En los últimos días, se ha profundizado fuertemente el lobby que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, está efectuando en pos de la despenalización de la tenencia de estupefacientes, una medida que los cárteles de la droga festejan con elocuente alevosía.

    Genera enormes sospechas tal medida por parte del funcionario, sobre todo teniendo en cuenta que los pocos países que en su momento se animaron a despenalizar el consumo de drogas, están volviendo a sus esquemas de prohibición debido al rotundo fracaso que esto les representó.

    Si a esto se suma su negativa a reglamentar la ley de precursores químicos —tal cual lo ha denunciado José Granero, titular de la Sedronar— sancionada en el año 2005, todo se vuelve aún más preocupante. Recordemos que el nombre de Aníbal Fernández apareció salpicado oportunamente en el marco de los escándalos por la aparición de droga en una unidad básica en el año 1994 y en relación a las valijas blancas de Southern Winds.

    En el mismo sentido, su persona aparece rozada en el "accidente" ocurrido en mayo de 2005 en el norte del país, donde volcó un auto policial y quedaron al descubierto 116 kilos de cocaína. Pocos saben que esa droga venía dirigida a la Provincia de Buenos Aires en el marco de un servicio "puerta a puerta" que, según una fuente de la mismísima Casa de Gobierno, ofrecería gente cercana al propio Fernández. "Se trata de dejarle vía libre a un grupo de policías federales corruptos mandados por el jefe de policía para que hagan operativos antidroga en Salta, se confisca droga y se deja ir a los narcos como compensación de no denunciarlos a cambio de quedarse con la droga", aseguró la fuente referida, agregando que "de este modo lo que se quedan los funcionarios es una suma de cerca 100 kgs por mes de droga gratis, sin pagar un peso por ella aunque no sea de la mejor calidad. Los polis la llevan directamente a una dirección que les provee el ministro cuando el móvil policial recién cruza al territorio de la provincia".

    Según el mismo informante, los policías irían siempre a diferentes destinos de la zona sur: "utilizan las lanchas de la Federal que cargan nafta con plata del presupuesto como fleteros desde el norte hasta el destinatario final donde se fracciona la droga y se pone a la venta".

    Más allá del tema puntual del conurbano, todas las fuentes consultadas (1) coinciden en asegurar que el gran negocio de los narcos en el gobierno sería exportar droga a Europa. Hay muchas formas de hacerlo, una de ellas es a través de valijas, como en el caso SW. Un confidente estrechamente vinculado al actual intendente de Quilmes, Sergio Villordo, admite que "uno de los métodos más originales para traficar droga es diluirla en botellas de vino y retirarla luego a través de procedimientos químicos que sólo lo pueden hacer ingenieros altamente adiestrados. Embotellar cocaína después de diluirla es un proceso delicado que sólo se puede hacer en laboratorios especiales, no en la cocina de una casa".

    Otra fuente, cercana al ministerio del Interior describe una forma más sencilla de traficar estupefacientes a través del envolvimiento de cueros crudos que se exportan también mediante procesos químicos. "Si averiguás las relaciones de Aníbal con dos curtiembres de la provincia, verás la conexión de la exportación de cocaína", dice el informante de marras.

    Sabré más tarde que los cueros son tratados en curtiembres con una sustancia muy olorosa que sólo fabrica la empresa Bayer de Alemania y que antecede a otro procedimiento para que los perros especializados no puedan detectar el olor de la droga.

    Prosigue el informante: "Se utilizan barcos y hay dos puertos claves para eso, el de Rosario y el de Buenos Aires. Ambos fueron privatizados y las terminales de carga son agujeros negros con depósitos especiales a los que no tiene acceso la Aduana. En el de Baires, el que los privatizó con esos fines y conoce esos movimientos es el ex diputado y ex jefe de puertos de Menem, Jesús González, asesor en las sombras de AF".

    Según la misma fuente, el puerto de Rosario fue privatizado por "el dormido de Reutemann" y Jorge Obeid habría querido denunciar las trampas de la Terminal cuando asumió como gobernador, "pero AF le pidió que no lo hiciera ni denunciara penalmente a la privatizadora de ese puerto, Maria Grande, que es la esposa del diputado Jorge Giorgetti quien es a su vez otro operador portuario en las sombras del ministro" (2).


