Después de tantos años de impunidad, de “inmunidad” de funcionarios corruptos y viciosos —en su gran mayoría del gobierno saliente— y de encubrimiento absoluto, parecían soplar vientos de cambio, al menos en materia de moralidad.

Tras un balotaje reñido, finalmente el actual presidente Mauricio Macri resultó electo y prometió observar no solo la Constitución Nacional sino también anunció que combatiría la corrupción. Es más, afirmó que sería “implacable”. Sin embargo la realidad fue bien distinta.

Durante la campaña electoral, el entonces jefe de Gobierno porteño devenido en presidente de los argentinos, Macri, se encontraba procesado en la causa de las escuchas ilegales, y de hecho fue electo aún estando en ese estadio procesal. A mayor abundamiento, días antes de su asunción estalló el escándalo “Niembro”, que hace gala a la denuncia y los hechos relacionados con la contratación irregular de empresas relacionadas al periodista y político Fernando Niembro, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces y ahora en manos del PRO, Alianza Cambiemos.

Este hecho lamentable salió a la luz pública en septiembre de 2015 mientras Niembro era el candidato que encabezaba la lista de diputados de la Provincia de Buenos Aires por dicho partido, dentro de la alianza Cambiemos. Entre las explicaciones pueriles que dio el periodista se destacó aquella que decía que había vendido una de las empresas a su socio, Atilio Meza; pero oficialmente seguía siendo de su propiedad, y además Meza también era candidato de la misma lista. En fin.

El escándalo que involucra a Niembro, Macri y María Eugenia Vidal disparó el punto de partida de la corrupción en la era macrista, surgiendo luego nuevos casos ampulosos, como la denuncia del canal 4 de Posadas o las que acusan al diputado de Cambiemos, Eduardo Amadeo, quien habría facturado en dos de sus instituciones presididas cerca de 4,5 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por servicios de consultoría y soportes técnicos, de los cuales solo cuatro aparecieron publicados en el Boletín Oficial.

Al mismo tiempo, siete radios y un canal de televisión de Misiones denunciaron que cobraron por publicidad oficial menos dinero del que figura en los registros de la gestión macrista, con una diferencia de más de 7 millones de pesos, que nadie sabe pero se imagina dónde están.

La diputada Gladys González del PRO Alianza Cambiemos fue denunciada penalmente por el presidente del bloque de concejales del PRO en Avellaneda, Daniel García, quien la acusó de pedir el 10 por ciento de los sueldos de futuros funcionarios "en cargos provinciales" para una fundación relacionada con su fuerza política. Según una presentación realizada ante la UFI N° 2 de Avellaneda, González, quien además es interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), le habría propuesto a García “la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez por ciento (10%) de su salario a una fundación desconocida”. Algo parecido a lo que solía hacer la agrupación La Cámpora en Aerolíneas Argentinas y que denunciara el abogado —mi abogado— Alejandro Sánchez Kalbermatten representando a algunos de los damnificados que por no aportar dicho diezmo fueron despedidos de la empresa aeronáutica.

A su vez estalló el escándalo “Panamá Papers” que impactó de lleno en el presidente Macri y que ya se encontraba en conocimiento de numerosos periodistas, y que guardaron silencio hasta después de las elecciones. El juez Federal de la causa, Sebastián Casanello, quien investiga a Macri en esta causa por las revelaciones de los mismos, ordenó hace poco que se hiciera un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas que presentó el presidente entre 2013 y 2015, de modo de verificar sus posibles inconsistencias, y que se cae de maduro observan las mismas de manera evidente. El denunciante en esta causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, sostuvo que las declaraciones de Macri tienen contradicciones en su contenido tanto en materia de bienes cuanto en sus valuaciones, es decir, tipificarían el delito de falsedad ideológica concursado con un surtido de delitos de mayor gravedad.

