A pesar que desaparecen un promedio de 12 bebés por semana del sureste de Santiago del Estero —una de las tres fábricas de bebés radicadas en la Argentina para su distribución mundial— increíblemente, ningún ente oficial reconoce esta tragedia humana que nos ocurre a todos.

A pesar que la Ley de Adopciones 24.779, se hacen entregas legales de bebés y niños pequeños tan sólo en un 25%, mientras que el resto son circulaciones y transacciones comerciales de mafiosos que manejan el destinos de nuestros pequeños, nadie se da ni por notificado.

Ahora, en la firma de un convenio para la lucha contra la trata de personas y el Gobierno Nacional, en un acto a donde estuvieron presentes los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y la Dra. Argibay, esta última dijo que “La trata de personas se está transformando en una situación terrible en la Argentina, que es país de tránsito y de destino y esto, hace que tengamos una serie de actos de violencia terrible contra las mujeres, porque una de las cosas que hacen es sacarle su identidad”.

Por una infinidad de hechos, está demostrado que en la Argentina los niños son niños, pero los bebés no son niños, porque en la legislación no son considerados como tal. Observemos:

Cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación la ley del infanticidio, una norma por la cual, la madre puede matar a su hijo y no ser condenada, desde el nacimiento de la criatura, hasta 40 días después, so pretexto del estado puerperal.

En la Argentina, matar una persona, está penado por el Art. 79 del Código Penal con una condena de entre 8 y 25 años de prisión, en cambio, matar a un bebé no nacido, no tiene pena y lo llaman aborto.

Los bebés argentinos, que son extraídos a través de infinidad de pistas clandestinas de aterrizaje con conocimiento de todas las autoridades provinciales y nacionales, aún no conmueven a nadie.

Los pequeños son vendidos a la industria de la pornografía y la prostitución infantil, a la mendicidad, al tráfico de órganos, a la utilización de sus genitales para sacar droga del país, e incluso para ritos satánicos.

Es necesario que la Dra. Argibay y demás miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconozcan que la trata y el tráfico de personas, incluye también y a pesar de todo, a los bebés argentinos.

Todos los denunciados por nuestra organización, con nombres y apellidos, fueron sobreseídos sin siquiera haber sido llamados a declarar, por el Juez Álvaro Mansilla, del Juzgado del Crimen de Añatuya, Santiago del Estero.

Es penoso, vivir en un país, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su función primordial, como es la de ser custodios de la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales, sigan, a pesar de estar notificados fehacientemente, mirando para otro lado en el agravio más tremendo que puede ocurrirle a un pueblo, como es la venta para destinos inconfesables, de sus hijos más pequeños.

Quizá con otra conformación de la Corte, algún día, la trata de bebés, sea considerada como un flagelo nacional y figure en las agendas políticas y públicas de solícitos funcionarios, para que al manifestar una pretensión tan humanitaria como ésta, al final de cada escrito, orgullosamente podamos decir “será justicia”.

Julio César Ruiz
Fundación Adoptar