Decíamos ayer

    Oportunamente, este periódico contó en detalle cómo, el 8 de mayo de 2005, cuatro efectivos de la Policía Federal —entre ellos el tercer jefe de la Delegación Salta— fueron detenidos en Jujuy con 116 kilos de cocaína, luego de volcar la camioneta oficial en la que viajaban. La Policía Federal sostuvo que la droga que tenían los agentes había sido incautada durante un procedimiento realizado en la ciudad fronteriza de Salvador Maza y que los uniformados la estaban trasladando desde esa ciudad hasta la capital salteña. Pronto se supo que eso no era verdad y el juez federal jujeño Mariano Cardozo, ordenó detener a los policías hasta que todo se esclareciera.

    Quien finalmente aclaró todo fue otro magistrado, Raúl Reynoso —de la localidad de Orán—, quien contó que él mismo había ordenado realizar peritajes sobre esa droga y solicitó a los uniformados que le enviaran el sumario con el cargamento de cocaína, lo cual nunca sucedió. En lugar de ello, la comisión policial partió desde Salvador Maza, en Salta, por la ruta 34 y, lejos de dirigirse a Orán, siguió viaje a través de la provincia de Jujuy, en dirección a la capital salteña. A partir de ese momento, funcionarios judiciales que intervinieron en la causa comenzaron a evaluar la posibilidad de que los policías estuvieran traficando esa drogas.

    Los implicados directos fueron el cabo Javier Aguilera, el subcomisario Daniel Dionisio Ferreyra, el subinspector Dante Callave y el cabo primero Daniel Guzmán, quienes viajaban en el vehículo que volcó con los estupefacientes. A nivel superior, fueron relevados de sus cargos el jefe y subjefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, comisarios Carlos Díaz y Guillermo Osler, respectivamente.

    En ese marco, sucedió lo inesperado: Aníbal Fernández —entonces ministro del Interior— envió al director de Delegaciones de la Policía Federal, comisario José Darío Mazzaferri para apoyar a los policías detenidos, lo cual fue interpretado por los jueces —junto a varios llamados del Ministro del Interior— como un “acto mafioso”. Según consignara entonces revista Veintitres, habría habido presiones para que el juez de Orán “inventara un operativo para justificar el origen de la droga”.

    "Tengo la absoluta tranquilidad respecto al proceder de los efectivos", aseguró Mazzaferri en referencia al proceder de los uniformados que llevaban la droga. Días después, el 8 de junio, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Medina, acusado de entorpecer la labor judicial al manifestar públicamente que el secuestro ilegal de cocaína había sido "exitoso" y defender la labor de los efectivos que estaban detenidos.

    Una vez más, el largo brazo del ministro kirchnerista había logrado su objetivo, como cuando —en octubre de 1994— la Policía bonaerense allanó Estadio Chico de Quilmes y encontró medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas y tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.

    La droga y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas —de la reforma constitucional de la provincia—, por el Si, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año. Estadio Chico llevaba tres años como local de la Liga Federal.

    En esa oportunidad —y como siempre—, Fernández, entonces intendente de Quilmes, pudo salir airoso del oscuro episodio.


Concluyendo

    Quienes hacemos periodismo de investigación, tenemos muy clara una premisa que es indispensable a la hora de recibir información: toda fuente es interesada. Mucha de la información que un periodista recibe tiene una carga implícita de interés personal por parte de la persona que nos la facilita. Es un principio de perogrullo.

    Así y todo, el hombre de prensa tiene la obligación de chequear la información brindada y, si es real, publicarla, más allá de que pueda beneficiar o perjudicar a un personaje determinado.

    Los negocios vinculados a la droga relacionados al kirchnerismo son harto conocidos, incluso en la Embajada de Estados Unidos, pero la diplomacia —hipócrita— suaviza y esconde estas quejas subterráneas. Es parte del juego político.

    Lo que no se entiende es cómo el periodismo no se involucra en este tipo de temas que son de innegable interés público y prefiere privilegiar situaciones de dudoso valor periodístico.

    Tal vez tenga que ver con las palabras finales de uno de mis informantes: "no me hables de la pureza periodística pues estamos cansados de ver en el Ministerio (del Interior) entrar todos los primeros de mes a varios periodistas, como Ricardo Kirschbaum (Clarín), Eduardo Van der Kooy (Clarín), Román Letjman, Rolando Graña y más, que vienen a buscar sus sobres".

    Tal vez en este marco, sólo tal vez, se entienda la falta de involucramiento en este tipo de temas por parte de los principales medios de prensa.

Christian Sanz

(1) Se consultó a dos funcionarios de Casa de Gobierno, a un asesor de segunda línea del partido de Quilmes, un secretario de ministerio y a varios miembros de la Policía Federal.

(2) Giorgetti tiene amplia influencia en el Puerto de Rosario y por eso sería uno de los hombres de "operativos" para exportaciones "oficiales".