Pasan cosas en la Aduana Nacional, no solo en los últimos tiempos sino desde hace años. Si bien los desaguisados en esa dependencia son históricos, la discrecionalidad absoluta se ha hecho carne a partir del año 2004, cuando asumió Ricardo Echegaray al frente de la entidad. Hay que mencionar a ese respecto que Tribuna de Periodistas publicó una veintena de hechos escandalosos ocurridos allí a lo largo de los años y logró la remoción de unos pocos funcionarios de segunda línea.

Sin embargo, nada ha ocurrido con los peces gordos que desde la Aduana han saqueado fondos públicos en su propio provecho, frente a la mirada desinteresada de Echegaray.

El último de los escándalos cometidos a través de esa dependencia fue denunciado, judicial y periodísticamente, por este medio a principios de junio de 2011. Fue cuando se publicó que más de dos millones de pesos habían sido "canalizados" desde la Aduana hacia cuentas bancarias de diversos funcionarios cercanos al titular de la AFIP.

La presentación hecha por Tribuna en la Justicia hace hincapié en "Carlos Sueiro (titular del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina), cuanto su cónyuge  María Cruz Juanes Hernández y el funcionario de la AFIP, Señor Andrés Vázquez, (quienes) hasta el momento no desmintieron que habrían girado la suma de cuatrocientos sesenta y un mil dólares (U$S 461.000) a la cuenta bancaria N° 140852 de la sucursal radicada en la ciudad de Luxemburgo del BNP Paribas, y a la cuenta N° 744476, sucursal de la isla de Curazao del ING Bank NV."

Esa es solo una parte de la compleja trama a través de la cual fondos públicos terminaron aterrizando en cuentas privadas y que avanza en un expediente judicial que no deja de deparar sorpresas.

Por caso, diario La Nación se hace eco de esos avances este sábado —curiosamente sin mencionar a Tribuna, iniciador de la denuncia—, al referir que una decena de funcionarios y ex funcionarios son investigados por la Justicia Federal. "Entre los acusados se encuentra el sindicalista Carlos Sueiro y Andrés Vázquez, director de la Dirección Regional Sur de la AFIP. El fiscal federal Federico Delgado ya pidió que sean indagados", asegura el diario.

La preocupación de Suiro respecto al avance de esa causa judicial pudo verse claramente el pasado viernes 5 de agosto. Ese día convocó a una reunión de delegados de todo el país a los efectos de pedirles un "descargo". "Lo que hizo fue acusar a algunos de los delegados de su propio sindicato de haber sido los informantes de los diarios Clarín y Tribuna de Periodistas, de haberlo acusado de tener, junto a su esposa, cuentas en Suiza y Luxemburgo", admitió una altísima fuente de la Aduana a este medio.

Sin embargo, la referida no es la única preocupación del sindicalista Sueiro: esta semana, por caso, estuvo reunido en privado con miembros del Centro de Despachantes de Aduana (CDA), quienes se quejaron ante él por el "desmadre" de los retornos —coimas— que tienen que pagar ante el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sito en la calle Hipólito Yrigoyen 440 de la Capital Federal —área que desarrolla facultades de juez administrativo con respecto a las llamadas infracciones aduaneras— por las "tarifas" en que están reguladas dichas infracciones aduaneras. No casualmente, el organismo mencionado depende de Pedro Roveda, actual Subdirector de Asuntos Legales de la Aduana, dependencia de donde se evaporaron los dos millones de pesos que inciaron la denuncia de marras. 

Quienes deben ser investigados para entender la trama de los retornos, son los abogados Edgardo Paolucci y Eugenio Olaverría, a cargo del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Ninguno de los dos resiste una exhaustiva investigación por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo hacen, por caso, para sostener los costos de lo que les cuesta vivir en un lujoso country de la zona sur del Gran Buenos Aires?

La misma fuente de la Aduana antes referida explica con crudeza cómo es el sistema: "La verdad es que todos los expedientes relacionados con infracciones aduanera están tarifados. Por ejemplo, mediante una simple consulta al sistema que administra los expedientes administrativos de toda la AFIP, aquella área registra unos 87.000 (ochenta y siete mil) expedientes 'desaparecidos' o se encuentran 'perdidos', debido a que las tarifas o coimas que se cobran para hacer 'desaparecer' estos expedientes van desde los 5.000 a los 500.000 dólares, de acuerdo a la gravedad de la infracción aduanera que se ventila."

El dato ya había sido aportado a este medio por otro informante, esta vez de la AFIP, quien aseguró hace unos meses que había que enfocarse en el sospechoso hecho de que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros "tiene una incomprensible sucursal en el Aeropuerto de Ezeiza, donde además de arreglarse las tarifas o coimas sobre infracciones al Regimen de Equipaje, se arregla el 'peaje' para el libre tránsito al exterior del país de valijas, mercaderías y contenedores cuyo contenido es un misterio."

En realidad la existencia de esa dependencia a cargo de Paolocci y Olaverria junto a Roveda, es poco conocida a nivel público, pero es una de las áreas más corruptas que existe en Aduana, y cuyas "tarifas" provocan las constantes quejas de los Despachantes y los abogados privados que trabajan en el ámbito del Derecho Aduanero.

¿Hará algo al respecto Echegaray o seguirá escondiendo la basura bajo la alfombra? ¿Admitirá sus constantes comunicaciones telefónicas con Sueiro o insistirá en su lugar en querellar a este cronista por hacer públicos los desaguisados que cometen sus hombres de mayor confianza?

Las pruebas de todo lo descripto han sido aportadas a la Justicia. Ahora, resta que el tiempo haga el resto.