Hace exactamente 12 años, tres cuerpos aparecían acribillados a balazos en un descampado de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Sus nombres eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, y habían intentado meterse en algunos negocios “non sanctos”, vinculados a la mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrina. Eso sí, jamás contaron con un detalle: quienes manejaban esas “iniciativas” eran reputados funcionarios del entonces gobierno de Cristina Kirchner.
Lo confesó a quien escribe estas líneas el propio Forza, en una conversación que quedó registrada en un desvencijado grabador de periodista que terminó en manos del fiscal Carlos Stornelli.
Apuntó principalmente a quien era el principal referente oficial del oficialismo de esos días: Aníbal Fernández. También apuntó contra puntuales funcionarios del área de Salud y un puñado de conocidos sindicalistas.
Lo hizo en mayo de 2008, tres meses antes de caer fusilado bajo el calor de las balas, en un conocido bar ubicado en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, de la Ciudad de Buenos Aires.
Rápidamente, se intentó vincular lo ocurrido con presuntas venganzas de narcos mexicanos. Pero jamás hubo elementos para sostener algo semejante. Solo aquello que aparecía en la imaginación del entonces juez Federico Faggionato Márquez, quien pronto se demostró receptor de órdenes del kirchnerismo. Ello le costó su cargo, en el marco de un proceso en el Consejo de la Magistratura al cual aportó documentación este cronista.
Poco a poco, empezó a vislumbrarse la verdad: los asesinos eran históricos “sicarios” a sueldo de Aníbal Fernández, algunos de ellos de la zona de Quilmes. Ningún mexicano ni nada que se le pareciera.
Sin embargo, a pesar de la evidencia que fue apareciendo a lo largo del expediente, que llegó a contar con el reconocimiento de la participación en la trama del exjefe de Gabinete por parte de dos de los acusados, Martín Lanatta y José Luis Salerno, jamás la justicia se animó a tocar a Aníbal.
No fueron los únicos testimonios que lo complicaron: hubo testigos que señalaron al hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio como la “morsa”, apodo con el que Forza se refería a la persona a la que le había “birlado” el negocio narco.
Uno de los que jamás se animó a llegar a rozar la figura del exjefe de Gabinete fue Juan Ignacio Bidone, exfiscal de la causa hoy destituido por sus vínculos con el mundo del espionaje y el caso D’Alessio. Oportunamente, el otrora funcionario judicial reconoció a este periodista que todo apuntaba a Aníbal, pero que era imposible meterse con él.
Es oportuno recordarlo ahora mismo, a 12 años del triple crimen, porque ha vuelto la intentona oficial de vincular a matones mexicanos con el crimen de Forza, Ferrón y Bina, en una operación de alto vuelo que cuenta con la venia de la jueza María Romilda Servini.
¿Y las pruebas? Bien, gracias. En todo el expediente no existe un solo elemento para sostener tal hipótesis. En cambio, hay indicios de sobra sobre la participación de Aníbal y su “mano de obra”.
En realidad, la operación política de estas horas no es nueva: se anticipó en este mismo espacio hace más de un año, en junio de 2019. Solo un extracto, para entender:
“Para poder forzar este nuevo ‘giro’ en la investigación, se dirá que el objetivo principal de los sicarios era Bina, no Forza. Que este último y Ferrón cayeron en consecuencia, solo por estar allí.
Ello ya se demostró falso: el objetivo era Forza. Por eso fue el primero en ser acribillado, y fue tratado con más saña que los otros dos caídos en desgracia. Más aún, los sicarios ya fueron identificados y detenidos, y se trata de hombres que siempre han respondido a Aníbal Fernández”, según contó este periodista.
Y se añadió en la misma nota: “A nivel judicial la ejecutora de la nueva operación es Servini de Cubría, célebre por sus fallos alineados a los intereses del peronismo. No casualmente fue la que salvó a Carlos Menem del ‘narcogate’, apenas iniciado su gobierno, a principios de los 90”.
Más claro, echarle agua.
Ninguna coincidencia
Curiosamente, el aniversario del triple crimen coincide con el anuncio de Alberto Fernández del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus en Argentina, por parte de una empresa que pertenece a Hugo Sigman, vinculado a dos “hallazgos” de efedrina en grandes cantidades.
Uno de ellos ocurrió a principios de septiembre de 2016, cuando se secuestraron en Ezeiza 287 kilos de pseudoefedrina, distribuidos en diez tambores que iban a ser vendidos por su firma Chemo. Se trata de recipientes que se mantuvieron en secreto en los galpones de la estación aérea hasta que el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, entregó a la Justicia una denuncia anónima y dos mapas con la ubicación exacta de la pseudoefedrina. Más tarde, por disposición de la jueza Servini, se secuestró el material.
Algo similar ocurrió en 2008 cuando en el mismo lugar, la Aduana en Ezeiza, aparecieron dos toneladas de efedrina que nadie jamás reclamó. El embarque arribó desde la India sin un claro destinatario y por eso no pudo ser documentado... pero todos miraron a Sigman como supuesto dueño del mismo.
El cargamento, cuyo costo ascendería a los US$ 100.000, sin contar seguros y fletes, había sido denunciado por la Sedronar por tentativa de contrabando hacia México.
Pasados los años, Sigman aparece como el gran filántropo detrás de la vacuna que se producirá en Argentina.
A su vez, como se dijo, los verdaderos implicados en la trama del triple crimen van en busca de la impunidad que no lograron en su momento.
Finalmente tuvo razón Karl Marx cuando dijo que la historia se repite dos veces, “la primera en forma de tragedia y la segunda en forma de farsa”.
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