El 7 de febrero pasado, conté a través en este mismo espacio que Alberto Fernández le había pedido al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que amnistíe a Milagro Sala, quien purga prisión por fraude a la administración pública y extorsión, entre otros delitos.

Ello provocó una catarata de llamados y mensajes de Whatsapp por parte de referentes jujeños y periodistas de la misma provincia. Algunos me contactaron para mostrarme su sorpresa y otros para aportarme datos adicionales.

Una de las que me escribió fue Rosario Agostini, acaso una de las colegas más destacadas en lo que a chequeo de información y rigurosidad refiere, quien me confirmó la gestión del presidente aunque descartó lo del indulto. “No se habló de indulto, sí de liberarla y Morales respondió ‘me pegás un tiro antes’", me contó.

Lo antedicho denota la preocupación del neo kirchnerismo respecto de la situación de Sala, cuyas opiniones están divididas: unos dicen que es una “presa política” y otros, como el propio presidente, que no.

Ello se refuta por sí solo, al recordar que la mujer está procesada en 15 causas judiciales, de diversa índole. Sin olvidar la condena ya mencionada. Fin de la discusión.

A pesar de ello, de que todo el choreo de Sala está documentado y registrado —ver el testimonio de algunas de las mujeres extorsionadas por ella—, el gobierno insiste en querer dejarla libre. A como sea.

En ese contexto, este jueves el senador nacional del Frente de Todos por Jujuy, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para pedir la intervención del Poder Judicial de esa provincia por un año. Detrás de la movida está el deseo del oficialismo de beneficiar a Sala, claro está.

Para lograrlo han pergeñado una interesante movida, a través de una denuncia contra el presidente de la Suprema Corte jujeña, quien sostuvo en una conversación privada que la titular de Tupac Amaru estaba en prisión porque Morales quería que así fuera.

Es interesante la “revelación”, ya que el propio gobernador jujeño ha dicho públicamente que quería ver a Sala tras las rejas, cuando aún no lo estaba. Es decir… ninguna revelación.

Aquellos que creen en conspiraciones imposibles deberían otear los expedientes que involucran a la mujer antes de insistir con el cuento de la “presa política”. Porque las trapisondas de Sala están más que documentadas.

Se trata de una persona que ni siquiera es hábil a la hora de esconder sus ilícitos. Basta recordar aquel día de 2007 cuando quemó la Casa de Gobierno de Jujuy y quedó filmada. ¿Esto es lo que defienden los que la defienden? ¿A una mujer que ni siquiera respeta las instituciones?

A continuación, algunos tips sueltos para entender de qué se discute cuando se habla de Milagro Sala:

-En 2016 el juez Gastón Mercau dictó su detención al ser acusada de liderar una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, luego de que se comprobó que desvió $ 29 millones provenientes de fondos públicos.

-En febrero del mismo año fue detenida por orden del Pablo Pullen Llermanos por haber encubierto un homicidio ocurrido en 2007. El mismo magistrado la había procesado y dictado prisión preventiva por “lesiones graves” en el contexto de un hecho ocurrido en 2006.

-También en esos mismos días Sala fue detenida y se le dictó prisión preventiva en una causa por privación ilegítima de la libertad.

-Este mismo año, la mujer fue condenada a 13 años de prisión en la causa la conocida como "Pibes Villeros". Allí está acusada por "asociación ilícita, fraude y extorsión" en el marco del desvío de fondos nacionales para obras de vivienda. Para el menos avispado, en el expediente abunda la evidencia: hubo más de 50 audiencias en las que declararon 105 testigos y la causa acumuló más de 20.000 fojas.

-Por si fuera poco, en estas horas Sala está complicada en el marco de la denominada "Megacausa" en la cual se investiga un desfalco por $700 millones, relacionados a la construcción de viviendas sociales.

Es un expediente en el cual aparecen complicados el ex secretario de Obras Públicas, José López y el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.

En la causa de marras se comprobó que se habían registrado como terminadas 1.800 casas que no se hicieron, mientras que otras 500 se encontraban por la mitad.

Luego de lo antedicho, cabe volver a preguntarse: ¿Sala realmente es una “presa política”? La respuesta es obvia.