Como si esto fuera poco, la actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y amiga de la “justificación”, Laura Alonso, que incluso forma parte del PRO Alianza Cambiemos, ha demostrado conducir el organismo con cierta benevolencia frente a los sospechosos actos susceptibles de enmarcarse bajo el rótulo de “corrupción” en que han incurrido a la fecha diversos funcionarios del actual gobierno.

En efecto, por resultar situaciones evidentes Alonso ha debido poner la lupa sobre unos treinta miembros del Gobierno que el organismo investiga por posibles conflictos de intereses, encontrándose primero en la nómina el atrevido ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien ha reconocido poseer acciones de Shell por $16 millones. Tan delicada ha sido la cuestión que la titular de la OA se ha visto en la obligación de expedirse públicamente con un halo de suspicacia… “El caso Aranguren es complicado”.

Más allá de que una funcionaria de ese cargo y porte no solo “debe ser” sino también “parecer” honesta e independiente, lo cierto es que el organismo a su cargo concluirá próximamente su investigación sobre la función pública que cumple y el patrimonio personal del titular de la cartera de Energía. Al mismo tiempo dirimirá los casos que involucran en conflicto de intereses al titular del Ministerio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; de la subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro -accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes-; del subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital, y del presidente y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Talerico, a los que se les atribuyó haber estado vinculados como abogados, de manera directa o indirecta, a firmas acusadas de lavado de dinero.

Por lo demás la semana pasada estalló otro intrincado caso de presunta corrupción que dejó al funcionario director de la Administración Nacional de Aduana, Juan José Gómez Centurión, suspendido de su cargo por tiempo indefinido, mientras se sustancia la causa que determinará la autenticidad o falsedad de distintos audios utilizados como evidencia y que lo dejarían como un coimero osado y temerario, siempre de confirmarse esta hipótesis, y dejando a salvo mi opinión contraria vertida en donde señalé que se trató de una burda operación.

Pero ello no es todo: a solo nueve meses del punto de partida del nuevo gobierno PRO Alianza Cambiemos se agregan ahora dos casos aún más graves que los anteriores, uno que envuelve a la Vicepresidente de la Nación Argentina, Gabriela Michetti, y otro que involucra en un ostentoso enriquecimiento ilícito al actual titular de la Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales dependiente de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social que comanda a la fecha la Licenciada Carolina Stanley, Leandro Raúl Costa, hijo del célebre Senador Roberto Costa, que curiosamente también fue denunciado en las últimas horas, tal vez por sí mismo a través de una tercera persona para evitar ser salpicado en la causa que abarca a su hijo ante el Juzgado Federal Nro. 5 a cargo del Juez Sebastián Casanello Secretaría Nro. 9 bajo el expediente Nro. 9821/2016 caratulado “Costa Leandro Raúl y otros s/enriquecimiento ilícito”, pendiente de ratificación por parte del denunciante, un empresario oriundo de Chascomús (cuna del ex Presidente Raúl Alfonsín, que junto a Arturo Illia fueron ejemplos de honestidad) quien aún no fue citado a prestar testimonial. Se trata de Ramón Ubiedo.

En lo que atañe a Michetti, el caso surgió cuando durante la definición del balotaje que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre de 2015 le habrían sustraído de su domicilio la friolera suma de 245 mil pesos y 50 mil dólares, situación que fue ocultada durante largo tiempo hasta que salió a la luz y comenzaron las explicaciones infantiles, la puesta en escena de su concubino Juan Tonelli y también de Alonso, quien curiosamente y con un indisimulado ánimo encubridor afirmó que la operación figuraba registrada en la última declaración jurada ante la OA, que cerró el 31 de diciembre de 2015. En fin. Además de este hecho de cristalina sospecha el hecho aconteció durante pleno cepo cambiario, cuando la compra de dólares para particulares estaba restringida.

El caso del dinero robado a Michetti fue escalando y ahora el fiscal Guillermo Marijuán la imputó por el delito de lavado de dinero, lo que presupone que el origen del dinero desposeído es incierto.

