Tribuna de periodistas lo anticipó antes que nadie. Cuando el empresario Gabriel Brito hablara, sería para temor de los popes del kirchnerismo, ya que conoce todos los vericuetos de la trama de la mafia de los medicamentos y el lavado de dinero para la campaña del FPV de 2007.

Brito, aseguró hoy que Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación y recaudador de la campaña de Cristina Fernández, y el dueño de la droguería "San Javier", Néstor Lorenzo, tenían "negociados de la Administración de Programas Especiales (APE)", que reintegra a las obras sociales sindicales el pago de los tratamientos médicos de mayor complejidad y mueve millones de pesos...

"Cappaccioli y Lorenzo andaban con negociados de la APE", dijo Brito según relató su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, en diálogo con la prensa a la salida de los tribunales de Comodoro Py, donde el empresario declaró durante siete horas y continuará mañana. En tanto, Brito, titular de "Global Farmacy Service S.A.", que figura como aportante a la campaña de Cristina Fernández con 310 mil pesos, negó las acusaciones en su contra en la causa por la llamada "mafia de los medicamentos" en la que está imputado por asociación ilícita de comercialización de remedios adulterados o falsos.

La APE depende de la SSS y es el organismo del Estado que reintegra a las obras sociales pagos de tratamientos complejos médicos que brindan a sus afiliados. En la Justicia federal hay una causa abierta, a cargo del juez Claudio Bonadío, en la que, por ejemplo, se investiga si la obra social de los camioneros, el gremio del también jefe de la CGT, Hugo Moyano, defraudó al estado a través de la APE.

Según su abogado, Brito no amplió la acusación contra Cappaccioli y Lorenzo, lo que hará mañana a partir de las 9.30 ante el juez federal Norberto Oyarbide. Cappaccioli, cuyo origen es el gremialismo, era titular de la SSS y estaba a cargo de la recaudación de la campaña de la fórmula Fernández de Kirchner-Cobos en las presidenciales de 2007. El fiscal federal Luis Comparatore le pidió a Oyarbide la indagatoria de Cappaccioli, lo que fue confirmado por la Cámara Federal, pero el juez todavía no lo dispuso.

El propio Brito denunció en abril pasado a Cappaccioli por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, defraudación y lavado de activos por incluirlo en la lista de aportantes de la campaña presidencial. Asimismo, el empresario sostuvo que nunca dio ese dinero para las elecciones.

En esa denuncia también incluyó al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y a Sebastián Gramajo y Hernán Diez, estos tres últimos también a cargo de la recaudación de la campaña. Además, Brito declaró que Lorenzo "se jactaba de manejar a la Justicia federal" y lo calificó como "un gran fabulador y un encantador de serpientes".

Lorenzo está detenido y procesado como presunto integrante de una avocación ilícita dedicaba a la comercialización de remedios adulterados, en la que también están en la misma situación el ex titular del gremio bancario, Juan José Zanola, y su mujer Paula Aballay, ex directiva del Policlínico Bancario, entre otros.

Brito fue detenido la semana pasada acusado de extorsionar a los dueños de una cooperativa para no denunciarlos a la Justicia y de integrar una asociación ilícita en la causa de los medicamentos. Hoy el empresario negó los cargos en su contra y se refirió a la relación que tenía con varios de los imputados en la causa, entre ellos dueños de otras droguerías. "Se desvinculó de todos los cargos de asociación ilícita que son endebles", dijo su abogado.

Global Farmacy es una empresa dedicada a realizar auditorías médicas sobre la cantidad y calidad de la medicación que se le debía suministrar a los pacientes de acuerdo a su patología. Brito comenzó a declarar el viernes pasado y negó haber extorsionado a empresarios para que lo desvinculen de la lista de aportantes de la campaña presidencial en la que figura con cuatro cheques por 310 mil pesos.

El empresario dijo que ese dinero se lo dio a Lorenzo para que afronte deudas económicas y sostuvo que le pidió -pero sin carácter extorsivo- a empresarios un resarcimiento monetario por la difusión de su nombre vinculado con la política. Y también en el marco de esta causa, hasta las últimas horas la Policía Federal no había conseguido localizar a un mayorista farmacéutico con pedido y sospecha que se habría ido del país, posiblemente a Brasil, revelaron fuentes del caso. Se trata de Marcelo Abasto, a quien los efectivos de seguridad han ido a buscar sin éxito a sus domicilios en Bulnes al 1900 de esta capital y a otra vivienda en la provincia de Buenos Aires.

Oportunamente, Tribuna aseguró que el empresario se fugaría del país si no se lo llamaba con celeridad a declarar ante la Justicia. Fue uno de los tantos anticipos que este medio brindó en exclusiva sobre toda la trama. 

Equipo de política
Tribuna de periodistas