Cuando el pasado viernes 16 de mayo, el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña resolvió confirmar la prisión preventiva de Carlos Alberto Carrascosa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, sólo dio el puntapié final al descubrimiento de una serie de actos sospechosos emergidos de la propia familia.

Más allá de la medida puntual contra el viudo, tanto el fiscal como el juez de la causa presumen fuertemente que la familia ha actuado como cómplice de encubrimiento en el asesinato de María Marta. Hay que recordar que está harto demostrado que dicha parentela ha sostenido la coartada de Carrascosa hasta límites insospechados, aún al costo de desgastar sus imágenes en la pantalla de la televisión, una costumbre a la que la familia solía escapar antes de que las papas quemaran de tal manera en sus manos. 

De todos modos, no hubo estrategia alguna que permitiera liberar de culpa a Carrascosa. Y es que los indicios y evidencias detallados por el juez en su resolución son contundentes. Entre otras cosas, Diego Barroetaveña, asegura que: “Se encuentra probado que durante el tiempo en que ocurriera el homicidio de María  Marta García Belsunce (Carrascosa) no dio una explicación plausible del lugar donde se encontraba (...) Desde las 18.27 no justificó donde estuvo. Tuvo posibilidad de llegar a su finca a las 18.32.30. Contó con 23 minutos (...) para estar en el lugar en el cual se perpetrara el hecho pesquisado, ejecutarlo, salir y hacer ver que recién llegaba.

"Carrascosa recibió instrucción sobre el manejo de armas livianas (...). No podía desconocer que el objeto que fue encontrado debajo del cuerpo ensangrentado y ya sin vida de su cónyuge fuera un plomo deformado, arrojándolo por el inodoro del baño (...). No era plausible que no sospechara." 

"¿Por qué no se le dio inmediata intervención a la policía?, ¿por qué, inclusive, se pretendió evitar la concurrencia de aquélla y que no se efectuara la operación de autopsia?, ¿por qué no se dio intervención al INCUCAI, cuando la víctima era donante de Órganos?

Lo antedicho agrega más dificultad a la acción de la familia que lucha por revertir la situación de Carrascosa. Dificultad que se mantendrá por lo menos hasta la llegada del juicio oral, el cual será desarrollado dentro de un año. 

La familia que encubre

Si bien, la parentela de María  Marta intenta despegarse del arquetipo popular que los ubica como encubridores del crimen, las pruebas en su contra saltan a la vista cuando se estudia cronológicamente lo acontecido hasta el día de la fecha: 

-El 27 de octubre de 2002 María Marta García Belsunce fue hallada muerta por su esposo. En ese momento, Carlos Carrascosa aseguró que su esposa había resbalado en la bañera del chalet que compartían en el Carmel Country Club y que sólo se trataba de un accidente. Al día siguiente sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta, tras ser velados en su casa de Pilar, donde asistieron el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, y el jefe de la Dirección de Investigaciones de San Isidro, comisario inspector Aníbal Degastaldi. 

-El 2 de diciembre, luego de tomarle declaración a los dos médicos que vieron el cadáver el mismo día del “accidente” Juan Gauvry Gordon y Santiago Biasi”, Molina Pico ordenó exhumar el cuerpo. La autopsia reveló que había sido asesinada de 5 balazos calibre 32 en su cabeza y que un sexto proyectil la había rozado. 

-El 11 de diciembre el caso toma estado público y salen a la palestra diferentes hipótesis sobre el presunto homicida. Se comienza a señalar a Nicolás Pachelo, un vecino del country que tenía antecedentes penales, como autor del asesinato de María Marta. 

Mientras tanto, se comprueba que el día del crimen el viudo Carrascosa había ordenado limpiar las manchas de sangre de María Marta y que Horacio García Belsunce solicitó a la policía que no entrara en acción. 

-El 19 del mismo mes, apareció el sexto proyectil en el pozo ciego de la casa. Horacio García Belsunce, hermano de María Marta, admitió que había sido arrojado al inodoro al confundirlo con un “pituto”. 

-El 16 de enero de 2003, Molina Pico imputó por "encubrimiento agravado" a Horacio García Belsunce; el viudo Carrascosa; el cuñado Guillermo Bártoli; el padrastro Constantino Hurtig; el medio hermano Juan Carlos Hurtig; la masajista Beatriz Michelini; los vecinos Sergio Binello y Nora Burgues de Taylor; y el médico Gauvry Gordon. 

-El 8 de abril el fiscal fue aún más lejos: pidió al juez Diego Barroetaveña, la detención de Carrascosa como el asesino de su esposa. 

-El 28 de abril, Carrascosa fue careado con tres testigos que lo situaron en otro lugar del que dijo haber estado la tarde del homicidio. Fueron la concesionaria del club House, Alba Benítez; el mozo Gerardo Oberndorfer y Catalina Vargas, ex mucama de Bártoli e Irene Hurtig. 