El caso que involucra a Costa, DNI 31.806.949, titular de la Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales dependiente de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social que comanda a la fecha la Licenciada Carolina Stanley, conforme surge de la Decisión Administrativa 168/2016 (B.O 11/03/2016), no hace más que engrosar la lista de los supuestos corruptos de esta nueva etapa de poder.

Según consta en la denuncia el inculpado Costa no solo sería partícipe de sospechosas operaciones financieras e inmobiliarias incompatibles con su función de servidor del pueblo que lo incriminarían en un surtido de delitos bajo investigación de la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, cuanto el ostentoso Standard de vida del enrostrado –incluidos sus frecuentes viajes al interior y exterior del país-, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación.

También remarca el denunciante que el nivel de vida del “imputado” Costa no condice tampoco con el de profesor de educación física, menos aún figurando ante la Administración Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P) bajo el CUIT 20-31906949-3 sin registro de impuestos activos. En definitiva afirma con certeza el promotor de la denuncia que Costa figura como un virtual insolvente, ello a pesar de los gastos ostentosos que frecuenta y los ingresos oficiales que recibe de un Organismo público como lo es el Ministerio de Desarrollo Social.

Se vincula al encartado en la compra de terrenos en distintas localidades bonaerenses, algunas de ellas situadas en la zona de Zárate y Campana; a su participación accionaria directa o indirecta en sociedades y fideicomisos sospechados de corrupción y en la sugestiva locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en Belgrano 3840, piso 3º, San Martín (1650) Buenos Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como Banco BBVA Francés, lo que no se condice con su sueldo de empleado público actual, pretérito de profesor de educación física ni con su edad cronológica, treinta años.

En las próximas horas se dará vista al Fiscal interviniente quien entre sus primeras medidas por dispositivo del Art. 180 del C.P.P.N cruzará la información de las personas y empresas que la investigación vislumbrará, todas cercanas al imputado Costa y familiares y amigos, enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas en los últimos tres años como mínimo. Se prevé además que formalice un exhaustivo requerimiento de instrucción tendiente al control patrimonial y financiero con el objetivo de cotejar las eventuales inconsistencias entre sus declaraciones juradas y los gastos del incuso en tarjetas de crédito emitidas por el Banco BBVA Francés, movimientos bancarios, viajes al exterior e interior del país, inversiones inmobiliarias sucesivas y a través de figuras de fideicomisos, etc. y en general frente a una vida ostentosa que según la denuncia mantendría el sujeto investigado y que resultaría inexplicable desde la óptica de sus ingresos legales. Siendo el mismo juez Federal que investiga el escándalo que salpica al Macri, presumiblemente verificará si Costa cuenta con fondos o figura de algún modo en los famosos “Panamá Papers”, para lo cual cabrá expedir las líneas investigativas pertinentes librando los oficios y exhortos del caso.

En definitiva la denuncia hace hincapié en lo que llama “fantástico incremento patrimonial y vida lujosa”, justificando ello, a criterio del requirente, que la justicia se involucre en todas sus sociedades, fideicomisos, contratos con terceros, y convoque a los escribanos públicos que intervinieron en dichas operaciones, rigiendo al efecto la ley Antilavado que exige denunciar a los escribanos operaciones sospechosas.

Cuadra reparar que el incuso tiene antecedentes de poseer un perfil ambicioso, codicioso y delictivo, dado que tal como trascendió el 18/10/2015 el ex postulante a concejal de Escobar por PRO-Cambiemos, Walter Darío Gutiérrez, DNI 24.951.626, llevó a la justicia una denuncia contra el propio Costa, entonces referente y postulante a intendente de Escobar. Lo interesante del tema es que Gutiérrez, de indudable valor testimonial, se habría presentado ante la Fiscalía de Escobar dejando un escrito en el que detallaba la trama de corrupción y amenazas que sufrió, adjuntando asimismo un disco compacto –CD- con las charlas intimidatorias grabadas.

