Lo dije hace unos días y hoy se termina de confirmar: Hugo Sigman es el nombre que aparece detrás de la eficaz demolición del acuerdo entre la Argentina y el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

De alguna manera lo refrendó este martes el gerente de ese laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer, quien afirmó en pleno Congreso Nacional que el contrato se frustró porque "el marco legal no es compatible" con las exigencias de la empresa farmacéutica, que le había ofrecido al gobierno de Alberto Fernández 13,5 millones de vacunas contra el Covid.

Pícaro, Vaquer explicó que, aunque siguen las conversaciones con el estado nacional, "es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas" cierra acuerdos.

Todo lo antedicho conduce a un lugar unívoco: el Instituto Patria, desde donde se redactó el proyecto de ley que Cecilia Moreau planteó como propio y que terminó de romper toda chance de acuerdo con Pfizer.

El diputado Nacional por la UCR Luis Petri lo explicó mejor que nadie: “La obsesión del gobierno era NO cerrar con Pfizer, por eso incluyeron la palabra ‘negligencia’ en el dictamen el 1/10 para impedirlo. La obsesión era negociar y contratar con AstraZeneca la mayor cantidad de dosis”.

El dato no es menor: AstraZeneca es un negocio a medida de Sigman, el siempre sospechado aportante de las campañas del kirchnerismo. A la sazón, dueño del millonario negocio de la vacuna antigripal en Argentina.

Ello merced a los favores que le endilgó Juan Manzur, en los tiempos en los que despuntaba como ministro de Salud de la Nación del gobierno de Cristina Kirchner. Por eso, no debería sorprender que el principal lobbysta de Sigman en estas horas sea Pablo Yedlin, proveniente del riñón del hoy gobernador de Tucumán.

En esa provincia, por caso, el factótum de AstraZeneca es dueño de todos los negocios relacionados con la salud pública. Con los consiguientes retornos, obviamente.

Una digresión: Yedlin era el hombre pensado para dirigir el Ministerio de Salud apenas asumió Alberto Fernández. De la misma manera, Manzur había sido bendecido para oficiar como jefe de Gabinete de la Nación. Pero Cristina Kirchner los bajó a ambos de un hondazo.

Básicamente porque descubrió que el mandatario tucumano ideaba crear algo llamado “albertismo”. En buen romance, peronismo sin kirchnerismo. De pronto, Manzur se había convertido en una suerte de Augusto Vandor “edulcorado”.

Ello explica la repentina aparición, en las últimas horas, de un explosivo peritaje judicial que asegura que sí hubo sobreprecios en el polémico Plan Qunita, pergeñado cuando el gobernador de Tucumán ocupaba la titularidad de la cartera de Salud de la Nación.

De hecho, Manzur había sido sobreseído en esa causa, pero la decisión fue revocada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2020.

Volviendo a Yedlín, fue quien ofició de “ghostwriter” detrás de la muñeca de la ya mencionada Cecilia Moreau a la hora de redactar el proyecto que quebró el acuerdo con Pfizer. Como puede verse, nada es casual.

No obstante lo dicho, el kirchnerismo no solo hizo lo que hizo para beneficiar a Sigman, sino también a Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio que producirá la Sputnik V en la Argentina. Se trata de un empresario sospechado de ser testaferro de Cristina Kirchner. Con fuertes indicios de certeza.

Dicho sea de paso, el mismísimo dueño de la firma Richmond habló hoy en el parlamento argentino y juró que en el marco del acuerdo para la producción local de las dosis rusas no hubo gestión alguna realizada por el Gobierno Nacional.

Quien lo refutó fue el ministro de Salud bonaerense, Daniél Gollán, el pasado 21 de abril: “Venimos desde el primer día trabajando con Figueiras: le dimos el dato de que podían laboratorios argentinos producir la Sputnik y se fue rápidamente a Moscú”.

Como suele decir una frase del saber popular, “dato mata relato”.


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