Carlos Menem se había cruzado más de una vez con la viuda de Pablo Escobar Gaviria, en la cancha de golf del selecto country Las Praderas.

Más de un vecino del lugar supo siempre que la mujer que se hacía llamar María Isabel Santos Caballero era en verdad la esposa del mítico jefe del Cartel de Medellín, pero a ninguno pareció preocuparle demasiado.

“Si aquí viene el Presidente aún sabiendo que la mujer está a unos metros, significa que está todo bien”, explicó uno de ellos.

Victoria Eugenia Vallejos empezó el trámite de radicación cuando llegó al país en 1995, y obtuvo su DNI poco tiempo después como “inmigrante con capital”. Una alta fuente de la ex SIDE aseguraba que sabía de “la presencia de la viuda de Escobar desde hace tres años”.

Fue una nota de televisión mostrada por el entonces programa “Memoria” lo que delató su presencia en Argentina, y lo que produjo que a las pocas horas la Justicia ordenara su detención en un departamento del barrio de Saavedra, bajo las acusaciones de “falsificación de documentos” y “lavado de dinero del narcotráfico”.

En medio del estallido del escándalo, Menem afirmó que la presencia de la viuda de Escobar Gaviria no significaba “que en la Argentina esté asentado el narcotráfico”, agregando que no tenía conocimiento acerca de si la mujer y sus hijos contaban con documentación argentina. Según Menem, la viuda y el joven detenido “aprovecharon que Argentina es un país abierto para instalarse aquí”.

La mujer había llegado casi cinco años antes y las autoridades, a pesar de saber quien era no le dieron importancia a su verdadera identidad.

Fue cuando la viuda de Escobar empezó a “invertir”. Era evidente el gran poder adquisitivo que mostraba y, por el contrario, daba pocas explicaciones sobre el origen de su fortuna.

En el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Inteligencia habían asegurado que no sabían nada, que los engañaron, pese a que el Presidente había asegurado que sabia desde hacía varios años de la presencia de Victoria Vallejos.

Por lo pronto, la Justicia ya había acreditado que la viuda violó la ley por haber usado en Argentina documentos falsos para realizar sus trámites.

Pocos días después una investigación demostró que el cambio de identidad de la viuda de Pablo Escobar y su llegada a la Argentina habían sido producto de un acuerdo realizado en 1994 entre la DEA, el gobierno de Colombia y la mujer, en un programa llamado “Protección a las Personas”.

La cuestión quedó en conocimiento solo de un funcionario de la embajada de Colombia, un par de delegados de la DEA en la Argentina —que ni siquiera sabían la nueva identidad de la mujer, sino que tenían un mensaje cifrado— y unos pocos hombres del gobierno argentino.

Según lo reconoció entonces Carlos Menem, él supo de la presencia de la viuda de Escobar Gaviria. El ex primer mandatario sostuvo incluso que se le dio protección “durante el último año y medio”, aunque no quedó claro si a través de un operativo o simplemente dejándola en el país.

Más allá del tema del acuerdo, quedaba claro que el Gobierno estaba protegiendo a alguien que lavaba dinero del narcotráfico. Era obvio que los U$S 2.500.000 que manejó Vallejos en la Argentina debían venir de los restos del Cartel de Medellín; a tal punto que la viuda mantenía en esos mismos días una negociación con el gobierno de Colombia para restituir algunas propiedades y bienes.

La sombre de Yabrán

El 8 de diciembre de 1999, diario La Nación iba a echar más leña al fuego: en la redacción del diario habían aparecido documentos de la DEA que vinculaban a Alfredo Yabrán con la familia Escobar, a través de una maniobra de lavado de dinero del Cártel de Medellín.

Ramón Costello, un narcotraficante que estaba cansado de llevar vida de fugitivo, había aceptado entregarse y convertirse en informante de la DEA a cambio de una reducción de su pena de 20 años de prisión.

Como no quería ir a la cárcel, Costello aceptó infiltrarse en el Cartel de Medellín a efectos de armar contactos.

