Dos de los mayores estigmas que el gobierno de los Kirchner intenta barrer bajo la alfombra de la desmemoria son los que tienen que ver con las falsas desapariciones de Jorge Julio López y Luis Geréz. Es que, en ambos casos, se demostró que la mano del oficialismo —junto con interesados organismos de derechos humanos—  estuvo detrás del armado de sendas mentiras.

Tribuna de Periodistas no solo lo demostró periodísticamente, sino que presentó todas las pruebas del caso a la Justicia Federal.

El recuerdo de esos escándalos viene a colación de lo ocurrido esta semana, cuando desapareció sorpresivamente un “testigo clave” en el marco de la investigación judicial del asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León durante la última dictadura cívico-militar.

Se trata de Víctor Martínez quien, según el oficialismo, sería una pieza fundamental para resolver ese expediente. Al menos eso es lo que hizo trascender la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien llamativamente fue la primera en enterarse —y dar a conocer— que el testigo había aparecido cuando este fue efectivamente “encontrado”.

Y si eso parece raro, más lo es la circunstancia en la cual apareció: Gabriela Scopel, abogada del “reaparecido”, aseguró que su cliente "fue llevado" secuestrado por desconocidos, mantenido cautivo y luego liberado. "Fue llevado por gente que desconocemos. Por lo que él pudo decirle a la esposa, fue mantenido en una habitación. No ejercieron la fuerza con él, le decían qué decir, le daban pastillas, ansiolíticos, para mantenerlo semi inconsciente", indicó la letrada.

¿Cuál sería el interés de secuestrar a una persona y no golpearla —muchos menos intentar matarla— solo para saturarla con pequeñas dosis de psicofármacos? ¿Para qué serviría ello, más que para victimizar aún más a un testigo con serios problemas de credibilidad?

El caso de la desaparición de Martínez es tan poco creíble como su propio testimonio en la causa Ponce de León. Pocos saben que, debido a sus flagrantes contradicciones, un juez Federal le inició un expediente por falso testimonio. Hay que destacar que no es usual en magistrados hacer este tipo de denuncias, lo cual muestra a las claras —como se verá más adelante— la gravedad de esas mismas contradicciones.

Otra cuestión que pasaron por alto los funcionarios del Gobierno —y la mayoría de los medios— es que Martínez no estaba bajo ninguno de los dos programas vigentes de protección de testigos. No solo nunca se lo ofreció el oficialismo de turno, sino que tampoco fue reclamado por el propio testigo. ¿Cómo se entiende que esto fuera así? Si al gobierno tanto le preocupa lo oportunamente ocurrido con López y Geréz, ¿Por qué Martínez iba por la vida sin custodia alguna?

El personaje detrás del personaje

Víctor Martínez es una contradicción en sí mismo. Hay que aclarar que no solo no es un testigo clave de ningún expediente, sino que ha sido procesado por falso testimonio en el mismo expediente que el gobierno intenta hacer creer que era un eslabón esencial. Ese procesamiento fue confirmado incluso en segunda instancia.

Para entender la trama es necesario leer lo publicado oportunamente por diario El Norte, quien la ha resumido mejor que ningún otro medio: “La Cámara Federal de apelaciones de Rosario, confirmó el procesamiento que le dictara el Juez Federal Nº 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, por Secretaría de Cristian Lassalle, a Víctor Oscar Martínez por el delito de falso testimonio agravado. Las apelaciones habían sido presentadas por la defensa y por el propio fiscal Federal, aunque este último recurso no fue mantenido por el Fiscal General Marcelo Palacín, por entender que lo resuelto por el juez de primera instancia resultaba acorde a derecho”.

El Caso

Cuando declaró en el año 2006 como testigo de la causa por la muerte del Obispo Ponce de León, fallecido en julio de 1977 —en un accidente automovilístico cuando se dirigía a Buenos Aires en su auto particular, con él mismo como acompañante—, Martínez denunció que ese suceso no había sido un accidente como se suponía, sino que se había tratado de un homicidio similar al del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, acusando como autor del asesinado al entonces Jefe del Batallón de San Nicolás, Manuel Fernando Saint Amant (1).

Martínez afirmó que luego que el auto chocara contra una camioneta que venía en dirección contraria, Saint Amant ordenó “rematar” a Ponce de León ya agonizante en plena ruta, y con un culatazo de FAL que le destrozó el pecho, provocando su deceso pocas horas después mientras se encontraba hospitalizado, y que al día siguiente él mismo fue secuestrado desde el hospital, del cual dijo que fue sacado por un camión del Ejército y llevado a un lugar en el que había sido brutalmente torturado durante meses, invocando como prueba algunas cicatrices de su cuerpo.

Sin embargo, en 1984 y ante la CONADEP, había relatado otra historia totalmente diferente y con detalles diametralmente opuestos y distintos a los que narró ante la Justicia Federal, lo que originó varias denuncias en su contra por falso testimonio. Ya en el expediente judicial del año 77 había declarado que no recordaba nada de este hecho porque venía durmiendo en la parte trasera del auto.

