Mientras la defensa del sacerdote Julio César Grassi intenta zafar de toda manera posible el inevitable juicio oral que se avecina, la opinión pública aún se pregunta qué gran poder se esconde detrás de este caso como para que tanto políticos como comunicadores hagan defensas tan encendidas sobre la defenestrada figura del citado cura.

Y es que, recordemos, esta causa desató en su momento una verdadera batalla entre medios y periodistas como nunca antes se había visto y complicó todo intento de objetividad para tratar un tema tan delicado como el del presunto abuso deshonesto del sacerdote contra chicos de su propia fundación, Felices los niños.

El supuesto comienzo de este tema se ha dado a partir de las denuncias de Telenoche Investiga, un programa periodístico que nadie duda que ha manejado el caso con gran rigor profesional.

El impacto que produjo la noticia en los medios locales fue tal que se produjo una elocuente división de opiniones periodísticas: mientras algunos conductores se lanzaban a una encarnizada defensa hacia el sacerdote, otros aprovecharon para defenestrarlo hasta el límite.

Más allá de las operaciones de prensa —celosamente controladas desde la dirección ejecutiva de varios canales de televisión—, nadie se percató de que esta historia no comenzó la semana de la denuncia de Telenoche Investiga, sino que viene desde hace varios años con denuncias que los medios nunca se encargaron de investigar.

La punta de este rollo habría que buscarla en la disputa que tuvo en el año 1998 el padre Grassi con gente de Hard comunications, una empresa que ganaba dinero a través de juegos telefónicos. El sacerdote aseguraba abiertamente que dicha firma lo había estafado por no darle la suma de dinero que aseguraron que iban a otorgarle al finalizar un conocido concurso televisivo.

Fue en medio de dicho enfrentamiento cuando comenzó a circular un “dossier” firmado por “un grupo de trabajadores de la Fundación Felices los Niños”, con información sumamente sugestiva acerca de las inclinaciones sexuales del padre Grassi. En una de sus partes aseguraba que “otra relación del cura fue un tal Iván, que trabajó en la panadería de la Fundación”.

Pero no sólo se hablaba de sexo en el papel, sino también “sobre el desvío de fondos para provecho de sus familiares”.

Cuando Grassi vio las acusaciones que circulaban en su contra, pensó que sería más conveniente aceptar la tregua que la gente de Hard Comunications le ofrecía a efectos de que no trascendieran los datos que le endilgaba el sospechoso pasquín.

A pesar del acuerdo, el sacerdote no tuvo mucho respiro: pocos meses después —a mediados de 2001— Justo Laguna, obispo de Morón, lo iba a desplazar de la presidencia de Felices los niños. No sólo había gran malestar por los vínculos entre Grassi y el menemismo, sino que se comenzaba a sospechar que el sacerdote lavaba dinero de evasión impositiva a través de su conocida fundación.

La maniobra que ayudó a alejar a Grassi de la presidencia de Felices los Niños sería la siguiente: se fraguaría la venta de la mayoría accionaria de una empresa quebrada y con muchas deudas tributarias y previsionales a una parroquia o a una fundación ligada, para aprovechar las exenciones impositivas de que goza la iglesia. Luego los antiguos dueños la recompran, pero ya sin deudas y, finalmente, se distribuyen las jugosas comisiones a repartir entre los gestores y la fundación que prestó el nombre.

En ese sentido, fueron propias fuentes del obispado las que admitieron a un diario de Morón que había sido una denuncia de ese tipo la que había precipitado la decisión de defenestrar al padre Grassi. Ayudó también la visita que realizara el sacerdote al ex presidente Menem en su entonces prisión domiciliaria (Laguna nunca le perdonó que, en su momento, mientras él encabezaba la marcha del silencio contra la desocupación por las calles de Morón, Grassi le diera la bienvenida a Menem).

Por si fuera poco, meses antes, habían comenzado en sede judicial varias causas contra el cura por “maltrato de menores” alojados en su fundación.

Las denuncias —que suman varias—, han sido presentadas en los juzgados penales de Rodolfo Brizuela, Nº 3 de La Matanza, y Ricardo Fraga y Alfredo Meade, Nº 2 y 3 respectivamente de los tribunales de Morón.

Años antes —en 1997— otra jueza de Morón, María del Carmen Peña, había investigado a Grassi por denuncias similares mientras el cura dirigía en Centro Familiar Morón (CEFAM), bajo la gestión de Juan Carlos Rousselot como intendente.


¿Quién es Grassi?

Aunque Julio Grassi empezó a hacerse popular hablando contra el avance de las sectas en diferentes programas de televisión, su primer gran logro personal fue la designación que obtuvo de la mano de Juan Carlos Rousselot de la dirección del Centro Familiar Morón (CEFAM), a partir de lo cual comenzó a estrechar lazos con el menemismo.

En 1993, Carlos Menem —entonces Presidente— dio la sugestiva orden a Domingo Cavallo —ministro de Economía— de que se le otorgara un millonario subsidio: ni más ni menos que 5 millones de dólares (!) a través de dos partidas presupuestarias. En esos mismos días, Grassi recibiría del gobierno menemista 65 hectáreas del desmantelado Instituto Nacional Forestal para construir su conocida fundación.

Sin tener nada que envidiar a los popes de la política argentina de estos días, el padre Julio Grassi ha sabido hacerse conocer a través de fuertes campañas de difusión de sus propias obras. Eso sí, tratando de no dejar trascender demasiado algunos datos que permitieron tal epopeya.

