Mientras estas líneas son escritas, el empresario farmacéutico Gabriel Brito, detenido en la causa por la denominada “mafia de los medicamentos” —y relevante aportante de la campaña electoral de 2007 del Frente Para la Victoria—, se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por “extorsión” ante el juez Norberto Oyarbide.

Aparte de rechazar cualquier tipo de delito supuestamente cometido por él, Brito dará pelos y señales de cómo fue el circuito de “recaudación” política que realizaba el ex superintendente de Servicios de Salud Néstor Capaccioli, a efectos de financiar la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos.

Hay que aclarar que Brito es titular de la firma Global Pharmacy Services, encargada de hacer auditorías en el ámbito de la salud y que desde allí ayudó a “blanquear” dinero de diverso tipo de ilícitos a través de la sobrefacturación de servicios que nunca realizó. Su testimonio es el primero que aparece con nombre y apellido a la hora de desnudar la trama de corrupción que envuelve al kirchnerismo a través de una serie de droguerías “truchas”, laboratorios farmacéuticos, obras sociales sindicales e importantes funcionarios de primera y segunda línea.

Es que Brito ha sido un supuesto donante de 310.000 pesos a la campaña electoral, a través de cuatro cheques que nunca fueron cubiertos por él sino por Néstor Lorenzo, el detenido empresario farmacéutico del laboratorio San Javier, a la sazón socio de otro recluido por la justicia: el secretario general de La Bancaria, José Zanola.

En ese marco, Brito dirá que Lorenzo le pidió los cheques como un favor personal y que luego esos documentos terminaron apareciendo en medio de los aportes de campaña del FPV, lo cual configuraría el delito de “lavado de dinero”. No es el único que afirma que se blanqueó dinero en el año 2007, sólo que él se atreve a dar nombre y apellido, a diferencia de otros “empresarios” que solamente hablan desde el anonimato.

La trama que contará el empresario puede ser el comienzo de un gran dolor de cabeza para el kirchnerismo, ya que revelará cómo se “disfrazaron” puntuales fondos dinerarios para financiar la política oficial. El éxito de su testimonio dependerá de lo que Oyarbide haga luego con esa información.

Por lo pronto, el juez ha pedido la orden de captura de uno de los personajes más relevantes de la trama, tanto la referida a los medicamentos, como la del Triple Crimen de Gral. Rodríguez. Se trata de Marcelo Abasto, otrora financista del acribillado Sebastián Forza y uno de los sospechados de haberlo asesinado.

Uno de los cheques firmados por Abasto

Abasto aparece junto a Ibar Esteban Pérez Corradi y Luis Marcelo Tarzia, como nexo entre droguerías —especialmente la de Néstor Lorenzo— y carteles mexicanos de la droga. “Abasto se jactaba con Forza de sus contactos políticos, sus arreglos con los gremios, con instituciones. Venían de años de proveer medicación de alta complejidad a la Obra Social Bancaria, junto a Alejandro Fabián Martino de Drogueria del Plata”, admitió en su momento Brito a este diario.

El temor es elocuente en estas horas, sobre todo por lo que pudiera contar otro de los detenidos esta semana, Walter Maffini, personaje central en la búsqueda de frascos de medicamentos vacíos, en clínicas y hospitales, para rellenarlos y venderlos posteriormente.

Es bien cierto que hubo sospechadas droguerías detrás de esos negociados en detrimento de la salud, pero también es real que el propio Gobierno permitió que eso sucediera.

Es que, finalmente, el dinero todo lo puede.

Christian Sanz