En medio de las tensiones típicas de fin de año, la administración de Daniel Scioli consiguió esta semana liberarse de dos factores generadores de stress pre-navideño.  

En operativo combinado, las dos Cámaras de la Legislatura le dejaron en una misma jornada sancionados, para el 2012, el Presupuesto de la Provincia y la ley fiscal que introduce aumentos en impuestos clave como Inmobiliario y Patentes.

Y el Gobierno logró sentar a la mesa de las negociaciones a los gremios docentes y de las restantes ramas estatales para cambiar medidas de fuerza por diálogo, aún cuando los sindicatos ya saben que, en materia salarial, habrá durante largas semanas sólo eso, conversaciones insustanciales.

Los efectos de esos actos de distensión durarán, sin embargo, un suspiro, en la medida que ratifican una de las problemáticas estructurales y crónicas más agudas del Estado bonaerense.

Estrecheces

La situación se resume en pocas palabras. Es la plata, que no alcanza. De su vigencia constante hubo en estos días un duro ejemplo, con la Corte reclamando fondos para la Justicia, a la que los proveedores le están negando, por los atrasos en los pagos, hasta el papel para hacer los expedientes.

Y el Presupuesto, cuya sanción celebró la Gobernación, refleja que el que viene no será un año mejor: prevé un "rojo" real —la necesidad de tomar préstamos para bancar el gasto básico— del orden de los 13.000 millones de pesos.

Mientras tanto, la relación con los gremios estatales quizás vuelva a generar tensiones más temprano que tarde. Contra el apuro sindical, en el Ejecutivo buscarán no definir el aumento salarial hasta adentrado marzo y "pelear" que comience a regir en ese mes y no desde enero.

Factor más "sensible" aún, en los ámbitos oficiales de la Provincia se estima que el gobierno nacional impulsaría una pauta de aumentos salariales para 2012 no superior al 15%, un nivel indigerible para los gremios.

Para después del 10

En cuanto a la relación con la Legislatura que se está despidiendo, la sintonía no alcanzaría para que el Gobernador obtenga antes del recambio del 10 de diciembre la sanción de la llamada ley de regionalización que propone una controvertida reforma del esquema político-administrativo de la Provincia y que Scioli ha definido como "prioritaria" para su segundo mandato.

La "buena voluntad" que mostró la Cámara de Diputados, aprobando el proyecto en la semana que pasó, no se extendería al Senado, donde la iniciativa encuentra un rechazo más cerrado en los bloques opositores y, tal vez, en el propio oficialismo.

"Que se lo apruebe Mariotto" sería el resumen de la idea dominante en ese ámbito, apelando a la memoria: el vicegobernador electo primero hizo algunas objeciones al proyecto y luego, sugiriendo cambios, afirmó que lo avalaría.

Con nuevas reuniones con intendentes peronistas y dirigentes de espacios diversos oficialistas nítidamente K, Mariotto, en tanto, profundizó en estos días la estrategia orientada a generar no sólo un espacio político propio sino también a propiciar la gravitación de su inminente rol institucional en cuestiones de gestión.

El futuro vice lo puntualiza sin vueltas en esas movidas: sin dejar de expresar "el apoyo" que se propone dar al gobierno de Scioli, Mariotto organizó el último encuentro bajo el formato de comisiones de discusión de "políticas públicas de la Provincia" tales como seguridad, educación, salud y medioambiente.

Participaron, además de Hebe de Bonafini, varios ministros y funcionarios de Cristina (Aníbal Fernández, Alberto Sileoni, Juan Manzur, Diego Bossio) y ninguno de Scioli. Y la intención fue explicada por el propio Mariotto. "La idea —dijo— es que del debate surja un decálogo de acción política para que la Provincia tenga una referencia sobre el camino a tomar". Clarísimo.

Marisa Álvarez
NA