A medida que avanza la investigación por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner se va comprobando lo publicado por Tribuna de Periodistas desde el “minuto uno”: que no se trató de ninguna conspiración de la derecha para asesinar a la vicepresidenta.
Lo reconoció este sábado el mismísimo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, al asegurar que el tirador había actuado por iniciativa propia y no sería parte de ningún plan organizado. "Todo indica que estamos frente a un 'lobo solitario'", señaló el funcionario, entrevistado en el programa 'Toma y Daca'.
Entretanto, la jueza María Eugenia Capuchetti avanza con celeridad a efectos de determinar las motivaciones detrás de lo sucedido. No ayuda la actitud del acusado, Fernando Sabag Montiel, quien ha decidido no declarar por el momento.
No obstante, no hace falta: el análisis de su teléfono celular y el testimonio de sus allegados revelarán finalmente qué es lo que llevó al hombre a intentar asesinar a la otrora presidenta de la Nación.
Hasta ahora, todo es brumoso, sobre todo por la personalidad del agresor, un hombre esquivo y paranoico, que cambia de teléfono celular periódicamente y en cada aparato instala un sistema de borrado de mensajes y llamados.
Independientemente de lo que ocurra con Sabag Montiel, la Justicia deberá determinar las responsabilidades políticas de lo sucedido. Porque, ¿cómo es que ocurre tal intento de magnicidio justo después de que Aníbal Fernández juró que se había reforzado la seguridad de Cristina?
También debería dar oportunas explicaciones el jefe de custodia de la vicepresidenta, el excomisario Diego Carbone, quien no estaba en el lugar de los hechos en el momento en el cual más se lo necesitaba.
Incluso el propio Rossi tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados, ya que parte de la seguridad de Cristina depende de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y también falló.
Lo que sí debe descartarse son las teorías conspirativas que empezaron a asomar en redes sociales desde un primer momento, que refieren a armas de aire comprimido o pistolas de agua, y de un “armado” del propio kirchnerismo. Absurdo por donde se lo mire.
En otro orden de cosas, la denuncia contra Sergio Massa que presentó quien escribe estas líneas en la Justicia tuvo un derrotero interesante: el juez Julián Ercolini, sobre quien había recaído la presentación, se declaró incompetente y la envió a su colega Marcelo Martínez de Giorgi, donde ya se sustanciaba otro expediente similar.
Lo curioso es que esa denuncia, impulsada por la legisladora Mónica Frade, se basa en la investigación de… ¡Tribuna de Periodistas! No hay remate.
Hablando de Massa, hay un dato que nadie ha profundizado: refiere a sus oficinas, ubicadas en Torre de las Naciones, a metros de la estación de tren de Tigre. Es un edificio que, según fuentes de su propio entorno, le pertenece a través de un conocido testaferro.
Cristina Kirchner también tiene sus propios “prestanombres”, algunos conocidos y otros desconocidos. Como una mujer llamada Graciela Cháves, oriunda de Villa Regina, Río Negro que actualmente vive en Rio Gallegos.
Es titular de una conocida empresa de publicidad a través de la cual la vicepresidenta y su familia han blanqueado enormes cantidades de dinero mal habido. Es una de las tantas firmas que pululan por esa zona de Santa Cruz, que carecen de actividad lícita y solo se han armado para lavar plata. Hay cientos de ellas.
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