Tal cual viene investigando este periódico, desde hace unos meses, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga una organización dedicada supuestamente al hackeo de casillas de correo electrónico de funcionarios y personajes de farándula vernácula y el posterior comercialización de los datos allí contenidos.

    Este periódico, que se encuentra en las antípodas ideológicas de algunos de los investigados y que condena cualquier eventual accionar delictivo —debe aclararse para evitar cualquier especulación al respecto—, ha desnudado oportunamente los reales intereses detrás del fogoneo de la mencionada causa judicial: el aleccionamiento de los enemigos K y el desvío de culpas por parte de ciertos funcionarios de la Inteligencia argentina.

    "En ese juzgado (el de Arroyo Salgado), no casualmente, se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política K", se publicó hace apenas unas semanas (1) al respecto.

    Es dable recordar quiénes son los involucrados en la causa de los mails que investiga la jueza de San Isidro: Juan Bautista “Tata” Yofre, ex titular de la SIDE; Iván Germán Velázquez, ex agente de la SIDE y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); Daniel Reimundes, general retirado; Héctor Alderete, responsable del portal Seprin; y Pablo Carpintero, también ex agente de la PSA. Eventualmente, aparece también el nombre del impresentable ministro de Justicia, Aníbal Fernández.

    A todos ellos se los investiga por ser parte de la supuesta "asociación ilícita". Lo que pocos saben es que, detrás de esta trama, se esconde otra aún más interesante que intenta salvar el pellejo de varios funcionarios de la ex SIDE, políticos, militares, ministros y hasta el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner.


Quema esas cartas

    Según una fuente inobjetable de la justicia de San Isidro, dependiente del fuero judicial de San Martín, habría una frondosa y comprometedora documentación de Inteligencia que la jueza oculta —presionada—, a efectos de salvar el pellejo de un grupete de funcionarios públicos. En ese contexto deben entenderse las erráticas medidas tomadas por la magistrada en torno a la investigación de la supuesta organización "traficadora de mails".

    Uno de los hechos que refrendan este ocultamiento de la realidad tiene que ver con el "ninguneo" hecho sobre el mencionado ex agente Iván Velázquez, de quien se oculta —sospechosamente— su vinculación con la SI.

    En tal sentido, la jueza parece omitir un interesante cruce de llamadas y escuchas telefónicas entre algunos números que figuran en la causa. Es el caso del 6364-3662, perteneciente presuntamente a Velázquez y el 4827-8500/8540 perteneciente a la Base de Coronel Díaz de la SI, donde hay sendas conversaciones con ex directores de la misma —responsables de Reunión Exterior (Sectores 31 y 32)—, los agentes Raúl Maytel y Alejandra Ravenna, ambos "manos derechas" del director de Contrainteligencia de la Secretaría, Jaime Stiusso.

    Estas conversaciones —que están en poder del juzgado— determinarían no sólo la permanencia de Velázquez en el organismo de Inteligencia vernácula hasta el 1º de Mayo de 2006, sino que involucrarían al propio Stiusso y confirmarían los fuertes dichos de Velázquez, efectuados junto a su colega Pablo Carpintero al diario Perfil hace unos meses. Allí, ambos hablaron sobre la existencia de una "conspiración" para con ellos por no colaborar con sus ex jefes, luego de haberse asimilado a la estructura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2).

    En estas conversaciones, que posee la jueza —y que se esconden por presión de Fernando Pocino y Stiusso—, se encontrarían amplias charlas telefónicas con el secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Germán Montenegro y el agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Alfredo Maciel. En una de las escuchas, Montenegro le solicita a Velázquez que hable con su "fuente" para que le "prepare algo sobre la situación militar y la unión de promociones" por un pedido especial de la Ministra (Nilda Garré), a quien en este caso se refiere explícitamente como la "señora".

    Asimismo, para proteger a la jefa de la cartera de Defensa —por orden de Pocino— se extrajeron de la causa las fotografías que los agentes de la SI efectuaron de las reuniones mantenidas en un bar de la Avenida Beiró y en otro muy cercano al Ministerio de Defensa, donde se lo ve a Velázquez reunido con Maciel y Montenegro respectivamente.

    Por si no fuera suficiente, la magistrada habría ocultado las escuchas de Nextel que vinculan a un ex suboficial del Ejército —y actual Personal Civil de Inteligencia—, Joaquín Santiago, quien oficiaba de nexo entre Velázquez y Pocino, y entre Velázquez y el Director de Inteligencia del Ejército Argentino, César Santos Milani.

    En concreto, hay pruebas de sobra, las cuales comprometen seriamente a ciertos funcionarios nacionales e importantes agentes de la SI. Por caso, existe un cuerpo completo del expediente judicial que posee una veintena de carpetas provenientes de una dirección de correo electrónico —marianomejia32@gmail.com—, en la cual Fernando Pocino recibía mails del mencionado suboficial Santiago, conteniendo información que este repartía, por un lado, usando al Teniente Coronel Pablo Quiroga y, por el otro, al Director de Inteligencia del Ejército Argentino, General Cesar Santos Milani.

    Otras pruebas incriminatorias consistirían en el contenido de ciertas conversaciones a través de Nextel entre la Jefa de la Base Billinghurst, Fernanda Madeo, Gustavo Queirolo, Pablo Quiroga y el Propio Pocino.

    Pero la evidencia más elocuente y explosiva —y que inevitablemente traerá fuertes dolores de cabeza a más de uno—, está relacionada con una "escucha" en la cual el ex presidente Néstor Kirchner le pide a Velázquez un "favor personal" para su esposa.


Concluyendo

    Pocos saben que la campaña de satanización contra algunos de los supuestos integrantes de la banda que hackea correos electrónicos, llevada a cabo por varios periodistas —entre ellos Irina Hauser de diario Página/12 y Rolando Graña del programa televisivo GPS (3)— estaría siendo propulsada desde los bolsillos de la propia Secretaría de Inteligencia para encubrir, entre otros, al nombrado director de Contrainteligencia, Jaime Stiusso.

    Como se ha mencionado más arriba, Tribuna de periodistas no tiene amistad, ni afinidad ideológica —ni laboral— con ninguno de los acusados. Pero, más allá de las eventuales diferencias, preocupa cómo se manipula una causa judicial a efectos de castigar a ciertos enemigos oficiales.

    En ese sentido, las preguntas más sencillas aparecen como enigmas irresolubles:

    -¿En qué consiste específicamente el juego del que es parte la jueza Arroyo Salgado?

    -¿Cuál es el vínculo entre este expediente judicial y el encubrimiento de la causa AMIA, del cual es parte su marido, el incombustible fiscal Alberto Nisman?

    -¿Por qué la magistrada no da entrevistas a la prensa cuando, por el contrario, en el caso Febrés se cansó hasta el hartazgo de pasearse por los medios?

    -¿Qué sucederá cuando las pruebas mencionadas comiencen a trascender?

    -¿Sabrá la joven funcionaria que su conducta es pasible de un pertinente juicio político?

    Preguntas sin respuesta ...

Christian Sanz

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4078

(2) Ver http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0259/articulo.php?art=7279&ed=0259

(3) Ambos periodistas son operadores a sueldo de la ex SIDE. Así lo ha denunciado oportunamente este medio:
https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3392