El ingeniero mendocino Marcelo Fabián Arias, CUIT 20-24160584-2, viajó temprano el viernes 19 de julio pasado a Córdoba. No se sabe qué fue a hacer ni a quién quiso contactar.

El viaje fue extraño: no se alojó en ningún lado y, a las pocas horas apareció flotando boca abajo en el río Suquía, asesinado a golpes. Tenía la boca destrozada, la nariz hinchada y ambos codos quebrados. ¿Un intento de robo? Imposible, su billetera estaba intacta y sus dos celulares permanecían a su lado. Solo le faltaba un maletín con papeles de presunta importancia.

Pronto, las miradas comenzaron a enfocarse en su actividad como empresario, al frente de la empresa Newen SA, con sede en Mendoza, contratista del estado cordobés y denunciada en el año 2012 por enriquecimiento ilícito. Un dato: ante la Inspección General de Justicia está inscripta bajo código 741300 que reza “estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública”.

¿Tendrá su muerte algún vínculo con esta firma? Esa la pregunta que carcome al fiscal de instrucción Alberto Mana y que aún no tiene respuesta clara.

El único indicio al respecto lo aportó el abogado de la familia Arias, Mauricio Cardello, quien admitió que el ingeniero era una suerte de “prestanombre”, pese a aparecer como presidente de Newen y ser importante accionista de otra empresa del rubro.

“No era la persona encargada de llevar adelante la compañía. Arias era el presidente formalmente, pero no materialmente”, reveló el letrado a este medio.

Y fue aún más allá: al ser consultado sobre quién era entonces el jefe de Arias y real titular de la empresa contratista del Gobierno cordobés, dijo que la familia cree que “el verdadero dueño es el señor que fue mencionado en la investigación de La Voz del Interior del año pasado, que fue un funcionario importante en la gobernación de (Juan) Schiaretti” (foto).

Por lo que pudo deducirse, se trataría de Roberto Daniel Martín, CUIT 23-17335478-9, quien en 2007 fue designado por el gobernador Juan Schiaretti como secretario en el área de Transporte y Servicios Públicos.

“Martín fue llevado al Gobierno por Hugo Testa, quien entonces era ministro de Obras y Servicios Públicos y ahora se desempeña como titular de la cartera de Infraestructura del gobernador José Manuel de la Sota”, según La Voz.

Desde un principio, a Martín se le cuestionó que, desde el ámbito público, seguía ligado a la que era su actividad privada, ya que en 2006 había firmado como presidente de Newen para trabajar en el gasoducto de Sierras Chicas.

“Dentro de la compañía no sé puntualmente cuál era su función, pero sí sabemos que Marcelo respondía a las directivas de Martín”, aseguró el abogado Cardello a este diario.

Línea de Tiempo

¿Cómo fue el último día de vida de Arias? Es lo que intentan reconstruir los investigadores a efectos de intentar entender cómo pudieron haber sido los detalles de su asesinato. Lo poco que pudo saberse hasta ahora es que no se alojó en ningún hotel y que mantuvo una reunión en el barrio Nueva Córdoba.

A su vez, gracias al ticket de un taxi que tenía en su billetera, se conoce que desde ahí viajó 45 minutos hasta la calle Juan B Justo, donde tenía una reunión en la sede de la empresa estatal Ecogas, lugar al que jamás llegó.

Según InfoJus Noticias, el taxista declaró que lo vio entrar al edificio de enfrente, el Centro de Participación Comunal (CPC) Centroamérica. “Pudo haber ido al cajero”, especula el fiscal. Eran las 11:40 de la mañana y desde allí realizó una llamada a su empresa, en Mendoza, avisando que faltaría a la cita porque se había olvidado unos documentos.

Es lo último que se sabe de Arias. A partir de entonces, su suerte es todo un misterio. Se sabe que se cruzó con sus atacantes, pero no exactamente cuándo ni dónde.

Hay especulaciones de que pudiera haber regresado en taxi al centro a la casa de una hermana, que ese día justo no se encontraba en Córdoba, aunque sí su marido. Es decir, el cuñado de Arias.

Una firma bajo sospecha

Según pudo saber InfoJus, desde marzo de 2012 descansa en la fiscalía del fuero Anticorrupción de Córdoba un expediente contra Newen, el ex ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, y nueve intendentes, por la comisión varios delitos.

