Mientras la sociedad sigue sorprendida por la suspensión del juez Federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, la Cámara Federal de Apelaciones de San Isidro, en un gesto que sorprendió a propios y ajenos, designó a la polémica titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para subrogarlo.

    Es dable recordar que se trata de un tribunal utilizado por el kirchnerismo para embestir contra sus enemigos, dentro y fuera de la política. Por caso, la magistrada Arroyo Salgado fue designada gracias a los oficios de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), dependiente —más que nunca— de la Presidencia de la Nación.

    En su juzgado, no casualmente, se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política K.


Abogada del diablo

    Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, CUIT 23-20729803-4, nacida el 1º de julio de 1969, fue designada jueza gracias al oportuno lobby hecho por el kirchnerismo sobre la Comisión de Acuerdos del Senado, que la calificó con el mayor puntaje de su terna a pesar de que los candidatos con los que compitió —Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo— tenían un conocimiento mucho mayor sobre derecho. En tal sentido, el sitio La política on line aseguró: “La elección (de Arroyo Salgado) sorprendió en el Poder Judicial, teniendo en cuenta la experiencia judicial de los candidatos que compitieron por el cargo. Tiene un postgrado en Derecho en la Universidad Austral (Opus Dei) y unos pocos artículos publicados“.

    No bien fue refrendada su designación por Néstor Kirchner —a través del decreto 713/2006—, la novísima jueza comenzó a trabajar en algunas de las causas que quitaban el sueño al oficialismo, una de ellas relacionada a una supuesta intrusión o hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En breve se comentará sobre este tópico.

    Arroyo Salgado es una persona obsesionada con el bajo perfil —no da entrevistas y no le gusta que se hable de ella— y es vista por sus colegas como una persona adicta a su trabajo, siempre relacionado a la temática judicial. La mayor parte de su carrera la hizo como defensora pública, comenzando a los 18 años como “meritoria” en un juzgado federal porteño. Más adelante, llegó a ser relatora del camarista Gerardo Larramberre.

    Uno de los antecedentes que querría borrar de su pasado está relacionado a su desempeño como asesora del impresentable embajador argentino en México, Jorge Yoma, cuando este era senador nacional y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yoma, es dable recordarlo, ha sido una de las espadas del saqueo menemista dentro del Senado en los años 90.

    Oportunamente, diario La Nación describió a Arroyo Salgado como “fanática” de la tarea judicial: “el trabajo es una de las principales prioridades de su vida. Tanto, que hace que el grueso de las decisiones pase por ella misma. Le cuesta mucho delegar y ella misma intenta llevar adelante audiencias y entrevistas (…) Cuando tiene tiempo libre, suele dedicarse especialmente al deporte. Es del estilo de mujeres que ponen un toque de atención especial a su figura. Juega al tenis todos los fines de semana, va al gimnasio cada vez que puede y suele salir a correr. Una preocupación por la actividad física a la que sólo es capaz de renunciar por una buena película en el cine”.

    Aunque no suele mencionarse, Arroyo Salgado tiene dos hijas —una de un año y otra de nueve— y está casada con Alberto Nisman, a la sazón fiscal especial de la causa por el atentado a la AMIA. Este último detalle es clave, no sólo para entender el sospechoso desempeño de la jueza, sino también su nombramiento.


Embestida K

    Desde hace tres años, en el juzgado de San Isidro comandado por Arroyo Salgado, se lleva adelante una investigación judicial por el supuesto "hackeo" a las cuentas de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. En el marco del expediente —que se maneja con total reserva— se allanaron los domicilios de periodistas, operadores y ex agentes de la SIDE, supuestamente involucrados en la intrusión —y posterior comercialización— de diversas cuentas de correo electrónico de funcionarios del Estado y personajes de la farándula.

    La historia que se esconde detrás del avance de esta causa judicial es sumamente interesante, ya que no todo es tal y como se ha hecho trascender públicamente. Por caso, hay una docena de documentos que prueban que el pedido de hackeo de cuentas de funcionarios partió desde el despacho de al menos tres poderosos ministros del Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial alguna, como exige la ley. “La verdad es que muchos de los que ahora putean porque les hackearon el mail se lo merecen, porque ellos primero pidieron hackear a otras personas y terminaron burlados. Lorenzetti es uno de ellos”, aseguró a este periódico una muy confiable fuente tribunalicia de San Isidro.

