La inseguridad continúa como la preocupación dominante y la que concentró las acciones más importantes de la Administración bonaerense.

Y en ese marco, con una intensidad de hechos delictivos violentos que no cede -ayer mismo murió otro policía en un robo en el Conurbano-, la reunión del Consejo de Seguridad provincial convocada por Daniel Scioli mostró que, más allá de algunas chicanas, la oposición está dispuesta a no dejar solo al Gobernador cuando las papas queman.

Salvo el espacio que conduce a Elisa Carrió, todas las fuerzas con bancas en la Legislatura enviaron representantes al encuentro.

En la Gobernación deberían valorar la actitud. Que desde allí los citen a plenarios multipartidarios por cuestiones de Estado "solamente para la foto", no es una chicana más, es un temor fundado que expresan todos los opositores.

Ocurre que es demasiado cercano el recuerdo de la invitación de Scioli al "diálogo político" -hace apenas un año, tras la derrota del oficialismo en las urnas- para "asuntos institucionales" que se agotó tras un par de reuniones en las que no se llegó a nada.

El propio Consejo de Seguridad, cuyo funcionamiento fue reclamado por Margarita Stolbizer en aquel "diálogo" se reunió apenas tres veces en ese último año para no hacer absolutamente nada.

La inseguridad extrema, mientras tanto, registró en los últimos días también algunos picos dramáticos en la ciudad de Buenos Aires.

Y fue entonces cuando el gobierno nacional -responsable de la Policía Federal, que "custodia" el distrito porteño- rompió el silencio que había mantenido durante las largas jornadas en que los bonaerenses se vieron particularmente conmovidos por el caso de Carolina Píparo, la mujer embarazada que fue atacada en La Plata en una salidera bancaria; una conmoción que puso en jaque al gobierno de Scioli.

La Justicia, en foco

También el líder del oficialismo, Néstor Kirchner, habló de la inseguridad. Lo hizo en Merlo, en el corazón del Conurbano, el mismo día que la Presidenta se refirió por primera vez al tema.

Fue en el anochecer de la jornada en que cuatro ladrones -bonaerenses- mantuvieron durante diez horas como rehenes a una familia en el barrio porteño de Palermo.

Ambos plantearon el eje de lo que después se convertiría en una embestida vía varios ministros nacionales: responsabilizar a otro Poder por las excarcelaciones de delincuentes y sospechosos, subrayando que según su criterio, las leyes penales son correctas -lo suficientemente "duras"- pero los jueces las aplican mal.

En la Provincia, el ministro de Seguridad de Scioli durante más de dos años, Carlos Stornelli, también "culpó" a la Justicia.

En cada hecho grave que debieron explicar, el funcionario y los jefes policiales denostaron públicamente a jueces que habían excarcelado -por delitos anteriores- a sospechosos de esos crímenes.

Esa "política" cambió con el nuevo ministro del área, Ricardo Casal, aunque horas después de las expresiones de Néstor y Cristina Kirchner el Gobernador también volvió a cuestionar a la Justicia.

Los especialistas miran con preocupación este panorama. Temen que la nueva andanada contra la Justicia implique una visión incompleta de la problemática, de la que sólo surgirían soluciones menos que parciales.

La prisión como excepción

Es cierto que hay jueces que en ocasiones otorgan la excarcelación a imputados o condenados que podrían mantener recluidos, pero la cantidad de reincidentes beneficiados con esa medida refleja, por sí sola, que el problema debería buscarse también en otro lado.

El Código Procesal Penal de la Provincia establece en qué casos un imputado debe estar detenido hasta el juicio, y hasta cuándo un condenado debe cumplir efectivamente la pena de prisión.

Recreado en 1998, este Código fue "endurecido" a lo largo de estos años, pero integralmente sigue siendo un conjunto de disposiciones basadas en la premisa esencial de que la prisión es el último recurso y la excepción, no la regla.

La concesión de la libertad con pulsera electrónica, el arresto domiciliario, las salidas laborales o transitorias, son disposiciones expresas de ese Código que, vale recordarlo, es una ley.

Se puede, entonces, discutir si está bien o está mal que el proceso penal bonaerense esté basado en esa premisa -un debate que algunos simplifican como una falsa controversia entre mano dura y mano blanda-, pero no se le puede pedir al sistema judicial que no aplique la ley, cuyo contenido depende exclusivamente de las propuestas del Ejecutivo y las decisiones de los legisladores.

La fuerza de la impunidad

Y la otra pata sustancial del problema que parecería no contemplado en la visión de estos días es la impunidad con que actúan los delincuentes. Una condena de prisión a cumplir puede asustar a alguno.

Pero no hay dudas de que lo que más los envalentona es la altísima probabilidad que tienen de cometer incontables delitos sin ser siquiera identificados. La cantidad de casos de "autores ignorados" expone con crudeza las fallas del trabajo policial de prevención y de investigación.

Marisa Álvarez
NA