No es casual el momento en el que llega la expropiación oficial de la Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone Calcográfica: ocurre en circunstancias en las que Ariel Lijo ha confesado a sus íntimos que no puede dilatar por más tiempo las medidas que le exige tomar el expediente que tiene a su cargo y que involucra a Amado Boudou.

Pocos saben a ese respecto que, hace casi dos semanas, han aterrizado en el despacho del juez federal los reveladores documentos que detallan los movimientos económicos y financieros de media docena de supuestos socios y testaferros del Vicepresidente de la Nación.

En realidad, son el resultado del pedido que hizo el propio Lijo a principios de julio pasado a puntuales entidades privadas, algunas de estas financieras y bancarias.

Lo que allí aparece es escandaloso por demás, no solo porque se trata de personas que no pueden justificar sus abultados ingresos, sino porque algunos de ellos eran monotributistas hace apenas un lustro. Todos ellos han visto crecer sus propios patrimonios en el preciso momento en que se acercaron a Boudou; no casualmente son gravitantes en el excluyente universo de este último.

Esas revelaciones están a punto de explotar, no solo a nivel judicial sino también mediático. Cuando ello ocurra, ¿cómo hacer que los alcances de ese estallido no arrastre consigo, no ya al Vicepresidente, sino a los demás funcionarios involucrados en la trama de marras?

Ese, finalmente, ha sido el motivo por el cual la ex Ciccone ha sido expropiada con tamaña velocidad. No se ha avanzado para salvar a Boudou, como insisten en mencionar algunos editorialistas de grandes medios, sino para aliviar a funcionarios de la talla del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

En tal sentido, ¿qué ocurriría si se demostrara que el caso Ciccone no ha sido algo aislado, sino parte de una matriz de corrupción que involucra a otros negocios del Estado? ¿Cómo explicar la existencia de medio centenar de sociedades apócrifas —casi todas creadas por la mujer de Guillermo Moreno, la escribana Marta Cascares— cuya existencia solo se fundamenta en la necesidad de canalizar objetables negociados gubernamentales?

La prueba más contundente de que Boudou ya no goza de los favores del kirchnerismo, lo da el hecho de que ningún legislador del oficialismo defendió su figura durante las interminables horas que duró el debate parlamentario. Peor aún: durante las últimas semanas, la propia Cristina Kirchner ha optado por el silencio más elocuente toda vez que le preguntaron por la suerte judicial de su vice.

No es ningún secreto: hace tiempo que Boudou ya no goza de la simpatía de la Presidenta, no tanto por los hechos de corrupción que lo salpican —más de un ministro y secretario lo han superado con creces— sino por la falta de precaución y prudencia a la hora de manejarse en su vida privada. ¿Qué necesidad tenía de ostentar públicamente sus onerosas adquisiciones de autos de alta gama —dos de ellos "flojos de papeles"—, motos importadas y departamentos en Puerto Madero? ¿Para qué jactarse de estar detrás de la figura del fantasmal Alejandro Vandenbroele en el marco de la licitación por la confección de billetes vernáculos?

Esas "desprolijidades" —así las denominan en Casa de Gobierno— eran innecesarias en la óptica de Cristina. No solo erosionan su imagen como Presidenta, sino que permiten a la sociedad vislumbrar la incómoda matriz de corrupción que se esconde en el seno del kirchnerismo. Si la Justicia investigara algunas de las sociedades creadas en los últimos nueve años por dos jubiladas llamadas Concepción Fazio y Noemí Raquel Averza, descubriría más de cuarenta casos idénticos al de Ciccone.

Se trata de firmas que fueron inventadas por altos funcionarios del Gobierno para encubrir negocios de corrupción. Algunas de ellas son: Envio Express SRL, Dilanco SA, Fun Pro SRL, Urban Constructions SA, Sabero Argentina SA, Tagle Security Investigations SA, Armoring Systmens SA, Sky Permormance SA, La Mailu, SA, Exportadora Kano SA, Expedition SA, Iturnet SA, y Partner Human SA.

Esto último es lo que intenta esconder en estas horas el kirchnerismo, al forzar con apuro el freno a la investigación del escándalo Ciccone, al menos a nivel parlamentario.

Ello es solo la punta del ovillo de una madeja que intentará esconderse luego de la eyección del malogrado vicepresidente Boudou. Cuándo ocurrirá solo lo sabe Cristina, aunque un dato es seguro: será antes de fin de año.