Finalmente, ocurrió lo que se esperaba: la Justicia falló. Falló en la aplicación de su propia norma, contra el sentido común y los principios más elementales del derecho vernáculo.

    El Tribunal Oral N° 24, integrado por los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Raúl Llanos, condenó a Omar Chabán a 20 años de prisión, y a Diego Marcelo Argañaráz y Carlos Rubén Díaz a 18 años de prisión cada uno; a su vez, a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández sólo les dieron 2 años de prisión —que obviamente quedará en suspenso— a cada una; y al ladero de Chabán Raúl Villarreal sólo lo condenaron a 1 año de prisión —también en suspenso—. Lo más insólito: a los integrantes del grupo Callejeros directamente se los absolvió.

    ¿Cómo explicar técnicamente a los padres de los 194 chicos fallecidos a fines de diciembre de 2004 que Chabán haya sido condenado a sólo 20 años de prisión y con posibilidad de apelar la sentencia?

    ¿Cómo explicar que no haya sido condenado el grupo Callejeros, a pesar de que se ha probado sobradamente que incitaron recurrentemente a ingresar bengalas a sus seguidores?

    ¿Cómo explicar que Fabiana Fiszbin no vaya presa siendo la persona que promovió el sistema de coimas por handy que permitió que se trampearan los controles municipales que llevaron a la desidia final?

    ¿Cómo explicar que siquiera haya sido mencionado Aníbal Ibarra, quien permitió que se dieran las condiciones que provocaron esta tragedia?

    No hay manera de explicar ni tolerar la muerte de un hijo. No hay palabras que describan esa terrible sensación, más aún cuando ha sido en un marco tan horroroso como el incendio de República Cromagnon.

    Por lo visto, no ha entendido la Justicia lo que ocurrió esa macabra noche de 2004. No sólo debe ponerse la lupa sobre la responsabilidad de los involucrados directos. Existe un compromiso intrínsico-lineal por parte de funcionarios públicos y empresarios privados que llevaron a que se dieran las condiciones que permitieron que sucediera lo que sucedió.

    Aquel que no entienda este básico concepto, no ha entendido nada de lo que pasó hace casi 5 años. Es un grave error que esto suceda, porque el hecho de no contextualizar las responsabilidades, permite que la tragedia de Cromagnon vuelva a suceder en el corto, mediano o largo plazo.

    Si la irresponsabilidad oficial no es penalizada, ¿cómo se evitará que vuelva a suceder lo ocurrido entonces?

    Si el funcionario público —cualquiera que sea— no es sancionado por haber actuado incorrectamente, ¿quién asegura que no vuelva a cometer los mismos desaguisados a futuro?

    El fallo que la Justicia ha dado a conocer en el día de la fecha, es compañero ideal para un día gris como el de hoy, donde las nubes ocultan todo atisbo de claridad.

    Toda una alegoría para una jornada que será destinada a la inevitable condena social.

Christian Sanz