Héctor Capaccioli es el hombre que guarda todos los secretos del kirchnerismo. Los detalles de la financiación dineraria del Frente para la Victoria y del denominado expediente por la mafia de los medicamentos, descansan en su cabeza.

Durante años, el hombre ofició como Superintendente de Servicios de Salud, uno de los cargos más delicados de la administración Pública, no solo porque debe lidiar con obras sociales, sino porque ese organismo regula la sanidad social del país.

Sin embargo, Capaccioli no supo hacer honor a los requerimientos de su cargo y demostró enorme permisividad y laxitud respecto a negocios hechos con medicamentos adulterados y pacientes inexistentes, un delito que dejó cientos de damnificados, muchos de los  cuales hoy están muertos.

Por ello, hace instantes el juez federal Norberto Oyarbide dispuso su procesamiento sin prisión preventiva en el marco de una investigación por la asignación irregular de fondos a obras sociales.

A Capaccioli se lo acusa "de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7".

"Tal acto administrativo resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos (52) Obras Sociales la suma de $ 47.744.950 (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novencientos cincuenta pesos) para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades", agrega la resolución.

Señala que "el dictado de tal resolución se encontraría viciado y afectaría a la Administración Pública, en orden a que no existe exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud, ni existe fundamento alguno que de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular".

También indica que se "apreciarían vicios en lo que respecta a la validez misma de la resolución en cuestión, habida cuenta que la reglamentación que rige a la Superintendencia de Servicios de Salud no prevé entre las funciones de dicho organismo la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud".

Por la gravedad de lo antedicho, la Justicia también ordenó un embargo por 500.000 pesos sobre los bienes de Capaccioli.

¿Qué ocurrirá ahora, luego de que cayera por tierra la promesa oficial que le fue hecha al funcionario de marras, de que jamás sería tocado por las garras de la Justicia? Es el gran enigma oficial de estas horas.

Hay que recordar que existe toda una trama que tiene como protagonista a Capaccioli a la hora de entender el blanqueo de dinero que ayudó a llevar a Cristina Kirchner y Julio Cobos a la primera magistratura.

Oportunamente, un conocido empresario de la salud admitió a este cronista los detalles de esa suerte de “lavado de dinero”: “La verdad es que nosotros no pusimos un peso, sólo firmamos y aportamos una serie de cheques (...) Te pagaban el 6% de lo que firmabas y te aseguraban que iban a darte la posibilidad de hacer negocios con la superintendencia (de Servicios de Salud) ¿Cómo no íbamos a entrar?".

Acto seguido, el hombre de negocios dijo la verdad más incómoda para el Gobierno: "Todo se hizo en la oficina de (Héctor) Capaccioli".

Metamensaje al poder

En noviembre de 2008, en días en los que fuentes oficiales aseguraban que sería detenido, Capaccioli dio una entrevista exclusiva a diario La Nación. Allí, ni lerdo ni perezoso, aprovechó para enviar un mensaje velado al kirchnerismo todo: "Fui parte de una junta promotora y cumplí con las funciones que ese trabajo requería. Más que eso no voy a decir”.

Respecto a su necesidad de inmunidad judicial, cuando el diario preguntó por su futuro político, el ex superintendente juró tener "tranquilidad total" respecto a las denuncias en su contra, pero no dudó en señalar a sus propios colaboradores a la hora de hablar de "responsabilidades legales", al tiempo que aseguró que cualquier compromiso que pudiera caberle debe ser compartido "con el ex jefe de Gabinete [Alberto Fernández], con Víctor Santa María [jefe del sindicato de empleados de edificios y uno de los dirigentes más influyentes en el PJ porteño] y con el resto de los partidos integrantes del frente electoral".

El mensaje es más que claro: Capaccioli no será chivo expiatorio de nadie. Si debe ir preso, se llevará con él a más de uno.

Concluyendo

En su última medida, Oyarbide no solo procesó a Capaccioli, sino también a Fernando José Scopinaro, subgerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud; Osvaldo Oscar Cochlar y Horacio Agustín Ballesteros, todos mencionados oportunamente por Tribuna de Periodistas como responsables de la matriz de corrupción en la Superintendencia.

En tal sentido, hay un dato que pocos conocen: el magistrado prepara para esta misma semana una medida similar sobre un poderoso protegido K.

Por lo antedicho, ya pueden comenzar a temblar en Casa de Gobierno.