A veces los medios se comportan como alumnos obedientes del discurso oficial de turno sin chistar ni desconfiar un ápice de lo sugerido por la voz gobernante.

En el apresurado viaje de Néstor Kirchner a Estados Unidos pudo observarse de cerca la inmadurez con la que los periodistas adhirieron a los motivos esgrimidos por el Gobierno K.

Sin embargo, algunos colegas de este periódico desconfiamos de las palabras oficiales e hicimos una investigación propia sobre el tema, basados en la sospechosa casualidad de dicho viaje con la explosión popular desatada en la provincia de San Luis.

Por tal motivo, consultamos a varias fuentes, tanto del gobierno como privadas, y otra tanta cantidad de datos de archivo. El resultado de lo investigado se vuelca a continuación.


A seguro lo llevaron preso

Cuando Kirchner viajó hace un par de días hacia Estados Unidos, se dijo que lo hacía para mantener una reunión con el titular del BID, Enrique Iglesias, y para recibir un premio del Comité Judío Americano.

Posteriormente se aseguró que su visita no era oficial -no se encontró con ningún miembro del gobierno norteamericano- y que su objetivo era otro: el de despejar las dudas que se abrieron sobre la crisis energética y sobre la renegociación de la deuda argentina en default. Muy raro.

¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué viajó Kirchner?

Según fuentes oficiales de segunda línea, uno de los verdaderos motivos del viaje del Presidente argentino tiene que ver con la decisión de avanzar contra los hermanos Rodríguez Saá y no quedar salpicado por su propia medida.

En tal sentido, Kirchner habría dado precisas instrucciones a su vice Daniel Scioli y al ministro del Interior, Anibal Fernández. Al primero para que atienda –y contenga- al gobernador puntano y al segundo para que siga de cerca el conflicto y lo mantenga al tanto de lo que sucede. En caso de que las “papas quemen”, el primer mandatario podría decidir la intervención de San Luis a la distancia.

La pregunta surge obvia ¿Por qué Kirchner quiere evitar estar presente en medio de la crisis que se ha desatado?


Compromisos son compromisos

Pocos recuerdan que hace años existió un movimiento denominado Frente Federal en el cual desfilaron el propio Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saa y el salteño Juan Carlos Romero, creado como proyecto de poder con la mira puesta en las elecciones del año 2003.

La idea de la creación de dicho frente fue la de disputar, como línea interna del PJ, espacios de poder a los "candidatos naturales" de entonces: Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann y Eduardo Duhalde. 

Las cosas no salieron como se esperaba y la alianza finalmente quedó hecho trizas. Eso sí, los tres gobernadores sellaron el compromiso de no pisarse los talones uno al otro a futuro.

Y en ese marco se entendería porqué Kirchner, en plena campaña presidencial del año 2003, nunca se animó a criticar a sus competidores, Adolfo Rodríguez Saá y -el menemista- Juan Carlos Romero.

Ese compromiso asumido no le permite a Kirchner avanzar contra los hermanos puntanos, aun cuando es harto sabido en su entorno el fastidio que le producen los crecientes escándalos que se generan en San Luis y cuyos ecos llegan de rebote a Buenos Aires.

Por eso, en la línea de forzar la salida de los hermanos Rodríguez Saá sin tener que intervenir dicha provincia, Kirchner habría instruido al ineficiente juez Juan José Galeano para que reavive la causa por enriquecimiento ilícito que hace meses se encuentra cajoneada en su juzgado.

A su vez, Galeano -haciendo caso a la orden presidencial- pidió informes al Banco Central y la AFIP para obtener datos sobre el comportamiento de algunas sociedades anónimas vinculadas a los hermanos puntanos y, según fuentes de su propio juzgado, tiene decidido avanzar sobre la dupla y requerirles que justifiquen su evolución patrimonial.

Y es que Galeano consideró terminada la investigación preliminar y asegura que ya “se ha detectado un apreciable incremento patrimonial".

No está de más recordar que Adolfo Rodríguez Saá ha sido oportunamente investigado por enriquecimiento ilícito, ya que pasó de tener una casa y dos vehículos usados -declarados en 1983- a poseer 25 inmuebles y participación accionaria en varias sociedades anónimas.  Obviamente, nunca se avanzó profundamente en la indagación judicial.

Juan José Laborda Ibarra, un anacrónico frepasista, y Arturo Edgar Petrino, su ex secretario general en la Gobernación, presentaron el 13 de febrero de 1990 la pertinente denuncia contra el entonces gobernador. Al poco tiempo, el juez que llevaba adelante la causa –el Dr. David Levingston- renunció y fue contratado como abogado de la Fiscalía de Estado provincial.


Concluyendo

Las próximas horas son decisivas en lo respectivo a la intervención (o no) de San Luis.

El gobierno espera ver qué sucede con los reclamos populares de la provincia antes de dar otro paso en ese sentido y tratará de mantener activo el expediente judicial que existe en el juzgado de Galeano contra los “hermanos macana”.

Mientras tanto, Kirchner simula que viaja por Estados Unidos solucionando acuciantes problemas vernáculos que no son tales.

Y los medios locales... juegan a la escondida.