El Gobierno demuestra que sigue utilizando la pauta oficial para beneficiar medios obsecuentes y castigar a los críticos. Las tretas en torno a las asignaciones de publicidad estatal  —que van desde lo infantil hasta lo resentido—  no mermaron pese a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, la cual a comienzos del mes pasado hizo lugar a un reclamo de Editorial Perfil y ratificó un fallo que obligó al Estado nacional a omitir criterios discriminatorios y tener un equilibrio razonable entre los distintos medios de comunicación a la hora del reparto de la publicidad oficial. 

Pues tal como el disgusto que le produce a un niño tener que compartir una golosina luego del llamado de atención de su padre, el gobierno nacional decidió cumplir con la orden de la Corte, otorgándole una publicidad a Perfil atacando a la propia editorial.

En su columna habitual, el director de Perfil Jorge Fontevecchia relata lo sucedido:

“Buscando cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al Gobierno que en no más de quince días hábiles cesara con su discriminación con la publicidad oficial, la Presidencia de la Nación envió su primer aviso. Pero para hacer evidente su disconformidad, el aviso ataca a la propia Editorial Perfil.

Dice en su título y único mensaje: `El Gobierno nacional combate el trabajo esclavo. La editorial que publica este diario ha distinguido a empresas que hoy están siendo denunciadas por la AFIP por trata de personas y esclavitud laboral. El trabajo esclavo es una responsabilidad de todos´.

En enero de este año se denunció por esclavitud laboral a una subsidiaria de DuPont. Seis años antes —vale remarcar: seis años antes— la revista de Editorial Perfil que se especializa en economía y negocios, Fortuna, en los premios que todos los años entrega a veinte diferentes empresas de cada rubro, otorgó a DuPont el premio en la categoría `Industria química´.

Posteriormente, Fontevecchia expone los criterios para la otorgación de ese premio económico.

“Los Premios Fortuna no son elegidos por la editorial, ni siquiera por un jurado elegido por la editorial, sino que surgen de los resultados: ventas, rentabilidad, patrimonio, liquidez y endeudamiento, publicados en los balances de las empresas de cada sector, sobre una fórmula que es idéntica todos los años y es la misma que utilizan otras revistas de economía y negocios del mundo que, en su mayoría, tienen un premio similar.” Seis años después, DuPont fue acusada de tener trabajo esclavo.

En su columna, el director de Perfil intenta lo imposible, arrojar algo de lógica ante una decisión preocupantemente histérica, poniendo en el tapete que empresas estatales también han sido distinguidas con dicho premio.

“Con la misma arbitrariedad se podría decir que el Estado aceptó recibir un premio con el que se ha distinguido a empresas que hoy están siendo denunciadas por la AFIP por trata de personas y esclavitud laboral.”

“La editorial que publica este diario ha distinguido a empresas que hoy están siendo denunciadas por la AFIP por trata de personas y esclavitud laboral”, dice el banner de 3,8 x 15cm.

Cabe preguntarse si los premios o distinciones que acostumbra otorgar el Gobierno nacional a distintos personajes o empresas están enmarcados en el  parámetro moral que demanda.

El Gobierno distinguió con $ 35.643.233 en concepto de publicidad estatal al único despedido por la AMIA en toda su historia por sospecharse que robó cuatro millones de dólares de esa institución. En el año 2004 el tribunal de ética de la AMIA  condenó a Sergio Szpolski por las inversiones que hizo en su propio banco aprovechando su puesto de tesorero de esa  asociación mutual.

El kirchnerismo distinguió con un premio por su  “aporte a la comunicación y la democracia” a Hugo Chávez, el mismo que ordenó cerrar 34 emisoras y hostiga permanentemente al periodismo crítico originando censura y autocensura en reporteros y medios de comunicación independientes.

El Gobierno ha distinguido con el status de refugiado político a Galvarino Apablaza Guerra, quien está acusado de haber ideado el asesinato de un ex senador y del secuestro del hijo de un empresario de medios, ocurridos durante la democracia de 1991 en Chile. La Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que la Argentina debe conceder la extradición, pero el Gobierno lo enmarcó en “delito político”.

El oficialismo distingue con apoyo político en La Rioja a Carlos Menem, quien con sus políticas neo liberales y negocios espurios ocasionó una de las peores crisis económicas y el más sangriento atentado terrorista de la Argentina.

La valentía de dicho periódico en aceptar un aviso publicitario como este, demuestra una altura que quienes nos gobiernan evidentemente carecen.

Eliana Toro