La firma se habría beneficiado en la concesión de millonarias obras cuyo seguimiento técnico estaba a cargo del ahora difunto Arias. Newen también cobraba cánones a las comunas de las Sierras Chicas, una región cercana a la capital, por tareas que no realizaba.

Quién efectuó la denuncia penal es el actual legislador Ricardo Fonseca, sobre la base de una investigación del periodista Sergio Carreras:

“La empresa era y es una operadora del gobierno provincial, y sus directivos formaban parte del gabinete. La consultora pasó a tener ahora extensiones internacionales en Madagascar y Sudáfrica”, dijo el diputado.

Fonseca fue más allá al admitir a este portal lo mismo que sugirió el abogado Cardello: "Tenemos claro que Arias era solo un prestanombre". Y reveló que, ya en 2010, el titular de Newen había firmado contratos con la provincia.

Respecto a la pata política, Fonseca aseguró que "acé están metidos todos (...) Schiaretti es socio de De la Sota. Todo tiene que ver con todo".

Para el legislador, esto se da en el marco de una "corrupción estructural a través de la fabulosa obra de gas en toda la provincia de Córdoba por mil millones de dólares que al final nunca se hizo".

A lo antedicho, debe agregarse lo averiguado por este cronista y que aparece en el Boletín Oficial del 4 de diciembre de 2007 (Nº 25.794): hubo en esos días una reforma del directorio que nombró a Nicolás Di Tullio como suplente. Se trata de un hombre que fue procesado en el año 2001 por lavado de dinero de drogas por parte del juez federal Canicoba Corral.

En esos días, Di Tullio se presentaba como inversor inmobiliario en Mar del Plata y sabía organizar maniobras de lavado de dinero que realizó el Cartel de Juárez en la Argentina. “Fue detenido el 28 de mayo último bajo la sospecha de ser uno de los testaferros de los narcotraficantes mexicanos en la Argentina en la compra de sociedades propietarias de estancias, campos, departamentos y un hotel valuados en alrededor de 12 millones de dólares, que llegaron al país para ser blanqueados”, publicó en esos días diario La Nación.

Según las constancias de la causa, la investigación se inició por una denuncia de un representante del gobierno de México que habló de la llegada a la Argentina de dinero del Cartel de Juárez, cuando estaba liderado por Amado Carrillo Fuentes, fallecido en una operación de cirugía plástica para cambiar su apariencia.

A esa denuncia se sumó la investigación que realizó el Servicio de Aduana de los Estados Unidos, que montó la denominada operación Casablanca.

El operativo consistió en infiltrar agentes en el Cartel de Juárez para que depositaran el dinero "sucio" en cuentas abiertas al efecto y rastrear su blanqueo.

Así se detectaron las operaciones realizadas por mexicanos que derivaban el dinero desde el Bank of America de Los Angeles, desde allí al Citibank de Nueva York y luego al M.A. Bank de las islas Caimán, en el Caribe.

Finalmente

Mientras estas líneas terminan de escribirse, los investigadores plantean avanzar en una serie de medidas referidas al cruce de comunicaciones telefónicas, el análisis de supuestas amenazas sufridas por Arias los días previos a su muerte y el contacto con su familia en Godoy Cruz, Mendoza.

También se pondrá el foco en la firma Amulen, inscripta el 7 de febrero de 2007 en la provincia de Córdoba y donde aparece clara la figura de Marcelo Arias como socio.

Se trata de una sociedad dedicada a actividades técnicas de “operación, mantenimiento y administración de gasoductos y redes de distribución de gas domiciliarios y/o industriales. En el mismo sentido, está abocada a “proyectar y ejecutar obras públicas y privadas de gas, petróleo, agua y energía eléctrica, realizar trabajos de consultoría y dirección técnica de proyecto y obras relacionados con la distribución, explotación e importación de equipos, repuestos, herramientas, materiales e insumos relacionados con el transporte y distribución de gas, petróleo, energía eléctrica y agua, compra-venta y permuta de inmuebles”.

La Justicia tiene muchas dudas, pero hay algo sobre lo que no duda: no se trató de un hurto común y corriente. "Hay algo que está claro, no fue un robo ni un suicidio", dijo el abogado de la familia a este medio.

Ni falta hacía que lo dijera...

Christian Sanz