Ayer nomás, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

De esa manera, la sala I del Tribunal ratificó lo actuado por el juez Ariel Lijo y dejó al vicepresidente más cerca del juicio oral y público.

Además, la Cámara confirmó los procesamientos del exdueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; del empresario y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de Alejandro Vandenbroele; del exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri; y del funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner.

A raíz de esta resolución, el Tribunal habilitó a Lijo para que eleve la causa contra Boudou a juicio oral y público.

La decisión de la Cámara Federal es todo un dato en sí mismo y así lo mostraron los medios de comunicación durante todo el día de ayer. Sin embargo, el tópico más sintomático es el hecho de que se trata de la Sala I, cuyos integrantes son conocidos en el ámbito judicial como los “Oyarbides” de la segunda instancia.

Por caso, los que integran ese cuerpo son los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, célebres por sus fallos siempre alineados con los deseos de la Casa Rosada.

Esos jueces fueron, por ejemplo, quienes sobreseyeron en noviembre de 2011 al secretario de Energía, Daniel Cameron, a ex funcionarios y ex ejecutivos en la causa por presunto pago de sobreprecios en la ampliación de gasoductos en el país en el 2005, por parte de la empresa sueca Skanska.

Además de Cameron y otros ex funcionarios, la Cámara también dejó sin efecto los procesamientos de varios ex directivos de la firma Skanska, así como de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Lo interesante del caso es que la de la Cámara no coincide con lo que llegó a admitir la empresa de construcción. Es que la compañía sueca Skanska reconoció en el año 2006 haber pagado "comisiones indebidas" a funcionarios públicos vinculados en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

Pero hay más: Freiler, Farah y Ballestero, han sido los mismos que intentaron una insólita jugada para hacer zafar a la ex ministra Felisa Miceli del expediente que la investiga por el hallazgo de una bolsa con mucho dinero en el baño de su despacho en la cartera de Economía.

Y en tren de analizar el accionar de los jueces, no debe dejarse de lado la causa por enriquecimiento ilícito que compromete al exsecretario Ricardo Jaime. Los camaristas ordenaron oportunamente al juez que lleva adelante la investigación desechar como prueba los mails reveladores que se encontraron en la computadora de Manuel Vázquez, íntimo del ex titular de la cartera de Transporte.

Esa docilidad histórica para con los funcionarios del kirchnerismo, no funcionó igual con referentes de la oposición. Solo hay que recordar que los camaristas fueron los que, con mucha menos evidencia que la que había en el expediente Miceli, ratificaron el procesamiento de Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales.

Incluso hay una paradoja en la que nadie reparó aún respecto del vicepresidente: la misma Sala fue la que en su momento resolvió apartar al juez federal Daniel Rafecas del caso Ciccone, luego de que el socio y amigo de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, lo acusara por falta de "imparcialidad".

Como puede verse, los vientos han cambiado, especialmente después de la muerte de Alberto Nisman.

Según pudo saber este cronista, que ayer mismo pudo recabar diversas impresiones en ese sentido en los juzgados Federales de Comodoro Py, los funcionarios judiciales sienten que no alcanza con seguir los dictados de la Casa Rosada para estar a salvo.

“Nisman hizo durante 10 años lo que le ordenaba la Casa de Gobierno e igual lo abandonaron y lo mataron”, dijo a este medio un fiscal Federal que cada mañana lleva adelante su tarea en el tercer piso de Comodoro Py.

Por lo antedicho, jueces y fiscales han decidido unir esfuerzos en pos de acelerar diversas causas de corrupción que involucran a funcionarios kirchneristas y que hasta ahora ostentaban un inusual letargo.

El que encabeza la movida es Claudio Bonadío, quien ayer fue confirmado —no casualmente— al frente de la causa Hotesur por parte de la referida Sala I. Ese expediente jaquea, y preocupa, a Cristina Kirchner.

No son buenos los días que se avecinan para la presidenta: al menos tres expedientes prometen complicar sus últimos meses al frente de la primera magistratura y todo indica que su derrotero seguirá allende la culminación de su mandato.

Dos de ellos están en poder de Lijo, quien ayer mismo decidió imputarla en un expediente que investiga el eventual entorpecimiento del caso Nisman por parte del Ejecutivo nacional, sobre la base de una investigación del diario Mendoza Post.

El otro expediente está vinculado con un tema incómodo para el cristinismo: los aportes de campaña del Frente para la Victoria durante el año 2007. Lijo tiene en su poder un peritaje hecho por especialistas de la Corte Suprema que demuestra que durante esa campaña se blanqueó dinero de dudosa procedencia.

Los detalles de ese expediente son imperdibles, pero son parte de un capítulo de otra historia que este mismo diario contará en los próximos días.