-El 8 de mayo, peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmaron que en los orificios de bala en la cabeza de María Marta fueron hallados restos de pegamento. La idea habría sido la de “disimular” las heridas en la cabeza.

-El 10 de mayo, el fiscal solicitó al juez Barroetaveña que le dicte la prisión preventiva a Carrascosa, lo cual fue admitido por el juez. 

Balas que se confunden con pitutos; heridas de proyectiles que no se reconocen y que luego aparecen con pegamento; manchas de sangre que se limpian; mentiras pueriles de Carrascosa; apariciones televisivas de la familia en donde se muestran más preocupados por la libertad del viudo de María Marta que en el esclarecimiento del crimen y tantos otros indicios dejan a la vista la sugestiva complicidad de la familia. 

Éramos pocos...

Para agregar más condimento a la ya explosiva causa, apareció en medio de la investigación judicial una red de médicos que confeccionaban certificados de defunción “a pedido”. 

Todo comenzó cuando uno de los camilleros de la funeraria Casa Sierra, Roberto Di Feo, que llegó hasta la casa del country Carmel para acondicionar el cuerpo a efectos de velarlo en el dormitorio familiar, declaró ante el juez de instrucción Julio Lucini que prácticamente no tuvo que realizar ninguna labor, ya que el cuerpo estaba en la cama acomodado. 

El magistrado Lucini venía investigando una presunta asociación ilícita dedicada a fraguar certificados de defunción, de la cual resultaron detenidos los dos empleados de la funeraria Casa Sierra que estuvieron a cargo de los trámites de la inhumación del cuerpo, y el médico Juan Carlos March, que fue el que firmó el acta de defunción irregular de María Marta sin ver el cuerpo. 

En ese certificado se asegura que García Belsunce falleció de un paro cardíaco en un departamento de Capital Federal, sin hacer referencia alguna a los disparos en su cabeza ni al Carmel Country Club de Pilar. 

Y es en el marco de esa causa que está procesado Guillermo Bartoli, cuñado de María Marta, por ser el que realizó los trámites para la inhumación del cuerpo en la funeraria.

La pista que no se profundizó 

Si bien desde un principio la hipótesis del crimen de María Marta García Belsunce aparentó tener un móvil pasional, el fiscal Molina Pico nunca dejó de ahondar en la posibilidad de que dicho asesinato pudiera tener una motivación económica, razón por la cual incorporó en su momento a cuatro expertos forenses de la Policía Judicial y a dos peritos contadores. 

De esa manera, el fiscal de Pilar pudo averiguar los vínculos económicos de María Marta y su esposo, Carlos Carrascosa y logró ahondar en las relaciones de este Último con el Banco General de Negocios, cuyos presidente y vicepresidente -Carlos y José Rohm respectivamente-, están acusados por la jueza María Servini de Cubría de integrar una “asociación ilícita dedicada a burlar los controles oficiales y enviar divisas al exterior”; todo esto cuando la vigencia del corralito financiero lo prohibía. 

En ese mismo sentido, pudo comprobarse que Carrascosa trabajó como agente de Bolsa para los Rohm hasta el año 1996 y se hallaron constancias de que María Marta García Belsunce era directora de una compañía vinculada con el Banco General de Negocios en la cual Carrascosa era su vicepresidente, llamada Compañía General de Inversiones Bursátiles. 

Si bien, según allegados a la familia, Carrascosa ya había vendido su porcentaje de la sociedad que controlaba un par de acciones de Bolsa, se encontró registrada en un libro de la Compañía General de Mandatos la empresa Carlos Carrascosa y Compañía, donde el viudo figura como “comitente”, encargado de la compra y venta de acciones. 

Esta empresa tuvo como domicilio la calle Perón 667, el mismo lugar donde las escuchas telefónicas de la causa del Banco General de Negocios realizadas en octubre de 2001 determinaron que funcionaba una mesa de dinero dedicada a cambiar cheques. Sugestiva casualidad. 

Finalmente...

Este brutal crimen, que aparenta ser sólo parte de una reyerta familiar, no debe analizarse aisladamente sino como un tentáculo del “caso Rohm”, congelado desde que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de Carlos Rohm y que actualmente está a estudio de la Corte Suprema de Justicia. 

Hay que determinar hasta qué punto Carlos Carrascosa estaba totalmente desvinculado del Banco General de Negocios, sin dejar de rastrear de dónde surgió esa gran masa de dinero que maneja la familia y que les permite vivir de manera tan ostentosa. 

Luego del tristemente célebre “caso Conzi” no sería descabellado pensar que podría tratarse de gente que maneja fondos de la mafia o de la política. O de ambas cosas. 
No olvidemos que el “caso Rohm” destapó vínculos oscuros de la mafia con el menemismo y dejó en evidencia las relaciones del Banco General de Negocios (así como el Banco Comercial de Montevideo) con tres de los más sonados escándalos argentinos: la venta de armas a Ecuador, la comercialización ilegal de oro y la coima pagada por IBM para la renovación informática del Banco Nación. 

Lavado de dinero que le dicen...