Mientras los medios de prensa siguen informando incesantemente acerca del "acuerdo" que han refrendado el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) advirtió que, junto a TyC Sports, iniciará en los próximos días una demanda por más de 1.500 millones de dólares contra Julio Grondona y los clubes de fútbol por "incumplimiento de contrato" referido a los derechos de televisación.

    El comentario no ha pasado desapercibido a los oídos del kirchnerismo, motivo por el cual el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, ha armado en las últimas horas una improvisada reunión oficial con algunos de los funcionarios de su confianza para "aleccionar" a ambas firmas.

    Los presentes en ese encuentro fueron, el abogado Héctor Fernando Caamaño, subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva; el abogado Sergio Ariel Mancini, subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas; y el contador Carlos Alberto Martínez, subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales. A todos ellos, Echegaray les dio instrucciones precisas para que investiguen a Marcelo Bombau, presidente de TSC y TyC Sports, por supuesta evasión fiscal y/o lavado de dinero.

    En sentido similar, ordenó a los abogados aduaneros kirchneristas —y socios de Rudy Ulloa Igor en ciertos negocios aduaneros—, Carlos Sergio Cazolato y Eugenio Carlos Olaverria, que investiguen al estudio de abogados M & M Bomchil, cuyo Jefe de los Departamentos de Fusiones y Adquisiciones, Derecho Aduanero y Comercio Exterior, no casualmente, es el citado Bombau.

    Por si esto no fuera suficiente, Bombau también es manager de las empresas norteamericanas Mergers & Acquisitions, Entertainment, E-commerce, Customs Law and Foreign Trade and High Technology Law, firmas que en estas horas también están siendo investigadas por supuesta evasión fiscal, lavado de dinero y/o comisión de supuestas infracciones aduaneras.

    Todas esas indagaciones —probablemente infundadas— han sido ordenadas por Echegaray y tienen como fin último neutralizar los efectos de la inminente demanda que TSC y TyC Sports tenían previsto iniciar contra Julio Grondona, la AFA y los clubes, que decidieron la rescisión unilateral del contrato para la televisación del fútbol. A eso también debe sumarse una serie de fuertes inspecciones que la AFIP y el Ministerio de Trabajo harán sobre las empresas del multimedio, a pedido del mismísimo Néstor Kirchner. "La idea es tratar de aleccionar a los medos en general, por lo cual enviarán docenas y docenas de inspectores, acordáte", confesó una fuente de esa misma dependecia (AFIP).

    Ya Echegaray en su momento fue partícipe principal de un gran papelón, representado en la falsa acusación al dirigente Francisco De Narváez de estar vinculado al narcotráfico —dicho sea de paso, ¿qué pasó con esa "gravísima" denuncia?—, algo que parece querer emular en estas horas.

    ¿Otro tropiezo con la misma piedra?

Christian Sanz