    Iván Germán Velázquez, ex funcionario de la SIDE acusado de haberse entrometido en emails privados, puede dar cuenta de ello, ya que algunos de los pedidos para hackear cuentas ajenas, le fueron dados por escrito por funcionarios que hoy siguen ostentando un gran poder en el entorno kirchnerista. ¿Qué hará la jueza en caso de tener que enfrentarse con esa documentación? ¿Se animará a embestir contra poderosos ministros del kirchnerismo?
    Más allá de la acusación formal de Arroyo Salgado, pocos saben que el “expediente Lorenzetti” se está utilizando para dirimir internas entre funcionarios públicos y aleccionar a medios críticos. Veamos.

    Por un lado, existe un fuerte enfrentamiento entre altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia —uno de ellos es el incombustible Fernando Pocino— y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández —otro impresentable—. Un sector acusa a otro de “operar” y viceversa. Lo único cierto es que ninguno de los dos grupos es trigo limpio.

    Como se dijo anteriormente, Arroyo Salgado fue bendecida por funcionarios de la SI para que pudiera recalar en San Isidro. A su vez, la jueza responde a los intereses del Poder Ejecutivo, sitial al que pertenece, por transición, Fernández. Un verdadero dilema para la magistrada, que deberá resolver en el corto plazo, antes de que esta causa judicial le explote en el rostro.

    Por otro lado, como se mencionó más arriba, se ha forzado la participación de diversos actores “enemigos” del kirchnerismo en el entramado de la causa. “Se aprovechó para involucrar a personas a las que el gobierno les tenía mucha bronca, especialmente al Tata Yofre. Hay mucha bronca por sus libros a favor de la dictadura militar, que venden mucho y logran llegar a mucha gente indecisa de lo que pasó en los años 70″, afirmó la fuente antes mencionada.

    Recordemos que, de acuerdo a lo ya informado por este y otros medios, el viernes 13 de junio de 2008, fueron allanados los domicilios de Juan Bautista “Tata” Yofre, Héctor Alderete —presidente de Seprin— , Roberto García —subdirector de Ámbito Financiero—, Pablo Carpintero —ex agente de la PSA—, Daniel Reimundes —ex secretario general del Ejército— y el nombrado Iván Velázquez.

    Si bien este periódico no adhiere a la ideología de la mayoría de los mencionados —ni a sus métodos de trabajo—, lo real es que no parece haber prueba concluyente real sobre ninguno de ellos a efectos de acusarlos de vender información privada.

    Por otro lado, se sabe que los que han impulsado esta causa judicial son agentes de la ex SIDE que responden a Fernando Pocino, tristemente célebre por su espionaje al periodismo crítico del gobierno. Uno de sus hombres de confianza, Gustavo Queirolo, es quien daría precisas instrucciones a la jueza al menos dos veces por semana para que avance en uno u otro sentido.

    Asimismo, Queirolo es quien, junto a otros dos espías, da información a los medios adictos al kirchnerismo —especialmente a diario Página/12— para que la publiquen sin chistar (1).


Concluyendo

    La designación de Sandra Arroyo Salgado como subrogante de Faggionato Márquez es una cuestión que, más temprano que tarde, deberá explicar el gobierno. Se trata de una jueza que debe demasiadas explicaciones en torno a su errático desempeño profesional y que sigue los pasos del magistrado que acaba de ser suspendido.

    De hecho, sus carreras son muy similares: son funcionarios muy jóvenes, a cargo de sensibles juzgados Federales, sin experiencia previa a la hora de hacerse cargo de semejante responsabilidad y nombrados por los servicios de Inteligencia del Estado. Un nombre los une a la hora de entender sus contactos para con el kirchnerismo, Javier Fernández, auditor General de la Nación.

    Este último es quien ha hecho de hombre de los mandados entre los jueces y el gobierno. Su cabeza está secretamente en la mira de la oposición y su silencio cotiza muy alto, especialmente por sus contactos con un ministro que lleva su mismo apellido.

    Lo que Fernández no sabe es que sus díias de gloria han comenzado a esfumarse y nadie saldrá a rescatarlo. Se trata de una nueva "patología", a la que en los pasillos de Casa de Gobierno denominan "el síndrome Faggionato". Es lo que sucede cuando el kirchnerismo se da cuenta que sostener a un funcionario puede traer más problemas que beneficios y se le quita todo respaldo oficial.

    Son los síntomas del debilitamiento que el oficialismo viene sufriendo en los últimos meses y que, después de diciembre, provocará una inevitable explosión.

Christian Sanz

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=5697