La aludida denuncia de Gutiérrez por “delitos de acción pública” es contra Costa y contra la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quién en presencia de Costa le habría anunciado que si abandonaba PRO-Cambiemos “…contrataría a personas para aleccionarlo”.

Según el texto del escrito completo del denunciante publicado por el portal “Primereando.com”, Costa habría convocado a Gutiérrez a una reunión previa a las PASO en la que le habrían pedido trescientos mil pesos ($ 300.000) como “contribución” para acceder al quinto espacio en la lista de PRO-Cambiemos. El denunciante —Gutiérrez— dice que lo llamaron “para arreglar el tema de su candidatura”. Ahí fue que el denunciante accedió a firmar un pagaré por dicho importe, verificando unos días después que en realidad figuraba en el puesto número “diez” de la lista. Ahí empezaron sus reclamos y, según Gutiérrez, las amenazas e intimidaciones en su contra.

El tema no terminó ahí, ya que el ex candidato a concejal Gutiérrez relató que el 29/09/2015 lo visitaron Costa y Rocío Fernández en su peluquería, donde de acuerdo a una grabación que el aludido efectuó la Defensora del Pueblo le dijo que si no firmaba la ratificación de su postulación “la iba a pasar mal”. Al poco tiempo, Gutiérrez se volvió a reunir con Costa en el café “María Pía”, donde el candidato a intendente de PRO-Cambiemos lo volvió a amenazar, según consigna en la denuncia judicial, haciéndose pública desde entonces la situación que sirve de indudable antecedente para la denuncia de enriquecimiento ilícito contra Costa y su entorno que tramita el Juez Federal Sebastián Casanello, el hasta ahora verdugo del PRO.

Cabe añadir que también el padre de Costa, el Senador radical Roberto Costa hoy afín al PRO Alianza Cambiemos también fue denunciado ante la UFI descentralizada del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo de su titular la Dra. Mabel Amoretti, por los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y el manejo de ‘ñoquis’ en el Senado bonaerense. Curiosamente esta denuncia fue rápidamente censurada por argumentar la Jueza la existencia de una escueta redacción del denunciante (“…Del análisis de la denuncia formulada por Redel Braian Ezequiel observo que no surge la imputación de un delito que permitiera iniciar la investigación", dice el texto del Ministerio Público bonaerense. Y agrega que el denunciante nunca se presentó a ampliar sus dichos y presentar pruebas…”) que le impedía iniciar la pesquisa, y en tal itinerario la archivó, cuestión formal que tal vez sea superada al acumular por conexidad subjetiva y material el Juez Sebastián Casanello esa u otras denuncias con la que instruye respecto de su hijo, Leandro Costa, y de la que se presume no es ajeno, suponiéndoselo el titular de gran parte de los bienes que ostenta su descendiente investigado.

Así las cosas es bueno y oportuno decir que de ningún modo se desestimaron las denuncias respecto de los presuntos corruptos Costa –padre e hijo- como informara incorrectamente el titular del 05/09/2016 del portal La Política On Line, sino que en el caso de Costa padre la denuncia requiere precisiones que aún su denunciante no brindó –lo que no implica que exista luego otra denuncia por el mismo delito y que pueda dispararse-, mientras que la causa de Costa hijo había sido archivada por tanto el denunciante no había sido debidamente notificado de su citación a ratificar. Hace instantes, el Juzgado Federal Nro. 5 ratificó a este medio que esta mañana se presentó el denunciante Ubiedo y pidió fecha de audiencia de ratificación de la denuncia de marras. Conclusión: “Del dicho al hecho existe un largo trecho”.

Tiempo después de la asunción del Presidente Macri y en línea con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa y del Frente Progresista, Cívico y Social que preside la diputada Margarita Stolbizer, se promovieron distintos proyectos de ley denominado como “paquete anticorrupción” tendientes a la creación de leyes tales como la del Arrepentido y extinción de dominio cuanto también se anunció una y otra vez que se dictaría también la ley de Imprescriptibilidad del delito de corrupción.

