En marzo de 2009, este periódico denunció una millonaria defraudación al fisco que involucra a la Dirección Nacional de Aduanas junto a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Se publicó en esos días: "Es sabido que, oportunamente, ambas oficinas estatales establecieron prohibiciones a la importación de determinadas mercaderías al país, lo cual provocó una suerte de perjuicio económico a conocidos importadores de diversos tipos de productos.

    Pocos saben que, ante ese panorama, un grupo de empresas solicitó ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en febrero de 2009, media docena de medidas cautelares a efectos de que se levantaran dichas prohibiciones. Se trata de las siguientes firmas:

    -Bunge Argentina SA, Expte. 33.286/2008.

    -LCD Argentina S.A, Expte 2/2009.

    -Cargill SACI, Expte. Nº 35107/2008.

    -Noble Argentina SA, Expte Nº 28395/2008.

    -Oleaginosa Moreno Hnos., Expte Nº 33.247/08.

    -Nidera SA s/medida cautelar.

    Y acá viene lo interesante: las cédulas libradas por cada uno de los juzgados llegaron al departamento Judicial de la Aduana, pero algunos abogados de esa dependencia omitieron —¿neglicencia o por cohecho?— contestar las medidas cautelares, por lo que estas quedaron firmes y por lo cual las mercaderías "prohibidas" finalmente ingresaron a territorio aduanero argentino, lo que causó una defraudación al fisco de aproximadamente 120 millones de dólares (valor aproximado de las mercaderías)".

    Al día siguiente de haber publicado el artículo de marras, se removió de su cargo a Raúl Bustos Cara, subdirector General de Legal y Técnica Aduanera. En su reemplazo fue nombrado el "pingüino" Eduardo Palomo, un "amigote" del ex director de Aduanas, Ricardo Echegaray.

    Asimismo, se presentó una denuncia ante la Justicia por diversos delitos que surgirían de la maniobra: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, asociación ilícita, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y estafa procesal contra el órgano de control AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) .

    Asegura la denuncia: "Nuestra intención es intentar poner a la luz mecanismos mediante los cuales se produjeron todas estas irregularidades, así como también los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en estos hechos, desde el departamento Judicial de Aduanas, la Directora Nacional de Aduanas , el secretario de la ONCA, y que con la eventual complicidad —o al menos aquiescencia— del Estado argentino, no contribuye a aclarar todas estas cuestiones.

    (...) Un deber de lealtad intelectual nos obliga a consignar aquí la importancia del trabajo de investigación que ha desplegado a ese respecto el periodista Christian Sanz, quien es parte integral de esta denuncia. Es de público y notorio conocimiento la solvencia desplegada por él en investigaciones destinadas a desentrañar las apariencias y profundizar las realidades."

    Lo novedoso es que, en las últimas horas, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, ha sido imputado en el marco de un expediente que se desprende del iniciado por este medio y que tramita en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Gregorio Aráoz de Lamadrid. "La querella fue iniciada por empresas cerealeras y se lo acusa (a Echegaray) por incumplimiento de los deberes de funcionario público", admitió una fuente judicial a este periodista.

    El titular de la AFIP tiene mucho que explicar, no sólo en relación a su desempeño en la Aduana, la ONCCA y la AFIP, sino también por el cajoneo de expedientes que comprometían a los Kirchner en Santa Cruz en épocas de "Néstor gobernador".

    ¿Será justicia?

Christian Sanz