Uno puede estar o no de acuerdo con la política que lleva adelante, puede no gustarle la metodología de trabajo de sus integrantes y hasta puede detestar la cara de los funcionarios que la integran. Lo que nadie puede hacer es acusar a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de no hacer bien su trabajo. De hecho, sería necio decir algo semejante.

    Desde hace años, cuando el kirchnerismo se hizo fuerte, comenzó una sorda batalla entre el ministro de Justicia —entonces al frente de la cartera de Interior—, Aníbal Fernández y José Granero, titular de la Sedronar. De a poco, el primero le fue recortando funciones —y presupuesto— al segundo, llevando a la oficina antidrogas a un estado de virtual parálisis presupuestaria.

    A estas movidas se sumó una incesante embestida, siempre por parte del ministerio de Justicia, a través de ciertos medios de información. Por caso, Crítica de la Argentina formó parte de una serie de operaciones de prensa contra Granero que no excluyeron la más insólita mentira para justificar supuestas denuncias contra sus funcionarios de confianza.


La trama detrás del revés

    Hay una realidad inobjetable: hay inevitables intereses políticos detrás de todo aquello que esté tangencial o directamente relacionado a temas de narcotráfico en la Argentina. No es casual, en ese marco, que media docena de funcionarios de relevancia del kirchnerismo estén relacionados al tráfico de estupefacientes.

    Ahí es cuando se sospecha sobre la insistente política —tan insistente que provoca enormes suspicacias— de despenalizar la tenencia de drogas y de dominar el poderoso registro de precursores químicos. Este último listado es manejado hasta el día de hoy por la Sedronar pero está en la mira de Aníbal Fernández, quien quiere hacerse con su control de toda manera posible.

    Oportunamente se escribirá sobre los intereses foráneos en la cuestión, de la mano de George Soros —gran despenalizador que en realidad intenta blanquear su propia fortuna—, quien a su vez financia a periodistas de la talla de Horacio Verbitsky, el cual tiene gran influencia sobre personajes de la magnitud del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Y así sucesivamente. Pero esto es arena de otro costal.

    Las movidas contra la Sedronar por parte del Poder Ejecutivo y, más específicamente por parte del Ministerio de Justicia, son un clásico ya. De tan insistente y frontal, la embestida de Aníbal Fernández se hace sumamente evidente y muestra a las claras el interés que ostenta por quedarse con la potestad de esa dependencia.

    Un dato sorprendente en ese sentido: el bigotudo ministro cuenta con la inestimable ayuda de las interesantes operaciones de prensa que lleva a cabo el diario Crítica de la Argentina, particularmente con la firma del periodista Cristian Alarcón, a la sazón vocero de la despenalización de estupefacientes merced a su gran cercanía al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

    En dicho marco, Tribuna de periodistas está en condiciones de anticipar una nueva movida contra la Sedronar. Se trata de una medida que se ha planificado en el más estricto secreto dentro de las paredes del ministerio de Justicia y que tiene que ver con un allanamiento que el juez Luis Armella —no casualmente de la localidad de Quilmes— hará en las próximas horas a la sede de la entidad que comanda Granero.

    El procedimiento se hará en relación al "descubrimiento" de droga en una camioneta de la Sedronar ocurrido en diciembre de 2008 y que fue publicado por el diario Crítica en el marco de una supuesta "primicia" que no fue tal. Sólo basta prestar atención a lo sucedido —y publicado— para darse cuenta de que la droga fue "plantada" en el vehículo.

    ¿Quién haría semejante operativo? Tal vez alguna persona que sueña con quedarse con las atribuciones de la secretaría antidrogas.

    La misma persona a la cual responde el mismísimo juez Armella. No es poco.