La República Argentina aún no cuenta con una ley de extinción de dominio, a pesar de ser signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales que nos interpelan en tal sentido, v. gr.: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (ley 24072), la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24759), la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley 25632), la Convención Interamericana contra el Terrorismo (ley 26023) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ley 26024) y de las supuestas intenciones en tal sentido.

En lo que respecta a la denominada Ley del Arrepentido, si bien existen normas incluidas en el Código Penal que permiten la figura para casos de narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos, terrorismo y lavado de dinero, faltaba su existencia para casos de corrupción, asociación ilícita y corrupción de menores entre otros delitos.

Los dos primeros proyectos de ley avanzan lento y con dificultades, y en los últimos meses ya no se habla más del proyecto más importante de todos: el de imprescriptibilidad del delito de corrupción.

Lejos de parecer “implacable”, Macri en torno a la corrupción de sus funcionarios parece hoy encabezar la lista que él mismo programara desintegrar.

Es hora que se dicten las normas específicas en la materia, especialmente la de “imprescriptibilidad del delito de corrupción”, de modo de acotar y extirpar de una buena vez esta costumbre de los políticos en general, que andan por la vida “sanateando” con populismos oratorios y enriqueciendo sus bolsillos con absoluta impunidad y desfachatez.

Debemos pensar que para ser político en la República Argentina no se necesita tener más de unos conocimientos que se adquieren en los comités de los partidos, lugar de creación de “beneficios” que ni remotamente son para muchos sino exclusivos para el grupo de pertenencia. El sistema corporativo los defiende a rajatabla y han aprendido a cambiar el “yo” por el “nosotros” para diluir la culpa que le puede corresponder por los desaciertos en los que incurren diariamente.

Para ser político se debe ser (siempre en nuestro país) preferentemente incapaz, inoperante, sin casi ningún estudio, poseer soberbia y arrogancia, haraganería y hacer casi todo mal, salvo los casos en los que puede ayudar la suerte. Deben nombrar a la mayor cantidad de familiares en puestos públicos aún cuando no sepan de que se trata la función para lo que se los designan, con los resultados lamentables que todos conocemos. Deben también saber como desviar las ayudas sociales en beneficio propio y recibir dádivas (coimas vulgares) sin que se les mueva un solo pelo ante problemas puntuales. Basta ver el abandono de los chicos tucumanos y de otras provincias para descubrir la inacción para solucionarlos, y también la proliferación de las villas miserias, pero están siempre preparados para explicar lo inexplicable por la falta de elemental humanidad ante flagelos terribles como el hambre y las necesidades básicas de los más desposeídos. La inmunidad e impunidad son productos que concibieron los políticos para prevenirse y evitar las cárceles cuando dejen su función. Deben hacer también que sus hijos sigan sus pasos en la función pública con la misma “vocación de servicio” que ellos dicen tener, pero que no es más que una frasecita con olor a mentira. No deben nunca jamás renunciar por mas cuestionado que sea por la opinión pública y la sociedad, ya que la “ganga” no se debe perder.

Faltan algunas costumbres como la construcción de casas fastuosas (no a sus nombres), varios autos, viajar gratis en aviones, dejarse la barba o sacársela para evitar ser reconocidos (“gambeta facial”) y estar resguardados por vallas en el Congreso Nacional (¿Honorable?) como representantes del pueblo pero con los que el pueblo no puede ver ni hablar.

Para terminar y dejando muchos otros atributos de lado, creo que reuniendo algunos de los conocimientos enumerados, irónicamente hablando, cualquiera puede aspirar a ser considerado un político con futuro, pero eso sí: no estudiar más porque no vale el esfuerzo: la ignorancia y la corrupción gobiernan.

Como sugerencia final quiero decirle que el político debe estar en la lista (cualquiera que sea) pero en la lista, y además de tener muy en claro el concepto de la palabra “retorno” porque es uno de los pilares que justifican su existencia.

Finalmente... quisiera que "político" y "corrupto" no fueran sinónimos, pero parece una misión imposible.