Sorprendió a propios y ajenos el procesamiento que anoche le endilgó el juez Ariel Lijo a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, ello en un impecable fallo que ocupa 333 fojas. Fue pocas horas después de que el vicepresidente pidiera ampliar su declaración indagatoria en el contexto del caliente expediente Ciccone.

Sin embargo, el más sorprendido por la medida del magistrado fue el propio Boudou, quien se encontraba en viaje oficial por Cuba. “No sé de qué me acusan; no sé de qué estoy imputado!”, posteó anoche mismo el vice en su cuenta de Twitter.

No fue el único que quedó estupefacto: ¿Por qué un viernes a última hora el juez decidió tomar semejante medida? Según pudo saber este cronista, esto se debe a varios motivos.

Primeramente, debe saberse que Lijo ya tenía madurada la idea de procesar a Boudou; aunque iba a hacerlo justo después de que terminara el Mundial de fútbol. La fecha límite era el 18 de julio.

Esto significa que el magistrado ya poseía los elementos para avanzar contra el vicepresidente: la mayoría de ellos están en el expediente 1302/12, el mismo que investiga al segundo funcionario más importante del país en el caso Ciccone.

Lo que quería Lijo era esperar hasta después del Mundial para que el hecho no perdiera protagonismo. No por querer figurar públicamente, sino porque necesita toda la atención pública posible ante la inminente venganza que teme que vendrá en su contra.

Un dato: parte de la operación que se pergeña en su contra se podrá ver mañana domingo en un conocido diario oficialista.

Como sea, la pregunta sigue en pie: ¿Por qué ahora el procesamiento de Lijo? Principalmente, por el enojo que le provocó la errática estrategia del vice, que sintió como una burla hacia su persona.

Luego, el juez quiso “matar” la estrategia de Boudou, quien, como se dijo, pidió ayer mismo ampliar su indagatoria a efectos de terminar de exculpar su responsabilidad en la trama Ciccone.

Su abogado, Diego Pirota, le aconsejó hacer “la gran Skanska”; esto es, enmarcar todo en una negociación “entre privados” sin intervención de funcionarios del Estado nacional.

Es lo que iba a hacer el vicepresidente: avanzar aún más sobre la figura de Raúl Moneta e introducir el nombre de Jorge Brito, titular del Banco Macro. Ambos como supuestos aportantes detrás de la fantasmal firma The Old Fund. Ello a su vez sazonado por una trama política que involucraría al duhaldismo a través de la empresa Boldt, competidora directa de Ciccone.

Lijo jamás creyó esa historia y no iba a hacerlo justamente ahora: por caso, el juez estableció que el aporte dinerario comenzó nueve meses después de que The Old Fund se hiciera cargo de la empresa.

Ciertamente, para Lijo la versión que le atribuye el dinero a Moneta tiene inconsistencias.

En ese contexto, cuando el juez llamó a Boudou a indagatoria el pasado 9 de junio, le expresó al vice sus sospechas de que fuera él quien se encuentra realmente detrás de la compra de Ciccone.

Ahora, ese dato quedó refrendado en la primera foja del fallo emitido hace apenas unas horas: “Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.

En la segunda foja, Lijo profundiza aún más sus certezas: “La maniobra se habría desarrollado de la siguiente manera; para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund (que fue) originalmente adquirida el 1º de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Boudou y Núñez Carmona —amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales— junto con Alejandro Vandenbroele, conocido de ambos”.

Parte de la evidencia que alimenta sus sospechas reposan en otro expediente, el 39.183 que culminó el 16 de abril de 2012 con la firma del contrato entre Ciccone —hoy Compañía de Valores Sudamericana—y la Casa de la Moneda.

Allí se acordó la impresión de 410.000.000 de billetes, por los que se abonaría el 58,74% del precio neto por millar que acepte el Banco Central, según cada denominación de billete, más IVA, y un canon locativo sobre la planta.

Como sea, para el juez está probado que Vandenbroele fue un “prestanombre” que actuó por órdenes de Boudou y Núñez Carmona, ello independientemente de que se conocieran o no.

Los sospechosos de siempre

En realidad, los vínculos entre Boudou y Vandenbroele se dan por carácter transitivo y fueron enlazados por Lijo a través de un tercer expediente, el 1999/2012, que también sustancia su juzgado.

Allí, donde se investiga al vice por enriquecimiento ilícito, queda establecida la existencia de socios en común entre uno y otro a través de puntuales sociedades. Algunas de ellas son: Ruta Sur Rentals (Boletín Oficial 31.806), Sulfargen (Boletín Oficial 28.770), Nuevo Federal (Boletín Oficial 28.761) y La Isleña (Boletín Oficial 28.761).

Al mismo tiempo, Lijo descubrió que la gran evolución patrimonial del vice, Núñez Carmona y Vandenbroele, se dio a partir de 2009, año en el que Boudou fue designado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Casualidad o causalidad?

En otro orden de cosas, el juez cree que la familia Ciccone sabía que The Old Fund tenía el respaldo de Boudou, por cuanto Vandenbroele no poseía ningún atributo de los que necesitaban los imprenteros para resucitar la empresa.

Colofón

El procesamiento a Amado Boudou es un hecho inédito, más allá de la eventual condena que pueda llegar a pesar sobre su cabeza. Jamás en la historia argentina un funcionario de tal relevancia había sufrido semejante revés.

El acto procesal tiene que ver con el convencimiento pleno que tiene Lijo de la culpabilidad del vicepresidente en torno a negocios turbios hechos en beneficio propio.

Es improbable que Boudou vaya preso, ya que se trata de delitos excarcelables. No obstante, no deja de ser relevante: es la postal de cómo actúa la matriz de corrupción del kirchnerismo.

¿Desconocía acaso Cristina Kirchner lo que hacía su segundo? Peor aún: ¿Fue Boudou la cara visible de un negocio pergeñado por ella y su extinto marido?

Quien tiene las respuestas a esas preguntas es el mismísimo vicepresidente, quien aún no está convencido de “prender el ventilador”. Por lo pronto, tiene decidido apelar en los próximos días, aconsejado por uno de los abogados que lo asesora en las sombras, el ex SIDE Darío Richarte.

Boudou abriga la esperanza de que la denuncia caiga en la Sala I de la Cámara Federal —a cargo de los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler—, siempre presta a beneficial al kirchnerismo. Eventualmente, también pedirá la intervención de la Cámara de Casación.

Mientras planea su estrategia, Lijo avanza en otro expediente que complica al vice, el de enriquecimiento ilícito. Allí ha acopiado documentación suficiente como para llamarlo también a indagatoria y procesarlo nuevamente.

Cuando ello ocurra, Boudou ya no estará tan aliviado: la sumatoria de todos los delitos que pesan sobre su cabeza bien podría llevarlo a la cárcel.

Si ello sucede, ¿se decidirá el vice a hablar o se llevará sus secretos consigo?

Esa es la gran duda que hoy quita el sueño a varios referentes del kirchnerismo, preocupados por quedar embadurnados por el gran escándalo de la era K. No casualmente, a la cabeza de esa lista, está la mismísima presidenta de la Nación.

Christian Sanz
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