delito y ante la segunda reconocer que es una actividad legítima y que se puede publicitar como cualquier otro servicio’”.

Párrafo aparte merece lo ocurrido en El País en mayo de 2009. El matutino publicó una investigación seriada bajo el título “La explotación sexual en España”. A partir de allí recibió un aluvión de cartas de sus lectores haciéndole notar la incongruencia de informar sobre ese flagelo y a la vez alentarlo desde sus anuncios. Tal fue la magnitud de la reacción de los lectores, que debió tomar cartas en el asunto la defensora del lector, Milagros Pérez Oliva, quien luego de analizar la situación concluyó que “esos anuncios no deberían publicarse en este diario”. Sin embargo, el diario lo sigue haciendo.

Por último, en España tanto el Gobierno nacional como algunos autonómicos avanzan con proyectos mediante los cuales se suprime la publicidad estatal para aquellos diarios que publiquen avisos de prostitución. Es decir, el Estado deja en libertad a los medios gráficos, pero decide no acompañar con pauta institucional a quienes difundan la prostitución en sus páginas.

A modo de conclusión

En las décadas del 60 y 70, las secciones policiales “sangrientas” en donde sin resquemores se mostraban fotos de cadáveres mutilados, marcaron un hito en el periodismo argentino. El viejo diario Crónica lideró por muchos años esa franja.

En aquellos años se consideraba un hallazgo periodístico, cuyo impacto debía valorarse. Hoy, muchos años después, con el avance de los derechos humanos y de las sociedades en general, se cuestiona esa práctica, por considerarse violatoria de la intimidad de los fotografiados. Y se recurre al viejo latiguillo “si fuera un pariente del editor del diario el que aparece descuartizado, la foto nunca se publicaría”.

Diversas fuentes del mercado periodístico consultadas por DsD para este trabajo, coincidieron en que “los diarios deberían hacer un gesto y dejar de publicar esos avisos”. Un directivo de un medio (que publica anuncios) admitió que deberían eliminarse: “Aunque sea por marketing. Es mucho más lo que ganan en prestigio que la plata que pierden por abandonar esa difusión”. Otro consideró: “Si los damos de baja por una cuestión ética, puede parecer que durante 50 años no tuvimos ética porque los publicamos”.

Otra fuente señaló que “no hay estimaciones públicas del dinero que ingresa a una empresa por ese servicio”, pero que “estamos hablando de cifras bajas, dado que mucho de esos avisos migraron hacia Internet”.

En síntesis, es la hora de hacer un gesto. Pequeño. Pero cuyo valor sería mayúsculo.

Fuente: DsD