Ya lo dijo alguna vez Karl Marx, o al menos la frase se la atribuyeron a él: “La historia se repite dos veces, la primera en forma de tragedia y la segunda en forma de farsa”.

Viene como anillo al dedo a la hora de describir la conducta del kirchnerismo respecto de su relación con la prensa crítica. Por lo ocurrido con el retuit del presidente criticando a los medios. Hecho que a su vez conduce a otro papelón, protagonizado por la portavoz Gabriela Cerruti, quien se molestó por la pregunta que respetuosamente le hizo una colega de diario La Nación.

Nada que deba sorprender. Es parte del ADN del Frente de Todos, que supo despuntar a partir de 2003 con los usuales aprietes que endilgaron a los trabajadores de prensa puntuales ministros y secretarios del gobierno de Néstor y Cristina. Uno de ellos, justamente, Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete de la Nación.

“Yo te puedo hacer mierda”, le decía este último a quien escribe estas líneas cuando publicaba alguna investigación que incomodaba a los dueños del poder. En esos días, uno exponía el choreo de Julio De Vido, Ricardo Jaime, Aníbal Fernández y tantos otros. También de Néstor y Cristina.

Entonces aparecía el llamado de Alberto, siempre puntual y furioso. Que también recibían los colegas de revista Noticias y diario Perfil. Con la misma tónica. Ello escaló con los años y derivó en amenazas, cartas documento, querellas penales y civiles, “escraches” en 678, y la quita de la pauta oficial.

Ahora todo ello parece haber retornado de golpe. Con la misma ferocidad de aquellos días. Acaso peor. Generando los usuales interrogantes: ¿Hasta dónde llegará la escalada contra la prensa? ¿Cuál será el límite de los ataques?

Como se dijo, lo que disparó la bronca de Cerruti —y luego de Alberto— fue motivado por una pregunta sobre la presunta incomodidad de EEUU para con el gobierno argentino. Por sus vínculos con países como China y Rusia.

Básicamente porque ante los mandatarios de esos países Alberto Fernández rindió pleitesía y criticó a la nación gobernada por Joe Biden. Ello luego de haberle pedido ayuda para destrabar el acuerdo con el FMI.

Dicho sea de paso, hay que seguir de cerca lo que ocurra con Martín Guzmán una vez concluida aquella negociación. Es que, como reveló Tribuna de Periodistas hace una semana, el gobierno está tan furioso como sorprendido por cómo llevó adelante el entendimiento con el Fondo. En las reuniones con los capitostes de ese organismo sostenía una cosa y cuando volvía al país decía todo lo contrario.

Juraba que lograría alguna rebaja en las sobretasas del préstamo tomado por Mauricio Macri e incluso que conseguiría ampliar de 10 a 20 años el plazo de pago. Pero era todo mentira.

En otro orden de cosas, está por estallar un inesperado escándalo en el INDEC, en el contexto de la organización del Censo 2022, por la contratación de empresas privadas para llevar adelante el trabajo que bien pueden hacer los trabajadores de ese orgnismo.

Según pudo saber este medio, delegados de ATE elevaron un pedido de informes a las autoridades del instituto de estadísticas por suspicaces “contratos directos” de compañías para tareas que pueden hacer los mismos empleados estatales. El tema es tan áspero que llegó hasta la Auditoría General de la Nación.

Lo curioso es que el único medio que se animó a publicar la trama, El Cronista, decidió borrar la noticia pocos minutos después de haberla subido a la web. Este portal pudo recuperarla:

El INDEC volvió a quedar en el ojo de la tormenta. La contratación de empresas privadas para la realización del censo nacional de población y hogares despertó un fuerte cuestionamiento de parte de empleados y gremialistas vinculados al Instituto que lidera Marco Lavagna en una pulseada que empezó a puertas cerradas y que ahora se trasladó a la Auditoría General de la Nación.

El gremio de ATE con base en el INDEC presentó un pedido de informes a Lavagna para que brinde información sobre todas las contrataciones que se han hecho en el marco del próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

Según el documento que presentaron y al que accedió El Cronista, entendieron que algunas contrataciones podrían considerarse una tercerización de tareas que el organismo está en condiciones de llevar a cabo. A la vez que denunciaron "posibles maniobras ilegítimas" en la licitación de algunas empresas contratadas.

