El pasado jueves 19 de noviembre de 2009, ocurrió un hecho que merece destacarse y que pasó casi desapercibido frente a la catarata de información de los medios: se derogaron las figuras legales de "calumnias" e "injurias", previstas en los artículos 109 y 110 del Código Penal argentino. Si bien para la mayoría de la sociedad, esto podría no tiene mayor significancia, para el periodismo es un paso descomunal en pos de la libertad de expresión.
    Es que, durante años y años, funcionarios de todo tipo de extracciones e ideologías han sabido hostigar a los hombres de prensa iniciando causas judiciales en su contra, a través de la utilización de ambas figuras penales. Esto solía provocar una suerte de mordaza en el periodista ya que, si bien las primeras condenas prevén "prisión en suspenso", la acumulación de fallos adversos podían llevar al cronista tras las rejas.
    Ambas figuras, que aparecen en un apartado del Código Penal denominado "delitos contra el honor", sostenían que, la falsa imputación de un delito —de orden público— o la desacreditación de una persona, eran pasibles de una condena judicial que podía culminar con prisión efectiva para el agraviante, es decir, el periodista.
    Para aquellos que desconocen el mundo de lo jurídico, es pertinente mencionar que, a la hora de pedir resarcimiento a nivel legal, cualquier ciudadano posee las herramientas que ofrece el derecho civil, el cual prevé penas dinerarias, no ya la prisión del periodista.
    Asimismo, hay figuras mucho mejores que las legales, como el derecho de respuesta —mal llamado derecho a réplica— y la mediación privada si se quiere echar luz sobre una información que podría estar equivocada.
    Sin embargo, desde que uno es periodista, carga sobre su cabeza con una suerte de "espada de Damocles", relacionada con estas figuras penales. No es una cuestión casual ni inocente: ciertos funcionarios saben que una de las peores amenazas para el periodista tiene que ver con las querellas penales, situación que se potencia cuando a eso se agrega la presión del poder Ejecutivo por sobre el judicial para que el hombre de prensa sea condenado, aún cuando puede probar sus dichos. Es algo que ha sucedido con el menemismo y que ocurre asimismo con el kircherismo, casi no hay gobierno que no haya azuzado a la  Justicia para procurar .
    Un caso puntual: a quien escribe estas líneas, un conocido magistrado Federal le pidió disculpas segundos antes de condenarlo por supuestas injurias, ya que había sufrido la presión directa de un poderoso ministro kirchnerista (1). "Entiéndame Sanz, si no lo condeno está en riesgo mi propia seguridad", admitió el juez ante el asombro de este cronista y su abogado.
    Es en ese marco que debe entenderse el valor que posee la derogación de la figura de calumnias e injurias, ya que el periodista es el eslabón más débil en la cadena de información social y es quien oficia de valioso intermediario entre los hechos y las personas.
    Por ello, uno que es crítico al extremo por los actos de corrupción del kirchnerismo, aplaude esta medida, sólo comparable a cuando en el año 1993 se derogó la figura de desacato a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro delito por el cual los periodistas sufrían una insufrible e interminable persecución oficial.
    Lo que ha ocurrido es una pegada para el periodismo, no hay duda de ello, pero finalmente redundará en el beneficio de la sociedad toda.
    No es poco.

Christian Sanz

(1) Esa querella fue finalmente ganada en segunda instancia por este cronista.