El reciente debate que culminó con la sanción de una curiosa reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, tuvo dos definiciones reveladoras, ambas pronunciadas por la misma persona, Agustin Rossi. La primera: "Este es el proyecto que envía la Presidenta de la Nación, no somos librepensadores". Toda una confesión, referida a un concepto que todos imaginaban pero que ningún funcionario oficial había confirmado hasta ahora.

La segunda: "Nadie puede decir que (la ley) va en contra de los trabajadores". Interesante tópico, aunque errado por completo. La norma que acaba de sancionarse le quita a los empleados la posibilidad de elegir entre reclamar ante la aseguradora de Riesgos del Trabajo o iniciar un juicio contra la empresa en la que se desempeñan.

No es casual en ese sentido que varios sindicalistas se opusieran a su sanción y acusaran que la iniciativa es un "gran negocio para las ART" y/o "un engendro de la UIA". ¿Cabe alguna duda? ¿Cómo se entiende que Cristina Kichner, siempre adepta a intervenir mercados de diversa índole, le dé tanto poder a empresarios de este rubro?

A partir de hoy, será difícil para los funcionarios del kirchnerismo defender una norma que claramente perjudica a los trabajadores, aún cuando se han duplicado los montos indemnizatorios que preveía ya la ley 24.557. ¿Cómo explicarles a estos que ya no podrán reclamar legalmente por vías que estén fuera de la norma sancionada? ¿Cómo seguir insistiendo con este es un gobierno que en teoría defiende sus intereses?

La catarata de demandas por inconstitucionalidad que se darán ante la inequidad de la ley sancionada, operarán finalmente cual búmeran ante este insólito impulso del kirchnerismo. Hay fallos que ya lo han explicado en el pasado: una persona que no está encuadrada por la ley de Riesgos de Trabajo se encuentra en clara desventaja frente a aquel que sí lo está. Esta cuestión de fondo no ha cambiado en absoluto. Ergo, seguirán las demandas y, consecuentemente, los reveses hacia la referida normativa.

¿Nadie pensó en esta situación a la hora de impulsar su tratamiento? No deja de generar sospechas el ahínco con el que el oficialismo empujó la sanción de esta ley, nunca antes visto, al menos en lo referido al hecho de privilegiar a un sector puntual. Acaso la respuesta a esa suspicaz conducta se encuentre en las palabras de Hugo Moyano, uno de los que protestó este miércoles fuera del Congreso de la Nación: "La votación se asemeja a la Banelco".

Ciertamente, el gremialista hizo una dura comparación entre lo ocurrido hoy y el caso que sacudió al gobierno de Fernando de la Rúa en el que legisladores peronistas supuestamente recibieron dinero a cambio de apoyar la reforma laboral que impulsaba el Ejecutivo. ¿Habrá sucedido lo mismo en este caso? ¿Circularon acaso fondos non sanctos? ¿Por qué dijo lo que dijo Moyano?

Sería irresponsable sostener semejante afirmación sin concluyentes elementos de prueba, aunque no deja de llamar la atención la insistencia oficial en sancionar esta ley, frente al inocultable desagrado de gremios sindicales y trabajadores. El diputado del FAP y referente de la CTA, Víctor de Gennaro, se empapó con sus propias decepciones: "No hubiera creído que discutiéramos esto en un Congreso vallado". Todo un síntoma del desagrado ciudadano.

En fin, el único dato que debería ser relevante en estas horas, es la maldita estadística que ostentan a diario los accidentes de trabajo en la Argentina, lo cual no se discutió en el recinto legislativo más importante del país.

Es que, mientras todos hablan de dinero e indemnizaciones, siguen muriendo por día cuatro personas en cumplimientos de sus empleos y 16 sufren diferente tipo de enfermedades laborales... No es poco.

Christian Sanz
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