Poco a poco se va demostrando la responsabilidad de la Aduana en el escándalo del avión con droga que los hermanos Juliá intentaron ingresar a España a principios de enero de 2011. Es que los funcionarios que han declarado hasta ahora ante el juez Alejandro Catania confesaron que no hubo control de la aeronave.

Este medio lo anticipó el 17 de enero pasado: “La justicia ha confirmado a Tribuna de Periodistas que Catania estaría investigando el Jefe del Dpto. Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar, por haber hecho caso omiso al alerta que la Aduana española habría formulado en noviembre de 2010 a su par argentina, con respecto a las actividades de los hermanos Juliá en las operaciones de narcotráfico entre ambos países. También se estaría investigando a la Jefa de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, y a su ‘asesor’ Carlos Mechetti, sobre por qué razón no revisaron el avión que llevó los 944 kilos de cocaína.”

Aunque los medios de prensa no hablen de quiénes son los funcionarios que puntualmente están en la mira de la Justicia, se sabe que se trata de los mencionados más arriba.

Lo interesante del caso es que, según testimonios que publica hoy diario La Nación, el jet de lujo tripulado por los Juliá junto a Matías Miret, “no fue revisado porque no pesaba sobre la aeronave ninguna alerta de fuerzas de seguridad argentinas”.

El juez Catania citó a 37 empleados de la Aduana que se desempeñan en los sectores administrativo y operativo en el aeropuerto internacional de Ezeiza y que trabajaron el día que despegó el Bombardier Challenger 604. Ya declararon 25 y mañana se completaría la nómina de testimoniales.

Según La Nación, el juez Catania tiene en su despacho un informe detallado firmado por la directora general de Aduanas, María Siomara Ayerán en el cual se sostiene que “nadie había alertado sospecha alguna sobre el avión de los Miret y que no se había declarado ninguna carga”.

Independientemente de la defensa corporativa de la Aduana, se sabe que esta misma semana habrá una serie de medidas contra funcionarios de esa dependencia por su ineficaz control, no ya sobre el vuelo de los Juliá, sino también respecto a otros aviones y cargas que salen permanentemente del país.

¿Quién puede asegurar que esa laxitud —a todas luces bajo sospecha— no sea una conducta recurrente de los funcionarios aduaneros?

Las sospechas van aún más allá: ¿por qué se sostiene a funcionarios corruptos en niveles relevantes de decisión de esa dependencia? Tribuna de Periodistas viene denunciando a algunos de ellos desde el año 2006 sin que a nadie se le mueva un pelo.

Por eso, cuando desde el Gobierno se dice que se lucha contra la corrupción, no hay manera de no tomar esos dichos como una broma de mal gusto.

Christian Sanz