Los norteamericanos tenían un plan: juntarse con unos bancos de Atlanta y Nueva York para armar un lavadero de narcodólares y usar los contactos de Costello para conseguir clientes.

La idea era armar una red de inteligencia que los condujera a los cargamentos de drogas y a las cuentas off shore de los narcos colombianos.

Pero el plan iba a funcionar hasta cierto punto. A pesar de que habían conseguido contactos y lograron armar reuniones en Colombia con el mismísimo Pablo Escobar Gaviria, los clientes usaron la “lavandería” una sola vez aduciendo que era muy lenta.

“Dos semanas es demasiado tiempo. En ‘La Mina’, la plata se lava en dos días”, confesaron a los agentes encubiertos de la DEA.

El tema era, ahora, determinar que diablos era “La mina”. Finalmente, tras una paciente investigación de la DEA, el FBI, el U.S. Customs Service (Aduana), el IRS (dirección impositiva) y el CBNE (la agencia antinarcóticos de California) se descubrió una red de lavado que entre 1986 y 1989 había blanqueado mil millones de dólares para el Cartel de Medellín.

La operación, que se denominó “Polar Cap”, culminó con un duro golpe al Cartel de Medellín: Pablo Escobar y su lugarteniente, Fabio Ochoa, fueron procesados por primera vez por la justicia de los Estados Unidos.

Una docena de joyeros de Los Ángeles y varios recaudadores del Cartel de Medellín fueron apresados. Entre ellos el joyero argentino Raúl Vivas, inventor de “La Mina”, que recibió una sentencia de 505 años de prisión.

“La Mina” aparecía en los documentos de la DEA sobre Yabrán porque éste tenía un socio en una cuenta millonaria que la DEA investigó en 1991. Ese socio, que en el paper del organismo aparece como el "presidente de Juncadella SA en 1988" (aparentemente Amadeo Juncadella), también fue investigado a fondo durante la operación Polar Cap. Resulta que Juncadella tenía una subsidiaria en Estados Unidos, Prosegur Inc.

Prosegur Inc. aparece mencionada en un pasaje revelador del libro "Lavado en oro", que la periodista Ann Woolner escribió sobre Polar Cap: “Y ahora, un nuevo informe de la Aduana corroboraba los dichos de Martínez (un narco) que habían sido ridiculizados en reuniones anteriores. Martínez se la pasaba contándoles a los agentes de Atlanta que La Mina importaba oro desde Uruguay, a pesar de que no existen minas de oro en ese país. Ahora, (los fiscales) tenía un informe de la Aduana que analizaba las importaciones de oro entre enero de 1986 y agosto de 1987. Las cifras eran un poco viejas, pero el resultado igualmente revelador: de los 44 países que exportaron oro a los Estados Unidos, Uruguay figuró en segundo lugar...”.

La mitad de los cargamentos de oro desde Uruguay iban a parar a la empresa de transportes de caudales, Prosegur, ubicada en el piso 16 del edificio Jewelry Mart (en Los Angeles).

Prosegur Inc. nunca fue procesada por lavado de dinero en los Estados Unidos, y de hecho siguió operando en ese país hasta, por lo menos, junio de 1994.

"No pudimos demostrar que ellos sabían lo que transportaban y guardaban en sus depósitos", dijo el ex fiscal de Polar Cap, Wilmer Parker, hoy dedicado a la práctica privada en Atlanta. Sin embargo, de los cables de la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella había sido investigado por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI de Houston a raíz de Polar Cap.

En las transcripciones del caso “La Mina”, archivadas en el edificio de la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de que Prosegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsables, cumplió una multiplicidad de servicios en favor de los narcos de “La Mina”, que lavaba millones de dólares por día.

LA DEA pudo determinar que ese dinero se triangulaba en Panamá. Parte volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones, laboratorios y traslados de cocaína. El dinero de las ganancias se guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay.

Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la Plata.

Tal vez por todo esto fue que la "protección" para la familia Escobar en la Argentina duró hasta el final del mandato de Carlos Menem.

*Extracto del libro “Maten al hijo del Presidente”, de Christian Sanz (Editorial Galerna/1999)