Norberto Oyarbide nunca creyó que llegaría a ser juez. Nacido en Concepción del Uruguay, el hoy magistrado comenzó a trabajar en una empresa de alarmas en Entre Ríos, barriendo los pisos. Su llegada a la Justicia fue merced a las gestiones del ex juez Roberto Calandra, otrora defensor del general Roberto Viola en el juicio a las juntas militares. Fue en un año maldito para la historia argentina: 1976.

“El Enano”, como lo apodan en forma despectiva sus colegas, fue secretario, luego fiscal, y en 1994 nombrado juez Federal gracias a los oficios del entonces presidente Carlos Menem y al padrinazgo de la Policía Federal.

La gratitud de Oyarbide no se hizo esperar: todas las causas judiciales contra el ex mandatario y sus hombres más cercanos fueron certeramente cajoneadas. Respecto a la Policía, el juez no solo fue protector de los prostíbulos que estos regenteaban, sino que fue filmado en uno de ellos llamado Spartacus en 1998. Por este y otros hechos, sufrió un oportuno juicio político, pero fue salvado por el peronismo a pleno en septiembre del año 2001.

A partir de entonces, Oyarbide siempre ha respondido a los sucesivos gobernantes de turno para poder mantenerse a flote en su relevante cargo. La conducta siempre ha sido la misma, solo han cambiado los operadores que en cada época han sabido visitarlo en su despacho.

Durante el menemismo, el que lo presionaba era el entonces secretario de Justicia, Elias Jassán, por órdenes del ministro de la misma cartera, Carlos Corach.

Ahora, el que hace ese trabajo es Javier Fernández, capitoste de la Auditoría General de la Nación y “mandadero” de los pedidos de Casa de Gobierno.  A su labor, se ha sumado en las últimas semanas la “colaboración” de Alejandro Julián Álvarez, novísimo secretario de Justicia salido del riñón de La Cámpora, agrupación creada por Máximo Kirchner (dicho sea de paso, esa organización aglutina cada vez más espacios de poder).

Pocos saben que Álvarez es hoy el encargado de presionar a Oyarbide para que sus fallos no provoquen malhumor en la Casa Rosada. Lo interesante del caso, es que el funcionario lleva adelante su trabajo de coacción sin disimulo alguno. Amén de pasearse abiertamente por los pasillos de Comodoro Py, ha sabido mostrarse junto al magistrado en el célebre restorán El Mirasol, lugar donde cenó Poli Armentano horas antes de ser acribillado a balazos en 1994.

 Por caso, justo antes de procesar al dirigente Gerónimo “Momo” Venegas, el juez y el “operador” estuvieron departiendo en ese mismo lugar. ¿Casualidad o causalidad?

Un hombre incorregible

En noviembre de 2009, a pocas semanas de que Oyarbide sobreseyera a los  Kirchner por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, Tribuna de Periodistas anticipó que esto ocurriría y advirtió que el magistrado jamás había cruzado de vereda, como auguraban algunos medios de prensa en esos días, quizás con la ilusión de que finalmente alguien terminara con tanta impunidad.

“Lamentablemente para los colegas que tienen esperanzas en que Oyarbide se haya cruzado de la vereda de la dependencia política, esto no ha sucedido ni sucederá jamás. Es la naturaleza de este pequeño magistrado Federal. Así ha sido durante el menemismo y nada indica que vaya a cambiar ahora”, aseguró este medio en esos días, agregando un dato revelador para entender por qué el juez se deja presionar:

    “Y si no bastara con la propia voluntad de Oyarbide para alinearse con el kirchnerismo, los servicios de Inteligencia poseen una voluminosa carpeta que desnuda ciertas cuestiones privadas del magistrado, amén de los detalles de su descomunal crecimiento patrimonial en los últimos años. Oyarbide lo sabe y por eso jamás ha sacado ‘los pies del plato’.

    No es casual que el 90% de las querellas penales que funcionarios del gobierno hacen contra periodistas caigan en su despacho. Tampoco es casual que jamás haya siquiera procesado a funcionario alguno de mediana relevancia pública”.

Esa conducta en Oyarbide siempre ha sido idéntica, desde el menemismo a la fecha. Y su patrón de conducta también: justo antes de sobreseer a algún funcionario oficial o de encarcelar a un enemigo de ese mismo poder, el juez suele llevar adelante una serie de medidas rimbombantes que despistan al menos desconfiado. Así ha sido justo antes de sobreseer al matrimonio Kirchner —momento en el cual comenzó una serie de procesamientos en cadena en el marco de la “mafia de los medicamentos”— y de encarcelar a Venegas.

En este caso, Oyarbide parece pretender algo más que el mero procesamiento del sindicalista de UATRE. Según ha referido a sus más íntimos —el juez es más “boca floja” de lo que muchos creen—, su idea es la de jubilarse este mismo año, por lo cual es probable que embista contra diversos enemigos oficiales —¿se vienen procesamientos por trabajo esclavo?— y sobresea a los referentes kirchneristas que hoy están complicados a nivel judicial.

Hay que decirlo: esas acciones no demuestran incoherencia alguna de su parte, sino todo lo contrario. Eso explica que Oyarbide sea el juez más “sostenido” por el kirchnerismo desde 2003 a la fecha.

No hace falta recordar que, solo en 2010, el oficialismo lo ha “salvado” en cinco oportunidades cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a suspenderlo.

Concluyendo

La permeabilidad de la Justicia argentina al poder político no es algo excluyente del juez Oyarbide. En general, todos los jueces federales suelen alinearse a los designios del poder de turno. Lo hacen principalmente por dos motivos: jugosos sobresueldos que les paga el Gobierno y aprietes extorsivos por parte del mismo poder.

Esto es posible gracias a que en la Argentina la Justicia está “federalizada”. En buen romance, todas las causas judiciales que involucran a funcionarios oficiales, son investigadas por jueces Federales. Al ser muy limitada la cantidad de estos magistrados —a lo que debe sumarse que hay varios juzgados vacantes—, la capacidad de influencia por sobre estos es muy grande.

En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, hay solo 12 juzgados federales para ocuparse de todas las causas que involucran a funcionarios nacionales. Si se “desfederalizara” la Justicia, la cooptación de los magistrados se volvería una tarea casi imposible, con más de cien jueces manejando expedientes sensibles al poder de turno.

Por eso el poder político —de todas las banderías y colores— sostiene el sistema perverso que hoy impera en la Argentina y que permite que magistrados de la talla de Oyarbide sigan al frente de tan relevantes cargos.

Hasta que esta situación no cambie; hasta que no se modifique la matriz de este sistema perverso, será una mera ilusión pensar que algún día pueda haber justicia en la Argentina.

Christian Sanz

*La foto que ilustra la nota corresponde a la tapa de revista Noticias que saldrá esta noche.