La publicación El diario de Morón a mediados de 2001 —mucho antes de que comenzara la denuncia contra Grassi— ha contado parte de la oscura historia de expansión del sacerdote en Hurlingham de la siguiente manera:

“El padre Grassi pretendió expandir su terreno en el barrio 2 de abril en los suburbios de Hurlingham. Su intromisión en el ex asentamiento llevó al cierre del comedor infantil que funcionaba en la sede de la junta vecinal.. Vació algunos colegios de la zona con su política de captación de niños prometiéndoles mejoras alimenticias y mayor infraestructura con tal de que se pasaran al colegio que el cura maneja en el predio de la fundación “Felices los Niños”. Las personas que trabajan para él golpearon a dos mujeres por no estar de acuerdo con la instalación de una iglesia en la sede de la junta vecinal. Todo esto, según varios vecinos entrevistados, para aumentar el subsidio que el Estado le da por cada chico que contiene la fundación que Grassi maneja.

‘Como no lo dejamos poner una iglesia en el lugar que funcionaba nuestra junta vecinal, la gente que trabaja para él nos agredió verbalmente y nos pegó’, cuenta Clarisa Gigena, vecina e integrante de la anterior comisión de vecinos.

(Por otro lado) una vecina que lleva a sus hijos al comedor de Grassi, denunció la discriminación que en el establecimiento sucede: ‘discriminan a los chicos, los que no son católicos no pueden comer dentro del comedor del padre Grassi. Aquellos que son de otra religión o que son de algún partido de izquierda tampoco pueden comer en el comedor’”.

El padre Grassi ha sabido codearse con gente muy importante de la política vernácula y ese no es un dato menor a la hora de entender tanto crecimiento. Con la retirada del menemismo del poder, el sacerdote tejió vínculos con algunos aliancistas como Aníbal Ibarra y Cecilia Felgueras, quienes pasaron las pascuas en su fundación en plena campaña electoral porteña. Poco después, frente a la falta de respuestas económicas por parte del gobierno de De La Rúa, Grassi supo obtener un nuevo benefactor monetario: el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.

Uno de sus últimos logros fue que Juan Pablo Cafiero le restituyera un subsidio que le había cortado Graciela Fernández Meijide, que asciende a 200.000 pesos.

Pero no sólo del erario público supo sacar provecho el mediático sacerdote: Wenceslao Bunge, ex vocero del desaparecido Alfredo Yabrán, admitió a una prestigiosa revista que el empresario postal “realizó aportes en efectivo (a Grassi) y, si no me equivoco, donó algún vehículo y materiales para edificación”.

Esto demostraría la falta de escrúpulos demostrada por Julio Grassi, ya que estaba recibiendo dinero de un empresario acusado de lavado de dinero, tráfico de estupefacientes y —en los últimos tiempos— del asesinato del reportero José Luis Cabezas.

Toda una paradoja: por un lado el cura recibió dinero de Alfredo Yabrán y por el otro, de su archienemigo, Domingo Cavallo.


Abogados del diablo

Si bien llama poderosamente la atención la brutal campaña mediática lanzada por Canal 9 para obtener la liberación de Grassi, ahora se suma el hecho de que los principales estudios de abogados del país han emprendido una encarnizada defensa del sacerdote.

Entre los letrados que defienden a Grassi se encuentran:

-Julio Virgolini: abogado de Alfredo Yabrán, Enrique Piana y Adelina De Viola, entre otros.

-Jorge Sandro: abogado de Gregorio Ríos (condenado por el tema Cabezas), Alberto Kohan y Jorge Domínguez.

-Miguel Angel Pierri: abogado de “El Gordo” Valor, Irineo Leal (policía acusado por el tema AMIA) y algunos integrantes de la barra brava de Boca.

-Luis Moreno Ocampo: abogado de Domingo Cavallo, Nicolás Becerra (vinculado a una cuenta en Suiza) y Diego Maradona.

Lo extraño del asunto es que los onerosos honorarios de estos estudios (Moreno Ocampo cobra U$S 100 la hora) son pagados por un grupo de grandes empresarios, contribuyentes de la fundación “Felices los niños”, que no quieren que trasciendan públicamente sus nombres y que han establecido, como objetivo inmediato, la liberación del cura Grassi mientras se sustancia el juicio.

Según palabras del ex vocero Bunge, parte de la contribución estaría siendo llevada a cabo por la familia Yabrán. Justamente lo que corresponde a los honorarios del abogado Jorge Sandro, el ex defensor del acusado directo de ordenar el asesinato de José Luis Cabezas.

Para liberar a Grassi, los citados letrados no han dudado en “embarrar la cancha”, presentando una catarata de recursos e impugnaciones contra el juez y el fiscal de la causa y contra el fiscal general de Morón.

Según revista “Veintitrés”: “En privado Obispos importantes del conurbano acusan irregulares manejos económicos de Grassi, pero todavía no se atreven a afirmarlo en público. ‘Pregunten averigüen, a ver si lo que se declaraba como donado era el monto que efectivamente aportaban algunos empresarios y políticos’, recomiendan, sugiriendo maniobras de evasión tributaria y blanqueo de plata non sancta”.

Las preguntas que surgen son inevitables:

-¿Por qué tanto empeño —y dinero— para lograr inmediatamente la libertad del cura?

-¿Por qué tanta defensa desde algunos medios como Canal 9 y Radio 10?

-¿Por qué tanta preocupación desde el menemismo y su entorno?

Es probable que tanto temor surja de la posibilidad de que, si Grassi continúa preso, termine "quebrándose" y revelando los negociados de evasión impositiva y lavado de dinero que se esconden detrás de las supuestas donaciones a la Fundación.

Es un secreto a voces que difícilmente pueda perdurar en el tiempo.