¿Por qué el co-presidente Néstor Kirchner anticipó que habría importantes avances en la investigación que asumiera como propia en el marco del asesinato del joven Mariano Ferreyra?

¿Por qué viajó —junto con todo su equipo— a El Calafate —para Cristina Kirchner “su lugar en el mundo”— en vez de poner en conocimiento inmediato de la Justicia la información con que dice contar?

Esto mismo se preguntaban sus allegados, pero Néstor sostuvo —ágil de cintura— que había que salir del atolladero y lo primero que se le ocurrió fue decir que tenía resuelto el tema, aunque después buscara a quién echarle el fardo.

Fracasado el intento de desviar la autoría intelectual, con la burda maniobra del asalariado periodista Dante López Foresi —que trasladara a la actualidad una reunión de un año atrás del ex presidente Eduardo Duhalde con líderes sindicales— Néstor entendió que lo único que hace falta es entregar a los autores materiales del homicidio.

Se pensó en acusar a algún enemigo u opositor político, pero el riesgo consiste en que podrían destaparse otras cositas, así que triunfó la postura de consensuar con quien eventualmente se haga cargo de la causa.

Material humano hay de sobra entre los barrabravas, ya sea de Racing, el club de los amores del Secretario de UNASUR y Diputado Nacional, o de Quilmes, del cual es Vicepresidente el inefable Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández, u otros clubes, además de la fuente inagotable de lúmpenes de las Hinchadas Unidas Argentinas, del dirigente kirchnerista Marcelo Mallo, financiadas por el gobierno y de triste paso por Sudáfrica.

Así fue como a la picardía del dúo dinámico se le sumó el cacumen de sus avezados colaboradores, la gran mayoría de ellos abogados, y así fue como al grito de ¡Eureka! apareció la mágica solución: se aportarían culpables, nadie iría preso y se satisfaría el ideal de Justicia, relativa, de la mente KK.

En efecto, los leguleyos, con el insustituible aporte de quienes se desempeñan en el ámbito de la Magistratura fiscal y judicial —subrepticiamente consultados—, evocaron lo dispuesto en el art.  95 del Código Penal que dice:

 Art. 95.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte, y de uno a cuatro en caso de lesión.

Las lesiones previstas en los arts. 90 y 91 son graves y gravísimas, por lo que en un combo legal de un homicidio y dos lesiones, lo máximo que puede caberle al o los responsables nunca superaría los seis años de prisión, obviamente en el hipotético caso que se llegare a un veredicto condenatorio, pero en un comienzo se trata de un delito “excarcelable” por lo cual todo aquel que aparezca como imputado sería beneficiario de la libertad ambulatoria durante el proceso, esto es, se le concedería la excarcelación y no tendría que alojarse en las mazmorras destinadas a presos comunes o perseguidos políticos.

La maniobra consiste entonces en contratar uno, dos o tres personas que —a cambio de algunos dinerillos— contando con la asistencia técnica de abogados defensores acompañados de las gestiones de los operadores políticos en la justicia, garanticen su libertad y un buen pasar económico, a cambio de mostrarse como responsables del “involuntario” crimen cometido.

Con esto el equipo K considera que dejará contentos a todos los sectores, políticos y sindicales, a los reclamantes que serán recompuestos laboralmente, y al resto de la sociedad que verá impávida, una vez más, cómo se la engaña. Cómplice necesaria sería la Fiscal Cristina Caamaño Iglesias Paiz —docente en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo— y la engañada será la juez de instrucción Wilma S. López que frente a la incuria de la fiscal no podría avanzar en una investigación amañada.

En cuanto a los eventuales reclamos de familiares del joven Ferreyra se les mostrará una supuesta voluntad política por el esclarecimiento del hecho más una muy generosa compensación económica. Más difícil será negociar con los referentes del Partido Obrero y las demás fuerzas políticas de izquierda que pretenden utilizar el desgraciado suceso. Pero como la banda K detenta muchísimos recursos, materiales y funcionales, no les resultará demasiado complicado llegar a un avenimiento.

Aunque esto se llame estafa procesal, se envalentonan por haber resultado satisfactoria la maniobra que llevó al sobreseimiento en la causa judicial por el enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, jactándose de ello y burlándose de todos.

Hoy se determinó que Cristian Favale, integrante de la barra brava de Defensa y Justicia estaría vinculado con el oficialismo de la Unión Ferroviaria y habría sido enviado por el gremio, junto a otros 10 barrabravas de Lanús y Banfield, a "romper" el corte de vías que los trabajadores tercerizados querían hacer en Avellaneda. De ese grupo, habría otros dos integrantes también con pedido de captura. Favale tiene fluidos contactos con el ministro de Economía Amado Boudou, con su par de Educación Alfredo Sileoni y con la biógrafa de la Presidente y panelista de 6,7,8; Sandra Russo.

Favale no aparece. ¿Estará negociando su situación? No olvidar que, en manipular y distorsionar, los K son grandes maestros del ingenio.

Enrique Piragini