El tema excluyente de la semana —la que pasó y la que viene— refiere a la reforma judicial que impulsa el gobierno. No solo porque busca la impunidad de Cristina Kirchner, sino porque además allí se ha “colado” una modificación que pone a la prensa en el eje del ya incómodo debate.

Refiere a la posibilidad de los jueces de denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones "de los poderes mediáticos".

¿Qué implica tal señalamiento? ¿Cuáles son los límites entre la “información” y la “presión”? ¿Quién lo decidirá? Son solo algunas de las preguntas que nacen al calor de la discusión de marras.

Quien ha aportado alguna explicación a tales interrogantes ha sido el otrora miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, en el marco de una entrevista que le hizo Tribuna de Periodistas este domingo.

“Cuando un asunto o una institución quieran ser ‘ensuciados’, un juez militante va a decir que fue presionado por mengano o zutano”, dijo el exfuncionario al respecto.

La cláusula contra los “poderes mediáticos” será la estrella de la discusión parlamentaria que se avecina el miércoles próximo, donde, se supone, el kirchnerismo logrará dar “media sanción” a la reforma judicial. Y, aunque los números le son favorables —al menos en el Senado, en Diputados depende de los “acuerdos” que pueda lograr—, se tratará de una “victoria pírrica”.

Por lo pronto, en estas horas se organiza una nueva manifestación en la puerta del Congreso Nacional para ese mismo día. Será un nuevo mensaje para Alberto y Cristina. Esta vez potenciado por el avance oficial contra los medios de comunicación.

En lo personal, el presidente cree que es algo inmerecido, al menos en lo que respecta a su persona, ya que, según jura y perjura —y en su espacio lo confirman—, no habría tenido ninguna injerencia en la jugada que reveló el “valet” de Cristina, Oscar Parrilli.

¿Acaso la inclusión del apartado sobre los “poderes mediáticos” no tiene la firma y apellido de la vicepresidenta?  

Alberto no fue el único que quedó afuera de la discusión por esa polémica modificación a la reforma judicial: lo mismo le ocurrió a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a la sazón su socia y amiga.

¿Cómo se entiende que una discusión de tal calibre, donde está a punto de cambiar el organigrama de la justicia Federal, carezca de la participación de la titular de la cartera que se ocupa de ese mismo tópico?

Losardo no solo no tuvo participación en el armado de la reforma judicial, sino que ni siquiera ha opinado al respecto. Ello provocó la furia dentro del seno del cristinismo de “paladar negro”. Es la grieta que viene dentro del kirchnerismo esta semana, que incluirá una elocuente denuncia judicial de la cual no zafará Alberto. El límite siempre son los medios.

Como sea, la mentada reforma permitirá al gobierno nombrar el doble de jueces y fiscales de los que hoy ostenta la Justicia Federal. Es todo un dato, porque de cada dos jueces o fiscales uno será militante K. Ello en un fuero donde se discuten cuestiones sensibles, vinculadas a la corrupción, el narcotráfico y el contrabando. Bien a medida del kirchnerato.

Dicho sea de paso, al ciudadano de a pie no le hará mella la reforma. Básicamente, porque no suele litigar allí. La mayoría de los conflictos de la gente refieren al fuero civil y comercial, y/o laboral. Pero allí no habrá reforma alguna. El por qué es claro: Cristina no tiene ningún inconveniente allí. Solo en el fuero Federal y en la Corte Suprema.

Por eso, la movida que lleva adelante le saldrá bien cara al oficialismo. La sociedad no lo dejará pasar por alto fácilmente. Porque a nadie le es ajeno el hecho de que todo lo que se hace es en pos de salvar a la vicepresidenta. Sin importar el hecho de que, en el medio, el gobierno se “llevará puestas” las instituciones argentinas.

Tal es así que en las próximas horas se conocerá una encuesta de opinión que revelará el alto rechazo que hay en la ciudadanía respecto de la referida reforma judicial.

Entretanto, el gobierno ha decidido poner en el centro del ring a Mauricio Macri, a efectos de polarizar la discusión política.

Mala jugada: primero, porque el propio expresidente ha decido no meterse en ese juego —de hecho, no ha respondido a ninguna de las provocaciones K—; segundo, porque los ataques del kirchnerismo inflan la figura de un jugador inesperado, Horacio Rodríguez Larreta. Se trata del único referente cuya imagen positiva no para de crecer. Ello explica el armado silencioso que pergeña de cara a 2021/2023 dentro del espacio opositor.

Quien lo mira con recelo es Alfredo Cornejo, otro de los que busca postularse para suceder a Alberto. Sin embargo, el exgobernador de Mendoza no logra superar su propio techo, que no llega siquiera al 20% de aprobación. ¿Podrá superar esa marca en el mediano plazo?

Es complicado, porque no cuenta con el visto bueno, ni de Ernesto Sanz, “neo armador” de Juntos por el Cambio, ni de Elisa Carrió. Ambos le desconfían, por diferentes motivos.

Hablando de “Lilita”, será la gran protagonista política esta semana, con la reforma judicial de fondo. Como suele hacer, se animará a echar nafta al fuego, como nadie más sabe hacerlo. Siempre en nombre de la República.

Finalmente, como anticipó Tribuna de Periodistas el 13 de julio pasado, este viernes el ministro de Producción, Matías Kulfas le pidió la renuncia al secretario de Energía, Sergio Lanziani.

Su lugar será ocupado por el hoy diputado nacional (PJ Neuquén) Darío Martínez, titular de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

Se espera ahora que se cumpla otro anticipo de este portal: que arribe Aníbal Fernández en un cargo de mayor relevancia al que ostenta ahora, al frente de Yacimientos Carburíferos Río Turbio. En realidad, el cargo será solo una excusa para dotar al otrora jefe de Gabinete de más poder y participación en el gabinete nacional. Siempre a pedido de Cristina.

“Necesitan a alguien con el cuero bien duro, por lo que se viene... para defender lo indefendible”, se sinceró ante este portal un histórico asesor de Alberto.

Ciertamente, no será nada auspicioso. Todo lo contrario.

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