Pobres ilusos. Últimamente, he leído con profuso asombro cómo algunos importantes medios de prensa auguran que el juez Federal Norberto Oyarbide vendría provocando en las pasadas semanas una suerte de nerviosismo en el ánimo del matrimonio Kirchner, supuestamente por el tenor de las denuncias que hay en su juzgado y que involucran a la pareja presidencial.

Nada más lejos de la realidad. No sólo Cristina y Néstor no poseen —ni demuestran— ningún tipo de incomodidad, sino que Oyarbide nada hará en los hechos que ponga en aprietos a ninguno de los dos. Todo lo contrario, lo más probable es que sobresea a ambos en cada una de las causas judiciales que los comprometen y eso termine de blanquear su situación judicial a futuro. Es que, según el derecho penal argentino, nadie puede ser juzgado —y eventualmente condenado— dos veces por el mismo delito.

Lamentablemente para los colegas que tienen esperanzas en que Oyarbide se haya cruzado de la vereda de la dependencia política, esto no ha sucedido ni sucederá jamás. Es la naturaleza de este pequeño magistrado Federal. Así ha sido durante el menemismo y nada indica que vaya a cambiar ahora.

Y si no bastara con la propia voluntad de Oyarbide para alinearse con el kirchnerismo, los servicios de Inteligencia poseen una voluminosa carpeta que desnuda ciertas cuestiones privadas del magistrado, amén de los detalles de su descomunal crecimiento patrimonial en los últimos años. Oyarbide lo sabe y por eso jamás ha sacado "los pies del plato".

No es casual que el 90% de las querellas penales que funcionarios del gobierno hacen contra periodistas caigan en su despacho. Tampoco es casual que jamás haya siquiera procesado a funcionario alguno de mediana relevancia pública.

No casualmente ha sido Oyarbide quien cajoneó algunas de las denuncias iniciadas por este cronista, como la falta de título de abogada por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese expediente, por caso, para archivarlo le bastó con una nota manuscrita del rector de la Universidad Nacional de La Plata, la cual ni siquiera tenía membrete oficial. Una vergüenza total.

Pero no se trata sólo de un problema referido a Oyarbide, sino que todo el sistema judicial y político argentino es corrupto y está pergeñado para que nadie jamás purgue pena alguna por su responsabilidad en actos de corrupción pública. Si hubiera una mínima intención de cambiar algo, lo primero que debería intentar el poder político es desfederalizar la Justicia, para que cualquier magistrado pueda entrometerse en expedientes de peculado oficial.

El tema es que los jueces federales —en este caso los 12 de Capital Federal— cobran sobresueldos que salen de las arcas de la Secretaría de Inteligencia y eso permite que haya cierta injerencia política sobre sus decisiones judiciales. Ellos son los únicos que pueden juzgar temas que involucran a funcionarios públicos y cuestiones referidas al narcotráfico. No es casual.

Si cualquier juez pudiera entrometer sus narices en temas de corrupción pública, sería imposible corromper a todo el sistema judicial. Al menos sería mucho más complicado.

Es por ello que, cuando leo que los medios de prensa hablan de que Oyarbide le quita el sueño al matrimonio Kirchner, no puedo menos que echarme a reír con ganas. 

Es una de las más graciosas especulaciones periodísticas de los últimos tiempos.