Dice diario El Norte: "A la par de estas contradicciones, un dato que llamó la atención del juez fueron los recibos de entrega de bienes realizados por el albacea de Ponce de León obrantes en su expediente sucesorio. De algunos de ellos surgía que Martínez se había presentado en distintas fechas a retirar los efectos que el obispo le había dejado por testamento. Lo llamativo de esto es que las fechas consignadas en esos recibos firmados por el propio Martínez (un peritaje caligráfico así lo determinó) corresponden a un período en el cual, según se desprendía de su relato, se debería haber encontrado secuestrado, por lo que nunca hubiese podido retirar dichos bienes si la historia de su cautiverio hubiese sido cierta."

La autopsia

Las contradicciones de Martínez hicieron que el Juez Federal Villafuerte Ruzo lo procesara por el delito de falso testimonio agravado. Para ello una de las pruebas fundamentales fue la autopsia que se realizó sobre el cadáver de Ponce de león en el 2009, con la intervención de peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Facultad de Medicina de la UBA y un perito de parte.

Según refiere El Norte, ese peritaje arrojó resultados categóricos y unánimes en cuanto a que la verdadera causa de la muerte del prelado había sido producida por el efecto de “aceleración y reaceleración de la cabeza durante la colisión vehicular, lo que produce el golpe y contragolpe de la masa encefálica dentro de la bóveda craneal, produciendo de esa manera una “hemorragia encéfalo meníngea de la fosa posterior producida por la ruptura vascular arterial y venosa”, lesión que —concluyeron los peritos— era propia de una colisión simple de automotores.

Por otra parte, los facultativos también constataron que el cráneo, el tórax y el abdomen del Obispo se encontraban “indemnes y sin lesiones óseas en vida”, dando así por tierra con la hipótesis del “culatazo mortal” en el pecho que esgrimiera Martínez en su testimonial.

Ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó dicho procesamiento, coincidiendo con el juez de primera instancia en cuanto a que Víctor Oscar Martínez ‘no estuvo en ningún momento detenido con posterioridad a la muerte de Ponce de León, dado que después del choque gozaba de una notoria libertad de movimientos, no sólo en las dependencias de Prefectura San Nicolás sino también en el resto de la ciudad”. Y si bien resaltaron que algunos testigos habían manifestado que con posterioridad al accidente habían dejado de verlo en los lugares que habituaba frecuentar, también aclararon que ningún de ellos expresó que supera que había sido privado de su libertad.

"Los jueces también se refirieron a la autopsia realizada al obispo, asegurando que no surgía motivo que permitiera dudar de la veracidad de los resultados ni de la idoneidad de los facultativos que intervinieron, y concluyeron que en los dichos de Martínez se revelaban 'manifiestas contradicciones' incluso durante la investigación que se le siguiera a él por falso testimonio, lo que “permite afirmar la existencia no sólo de expresiones falsas sino del dolo propio del delito que se le h a atribuido, por lo que en coincidencia con lo decidido por el juez de instrucción, concluimos que luce correcto el procesamiento que se le ha dictado como presunto autor penalmente responsable del delito de falso testimonio", finaliza El Norte.

La estafa

Además del delito de falso testimonio, Martínez también había sido proceso por haber intentado estafar a la Administración Pública, toda vez que luego de su declaración judicial inició el trámite para cobrar la indemnización prevista para aquellas víctimas del terrorismo de Estado que otorga el Estado Nacional por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cual no llegó a cobrar ante la alerta sobre la existencia de la investigación que dio a ese organismo el propio Juzgado. En su defensa Víctor Martínez alegó que ese trámite lo había iniciado por sugerencia de un abogado de la mencionada Secretaría de Derechos Humanos.

"Sin embargo, el juez había dado por acreditado que había inventado aquella historia del homicidio y su posterior secuestro para ponerse falsamente en el papel de víctima y poder así cobrar el beneficio económico".

 Pero la Cámara en este caso le dictó la falta de mérito a Martínez, por entender que el informe remitido por el Ministerio de Justicia, en el cual se confirmaba que efectivamente había iniciado él ese trámite, no era por sí sólo suficiente para acreditar que haya intentando defraudar a la administración.

Concluyendo

Lo ocurrido a Víctor Martínez es tan poco creíble que hasta su abogada se ha sentido sorprendida por su declaración: "Pidió prestado un celular para llamar a su casa y decir que estaba bien" y se dirigió a Acoyte y Rivadavia a pesar de que "estaba bajo los efectos de algún tipo de psicotrópico" ya que "le habían dado muchas pastillas, ansiolíticos o alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio".

¿Cómo una persona bajo los efectos de psicofármacos, que no pudo siquiera hablar con los médicos legistas, pudo hacer un llamado a su casa, decir adonde se encontraba y dirigirse a la comisaría 25?

López, Geréz y ahora Martínez… demasiados desaparecidos truchos que siguen generando interrogantes que el kirchnerismo parece no querer responder.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1

(1)    Manuel Fernando Saint Amant se encuentra procesado ya por Villafuerte Ruzo en diversas causas por crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales ya tienen fecha de juicio oral.

Fuentes:

-Diario El Norte

-Diario La Nación

-Diario Página/12

-Boletín oficial

-Ministerio de Seguridad