La desenfrenada ofensiva del gobierno para nombrar cuanto antes más directores estatales en las principales empresas del país persigue el secreto objetivo de garantizarse rápido el reparto de más de 6.000 millones de pesos de utilidades, un botín apetecible en un año electoral.

Ese es el nudo de la puja desatada entre la Casa Rosada y las grandes compañías, que tiene su cabecera de playa en el avance sobre Techint pero encierra otros ejemplos de relieve.

Como enseñó el fallecido Néstor Kirchner a sus seguidores tras sus más de 24 años de funcionario público, manejar la caja es sinónimo de acumulación de poder.

Los herederos y aplicados alumnos de esa estrategia, ya conocida a la perfección en el mundo empresario, parecen ser los jóvenes de La Cámpora, que primero desembarcaron en distintas áreas clave del gobierno, como la ANSeS y la estatizada Aerolíneas Argentinas, pero ahora quieren ir por más.

Con la venia de Cristina Fernández, los camporistas buscan consolidar su presencia en una decena de empresas y ampliarla en otra treintena. La semana próxima será clave para definir si la avanzada lograr consolidarse, cuando se realicen asambleas en cinco empresas.

Realizarán asambleas de accionistas los bancos Macro, Galicia y Patagonia, la empresa de real estate Consultatio y la química Solvay Indupa. Si distribuyeran la totalidad de sus ganancias, a la ANSeS le corresponderían casi $ 1.000 millones, nada mal para financiar una buena campaña electoral.

Se definirá así el rumbo de la avanzada del Gobierno sobre las compañías para colocar directores de la ANSeS en las empresas y aumentar la distribución de dividendos entre los accionistas.

Avisados de esta estrategia, el Grupo Techint intentó frenarla, y por eso a último momento se elevó de 500 a 1.500 millones de pesos el reparto de dividendos de su controlada Siderar.

Pero no alcanzó para mitigar una ofensiva que estaba escrita hace varias semanas y que busca dar un golpe definitivo en un dudoso proceso de aumento de la presencia del Estado en las principales actividades del país.

Según un informe elaborado por funcionarios macristas del Banco Ciudad, serían unos 6.300 millones de pesos los que el gobierno podría embolsar si la ofensiva sobre el sector privado tiene éxito.

"Revisando los estados contables de las compañías heredadas por la ANSeS de las ex AFJP, se desprende que el total de ‘utilidades no distribuidas’ para el conjunto de estas firmas asciende a la friolera de $ 65.300 millones", sostiene, incluso, el llamativo trabajo.

El Gobierno se haría de la suma millonaria "si tiene éxito la presión oficial para que las compañías cambien su política de dividendos y transfieran la totalidad de las utilidades no distribuidas".

Aún sin llegar a semejantes cifras, los $ 6.300 millones que, de máxima, podría captar el Gobierno constituyen una cifra enorme aún para las arcas públicas.

Equivalen, por caso, a la misma cantidad de recursos que la presidenta Cristina Fernández distribuyó en 2010 a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las medidas de mayor impacto electoral exhibida por el kirchnerismo.

En la convulsionada asamblea de Siderar, que el ultrakirchnerista titular de la CNV, Alejandro Vanoli, declaró de inmediato nula, los abogados de la ANSeS rechazaron la distribución de ganancias por parte de Siderar, la fabricante de chapa del grupo Techint.

Puntualmente, el Gobierno cuestiona el destino de los $ 6.440 millones de utilidades acumuladas aún no distribuidas por encima de la reserva legal –que reportarían unos $ 1.700 millones a la ANSeS–, aunque estuvo de acuerdo con la repartición de los $ 1.500 millones correspondientes a 2010.

Techint es el tesoro más preciado en el que busca incidir el gobierno, porque el holding siderúrgico le podría aportar unos 3.200 millones de pesos en utilidades.

Kirchner mantenía un tono crítico con el grupo y, tras su muerte, su esposa presidenta pareció profundizar esa inquina hacia uno de los holdings que más empleo genera en el país pero cometió "pecados" imperdonable en el universo kirchnerista, como alentar la fallida candidatura del radical Ernesto Sanz.

Techint comenzó a enfriar su relación con el gobierno luego de que el kirchnerismo mostró impotencia para frenar la feroz embestida de Hugo Chávez cuando estatizó el complejo Sidor.

La Casa Rosada le cuestiona también a Techint sus inversiones previstas en Brasil por 3.000 millones de dólares, para levantar una planta de tubos sin costura.

De poco sirvió que el grupo liderado por Paolo Rocca haya prometido reinvertir al menos el 10 por ciento de las utilidades de Siderar en los próximos años.

Para liberarse de la presión kirchnerista, Techint le ofreció a la ANSeS comprarle todas las acciones que el Estado tiene en Siderar y la propuesta fue rechazada por Cristina.

El Estado tiene casi el 26 por ciento de las acciones de Siderar, y el Grupo Techint ofreció comprarlas en unos 2.900 millones de pesos. Pero lejos de aceptar esa oferta, el gobierno pretende aumentar de uno a tres los directores en Siderar.

Cuando Aldo Ferrer ocupaba el cargo de director, la relación entre el gobierno y Techint era casi normal. Pero Ferrer fue enviado a un destino dorado en París como embajador, y en su lugar se busca nombrar al subgerente general de Aerolíneas Argentinas, el combativo Axel Kicillof.

El economista es uno de los duros de La Cámpora y tiene sus propios planes sobre el rol que debería jugar Siderar en el "modelo productivo" instrumentado por el gobierno, que hasta ahora ha demostrado poco de industrialista y mucho de sojadependiente.

En Aerolíneas fue más bien discreto lo realizado por Kicillof, y tampoco su jefe, Mariano Recalde, reflejó gran pericia, ya que la compañía sigue perdiendo 250 millones de pesos por mes.

Cerca de la Casa Rosada admiten que el primer paso del kirchnerismo una vez logrado el desembarco en Siderar será obligar a subsidiar el precio de la chapa al mercado interno, en especial a las automotrices, y desactivar gran parte de las inversiones en Brasil para que se vuelquen al mercado local.

Pero si eso no alcanza, los camporistas ya tienen preparado un plan B y confían en poder convencer a la presidenta, de la que esperan se decida más temprano que tarde a ir por la reelección.

Si hace falta, buscarán erigirse en "depositarios de los intereses del pueblo" y exigirán la estatización de Siderar. Si ese día llega, todo parecido con el chavismo ya no será mera coincidencia.

José Calero
NA