El pasado 7 de julio, Tribuna de Periodistas contó en exclusiva cómo habían desaparecido cerca de dos millones de pesos en la Subdireccion de Asuntos Legales de la Aduana, a cargo de Pedro Roveda.

Se trata de dinero que estaba destinado al pago de honorarios, obtenidos —en legitima ley— por juicios ganados por la AFIP-Aduana, a los abogados y empleados de Asuntos Legales. 

"Se trata de un procedimiento bastante usual, a través del cual los profesionales que se involucran en juicios que llevan adelante entidades públicas como las referidas, son premiados con comisiones derivadas de un porcentaje de lo que se recauda en el marco del eventual litigio", aseguró este medio oportunamente.

Ahora, Tribuna está en condiciones de dar un dato clave en torno a esa trama. Es el que tiene que ver con la cuenta donde se encuentra el evaporado dinero: es la cuenta Nº 005-0000003409/8 de la sucursal del Banco Ciudad que se encuentra ubicada en la intersección de Av. Corrientes y Uruguay de la Capital Federal.

La misma está a nombre de Nelson Pablo Brunotto (Legajo Nº 24.307-8), jefe de la División Sumarios de Prevención del Departamento de Inspecciones Aduaneras. No se trata de cualquier persona sino de un funcionario que se encontraría imputado por la fiscal Federal María Luz Rivas Diez en una causa judicial por los delitos de cohecho y exacciones ilegales.

"En caso de que haya algún faltante, los responsables tienen nombre y apellido: Ricardo Echegaray, Roveda, el subdirector General de Administracion Financiera de la AFIP, Juan Maria Conte, y la directora de Presupuesto y Finanzas de la AFIP, Amelia Acosta", admitió a este medio una altísima fuente de la Aduana.

Lo grave de la cuestión no tiene que ver solamente con que ese dinero público haya desaparecido, sino también con el hecho de que ello coarta la posibilidad de que los abogados que revistan en la Aduana puedan cobrar sus honorarios profesionales.

Este medio obtuvo el oportuno testimonio de tres letrados que revistan en esa dependencia y que admitieron no haber percibido aún ese dinero,  el cual les corresponde por los conceptos antes mencionados. "Es raro, porque en general te liquidan relativamente rápido lo que te corresponde, y en lo que va de 2011 aún no cobramos nada de nada", dijo uno de los profesionales, cerebro de una de las causas más relevantes que hace pocas semanas ganó la Aduana en la Justicia.

Esos honorarios están autorizados por el Decreto 1089/65. Con respecto a este mismo asunto, ya se habían denunciado irregularidades en cuanto a la liquidación de honorarios a través del Expediente SIGEA 13289-10918-2008, sin que la Auditoría Interna de la AFIP haya hecho nada al respecto.

A todo lo antedicho, debe sumarse la gravedad de otra imputación que ha hecho una de las fuentes consultadas para esta investigación. "El dinero que desapareció en la Aduana es parte de un pozo que se está armando para la campaña de Cristina Kirchner en octubre y que ha sido desviado fuera del país", aseguró el importante funcionario, otrora mano derecha de Echegaray.

Para entender esa trama, es decir la que vincula a funcionarios de la Aduana con el desvío de dinero público, hay que investigar los viajes de varios jefes de esa dependencia  encargados de autorizar el cobro de los honorarios, quienes habrían hecho numerosos viajes a la Isla Contadora en América Central en el periodo 2004-2010, tal como surge de una simple constatación de los registros que obran en la Dirección General de Migraciones. 

Habrá más novedades para este boletín.