Ariel Lijo sorprendió al gobierno de Cristina Kirchner el viernes pasado al procesar a Amado Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco del caso Ciccone.

Se trata de un duro golpe al corazón del kirchnerismo, no solo por la relevancia que tiene la figura del vicepresidente —el segundo funcionario más importante del país— sino además porque se trata de la primera vez que alguien de tal relevancia es procesado por corrupción.

Sin embargo, no será el único dolor de cabeza para Boudou: Lijo se apresta a indagarlo y procesarlo también en el contexto de otra causa judicial, la que investiga su eventual enriquecimiento ilícito, delito que está tipificado en el artículo 268 del Código Penal.

El dato fue confirmado a este medio por fuentes del juzgado del propio Lijo, las cuales, no obstante, reconocieron que aún quedan un par de medidas de prueba por efectuar. “Hay que hay que pedir elementos y ver si se condicen con los ingresos formales (de Boudou”, dijo a este diario el fiscal Jorge Di Lello.

Al mismo tiempo, el funcionario admitió que la citación al vice podría ser “entre septiembre u octubre”.

La denuncia que le traerá nuevos dolores de cabeza es la número 1999/2012 e indaga también en los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal).

“La acción se dirige, en principio, contra el Señor vicepresidente de la Nación, Señor Amado Boudou, DNI 16.012.714, presumiblemente con domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y contra toda otra persona que la investigación señale autor, cómplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar”, asegura el escrito de marras.

En el mismo documento, se detalla a quiénes debe investigarse —Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, Juan Carlos López y Agustina Kampfer— y se adjunta documentación reveladora.

Asimismo, se pide que se ponga el foco sobre los accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, Compañía de Valores Sudamericana S.A, continuadora de Ciccone Calcográfica S.A., y London Supply S.A, entre tantas otras, y eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Boudou y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna.

Según la denuncia presentada, el vice “no solo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse —merced a esta encuesta que se propugna—, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación”.

Allí se mencionan algunos de los hechos que rozan a Boudou: la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda”, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción Compañía de Valores Sudamericana S.A y London Supply; y en la sugestiva locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante el última década.

En consecuencia, se pidió a la Justicia el entrecruzamiento de la información de las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas cercanas al vice, enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.

El detalle ofrecido a los investigadores, con documentos y referencias al Boletín Oficial, la Inspección de Justicia y otras entidades afines, muestra a las claras la metodología utilizada, donde se cruzan los mismos nombres en diferentes firmas, particularmente tres de ellos: Juan Carlos López, José María Núñez Carmona y Alejandro Vandrenbroele, quienes repiten sus nombres en diversas sociedades.

Colofón

Si Boudou fuera condenado en el contexto del expediente Ciccone no iría preso, simplemente porque los delitos que se le endilgan son excarcelables. No obstante, si también sufriera un revés en alguna otra causa judicial —enriquecimiento ilícito u otra de las tantas por las cuales ha sido denunciado— sí podría ir a prisión, por sumatoria de penas.

Debe recordarse que Boudou es el funcionario con más denuncias en su contra: ostenta 62 expedientes en su haber, 12 de ellos tramitan en la Justicia Federal.

No se sabe qué ocurrirá con esos señalamientos, pero la sola idea de que alguien tenga tantos reveses judiciales, debería preocupar, no solo al vice sino a todo el arco político, con Cristina Kirchner a la cabeza.

¿Cómo explicar que se sostenga en su cargo a alguien con semejante récord?

La Presidenta no está ajena al desgaste que le produce Boudou a su gobierno, está claro, pero ella lo eligió como su segundo y no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Sería un mensaje de claudicación, de derrota, algo a lo que no está acostumbrada.

No es lo que hoy debería preocuparle a Cristina, sino el hecho de que hay jueces que están dispuestos a avanzar contra la corrupción del kirchnerismo. Y no están dispuestos a esperar hasta después de 2015.

Christian Sanz
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