Tal como quien escribe estas líneas anticipó en una nota del 4 de enero pasado, la Presidenta se encamina a su reelección a cualquier costo y sin miramientos.

En ese artículo se sostuvo que el triunfo estaría garantizado por la cantidad y calidad de artimañas y pillerías típicas de esta calaña.

Se aseguró que habría fraude electoral. Que el fraude consistiría no sólo en cambiar algunos votos por otros sino fundamentalmente en que no coincidirían los sufragios emitidos con la información que se enviase al centro de cómputos, manipulado por el Ministerio del Interior.

Cooptados, ausentes o ineficaces quienes oficiaran de autoridades de mesa, insuficientes los fiscales partidarios y con asegurada presencia clientelar de los fiscales K, el resultado era inexorable, tanto como el del trámite burocrático del próximo 23 de octubre.

El 21 de setiembre pasado, señalado como Día del Estudiante o de la Primavera, en La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, se prendieron fuego las urnas con los votos de las elecciones primarias del 14 de agosto pasado.

Esas urnas de cartón contenían las boletas de la elección. Un fuego providencial quemó esa documentación, y como es sabido, lo que no destruye la acción del fuego es sistemática e inexorablemente destruido por el agua que arrojan los bomberos.

El fuego comenzó a las 15:30 en un galpón de los ex talleres del Ferrocarril Provincial, que contenía las urnas de cartón y las boletas usadas en la elección y que era custodiado por la Policía Federal. El edificio está en un predio en 56 y 137 del Barrio Los Hornos, que también ocupa la empresa francesa Alstom, dedicada a la reparación de trenes y subtes. Demasiado sugestivo.

Funcionarios de la Dirección Nacional Electoral argumentaron que de todas maneras esas urnas serían destruidas, ya que carecen de valor una vez que termina el escrutinio definitivo.

Sin embargo, dichas urnas tenían un pedido de resguardo judicial y de posible apertura, con el objetivo de determinar la existencia de delitos por irregularidades en las votaciones primarias.

Según indica hoy diario Clarín, el apoderado del Frente Unión Popular (FUP), Orlando Caporal, se había dirigido —posteriormente al escrutinio— al juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Guillermo Atencio, para solicitar la salvaguarda de esas urnas con la finalidad de establecer la posibilidad de existencia de delitos de “falsedad de instrumento público”. 

Esta forma desfachatada de perfeccionar el fraude destruyendo medios de prueba, es la que caracteriza al oficialismo defensor de los derechos humanos y el cual se jacta de haber promovido la Ley de Transparencia de la Democracia, abiertamente violada apenas nacida, ya que todos los candidatos a presidente fueron puestos a dedo sin elecciones previas abiertas y simultáneas, como es de público conocimiento.

Existen en la Justica varias denuncias por fraude y por eso es cínico que los funcionarios de la Dirección Nacional Electoral sostengan que esas urnas ya no tenían valor. El resultado del escrutinio está cuestionado, pero como también se indicaba en el artículo antes mencionado, ningún miembro de la supuesta oposición reclamó con toda su fuerza, ni se alzó contra tamaño atropello a la ciudadanía electoral, pues muchos juegan a ser opositores para seguir negociando sus votos. También se sostenía en esa nota,  que las urnas nunca serían abiertas por conocer la catadura de algunos jueces complacientes que han sentado jurisprudencia al respecto.

Con la aviesa e intencional destrucción de toda esa documentación, que la Junta Electoral bonaerense las considera “material de rezago” también se perjudicó a la sociedad, pues ese material reciclable sería “destinado a fines sociales” en escuelas u ONG que pueden vender el cartón y el papel para fines específicos.

¿Qué provocó el accidente? La necesidad de destruir las pruebas del delito.

A esta altura es difícil creer en las casualidades, pero es fácil sorprenderse del caradurismo.

Enrique Piragini