El pedido de informe de ATE exige al INDEC toda la información relacionada con la empresa WITWOT y/o su representante Claudia Zelazny; todo lo que corresponda al INDEC con la aplicación CENSAR y la información relativa a la relación entre la empresa PAPRICKA y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

También se le solicitó información relativa a la relación entre la empresa "Virtualed" cuyo Director Ejecutivo es Pedro Basara actualmente es el director de capacitación del INDEC. Hasta diciembre Basara figuraba en el staff de Virtualed aunque ayer ya no estaba en la nómina. Y se reunieron datos de los productos contratados a la firma Virtualed en forma directa o a través de terceras instituciones. Ante ello se alertó sobre "posibles maniobras ilegítimas" en esta licitación, con un costo de 6.000 millones de pesos.

El censo nacional comenzará a ejecutarse en mayo pero algunas de las empresas ya contratadas empezaron a hacer tareas de recopilación de datos y preparativos que según los denunciantes podrían hacer perfectamente los empleados estatales de del INDEC.

Raúl Llaneza de ATE explicó a El Cronista que en la decisión de contratar empresas por fuera del INDEC nunca se tomó en cuenta la opinión de los directores o personal interno del Instituto así como tampoco se requirieron datos de las oficinas del INDEC de las provincias.

Hay que decir que la trama en realidad se incubó mucho tiempo antes: fue publicada por TDP en exclusiva el 18 de octubre de 2021.

“Hablando de ollas a punto de destaparse, hay en el Indec cierta incomodidad con Pedro Alejandro Basara, quien fue puesto ‘a dedo’ como director de Capacitación, desplazando a un histórico de esa misma entidad. Desde allí juran que el hombre ha comenzado a mezclar sus negocios personales con la función pública. En beneficio propio”, se reveló entonces.

Y se añadió: “A tal respecto, hay que mencionar que Basara está vinculado a la Universidad de Avellaneda y es director Ejecutivo de VirtualEd, empresa que brinda ‘soluciones integrales’ en educación virtual a organismos privados y públicos. En su página web, la hoy ministra de Salud Carla Vizzoti aparece dando testimonio de lo ‘fabulosas’ que son las prestaciones que brinda. Ninguna casualidad”.

En el mismo contexto, una reputada fuente del Indec reveló a este periodista: “Ojo, porque aunque digan que VirtuaLed no está relacionada hay que esperar. Siguen armando el proyecto INDEC Universidad, posiblemente con la UTN de Avellaneda, que cambió el director hace poco. Y aunque a Basara lo quitaron del sitio VirtuaLed, sigue en la imagen del header”. Habrá que estar atentos, pues.

Finalmente, como era de esperar, los medios van apagando poco a poco el tratamiento que venían dando al tema narcotráfico/adicciones en la Argentina, dos caras de una misma moneda.

La última novedad fue que la cocaína que mató a 24 personas contenía carfentanilo, un derivado del fentanilo que sería muy peligroso incluso en dosis extremadamente bajas, ya que siempre produce la muerte de quien lo consume.

Ello echa por tierra las especulaciones respecto de que la droga había sido adulterada con veneno de ratas, en el marco de un enfrentamiento entre bandas narco. Trama que curiosamente insistió en instalar el propio gobierno en los medios.

Como sea, lo ocurrido revela una realidad preocupante: la aparición de nuevos estupefacientes que vienen haciendo estragos en otros países del mundo, como EEUU y México.

Allí, por caso, el carfentanilo no solo ha provocado cientos de fallecimientos en los últimos meses, sino que además es parte de un nuevo cóctel letal de opiáceos llamado “La Muerte Gris”, un producto que ostenta una apariencia similar al cemento y que puede encontrarse tanto en formato compacto como en polvo.

Engloba cuatro sustancias distintas: heroína, fentanilo, el mencionado carfentanilo y un opioide sintético llamado U-47700. El consumo suele ser inyectable, pero también se puede fumar, comer o esnifar.

Ahora mismo, el Estado argentino debería estar investigando quién viene importando grandes cantidades de fentanimo —o carfentanilo— desde China o la India, países que producen aquel producto en grandes cantidades. Conseguir ese dato será la clave para desbaratar lo que viene.

A su vez, alguien debería explicar por qué se han desoído las alertas que viene dando el Departamento de Estado de EEUU respecto del ingreso de fentanilo al país en los últimos años. Algunas de las alarmas han aterrizado en el escritorio del mismísmo Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, quien solo atinó a “cajonearlas”.

Como se ve, hay mucho para explicar en estas horas.


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