"Nosotros sabemos que Máximo le ordenó a La Cámpora que le deje de pegar a Scioli y se concentre en disparar sobre Macri". La frase resulta sorprendente, no por su contenido político, sino por quién la pronuncia: un importante funcionario del Gobierno porteño, con oficina en la sede gubernamental de Bolívar 1.

Por eso, luego de que un joven camporista cometiera la infidencia de deslizar la orden del hijo de la Presidenta ante un interlocutor poco confiable, el macrismo levantó la guardia y comenzó a delinear una estrategia para dar la batalla dialéctica con el kirchnerismo.

Se sabe que la pelea entre la Nación y la Ciudad por los subterráneos no es de fácil resolución. "La auténtica macana nuestra fue haber aumentado la tarifa. Para la gente, eso es como admitir que los subtes los manejamos nosotros", se sinceró el funcionario macrista ante este columnista.

A pocos metros de allí, cruzando la Plaza de Mayo, la presidenta Cristina Kirchner decidía enviar un proyecto de ley al Congreso nacional para convalidar el traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa contenía un "regalito": la Casa Rosada dejará de subsidiar la tarifa de 33 líneas de colectivos que transitan el territorio porteño.

Cambios forzados en transporte

El trasfondo de esta nueva pelea entre la Nación y la Ciudad es el colapso del transporte metropolitano, comprobado con toda crudeza en la tragedia ferroviaria de Once. Aquel desastre impactó directamente en el Ministerio de Planificación, donde Julio De Vido primero resistió la salida del secretario Juan Pablo Schiavi, pero luego tuvo que ceder ante una orden taxativa de la Presidenta.

Eso sí, De Vido se apuró a encontrar un reemplazante para la Secretaría de Transporte y sacó de las "divisiones inferiores" al joven Alejandro Ramos, hasta ahora intendente de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria. Para el ministro, eso era mejor a que la Casa Rosada colocara en ese cargo a un integrante de La Cámpora.

La Presidenta hubiera preferido para ese puesto, considerado ahora como un hierro caliente en la política argentina, al jefe político de Ramos, Agustín Rossi, quien hizo esfuerzos denodados por permanecer al mando del bloque de diputados nacionales del oficialismo.

A De Vido, la traumática salida de Schiavi lo afectó personalmente. Tanto es así que llegó a descalificar un cable de la agencia Noticias Argentinas porque el título daba por sentado que la decisión la había tomado la Presidenta y descartaba que la renuncia se debiera a razones de salud del funcionario.

En medio de tantos nervios, el ministro de Planificación escuchó que la UCR presentó una denuncia penal en su contra y la de Schiavi por "incumplimiento de sus deberes, administración fraudulenta y defraudación en perjuicio de la administración pública". La respuesta fue visceral: "Ellos todavía nos deben una explicación por los 38 muertos de diciembre de 2001", disparó.

Una cuestión de imagen

La virulencia del ministro está relacionada con la magnitud del impacto que provocó en la Casa Rosada la tragedia de Once. Los últimos sondeos de opinión reflejan, en este sentido, que la imagen de la Presidenta cayó en el último mes y se ubica actualmente pocos puntos por encima del 50 por ciento de aceptación.

Habría que recordar que, tras la contundente reelección de octubre, la mandataria superaba el 75 por ciento de imagen positiva, de acuerdo a los números de consultoras como Poliarquía. En menor medida que la tragedia de Once, también afectan al Gobierno las denuncias contra el Amado Boudou por el llamado Affaire Ciccone.

El Vicepresidente, que primero había ignorado las denuncias y que luego debió salir a defenderse, aunque en soledad, tuvo una buena noticia en las últimas horas: Cristina Kirchner le pidió al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que saliera a desmentir un supuesto pedido de su vice para favorecer a Ciccone Calcográfica ante un proceso de quiebra judicial.

Los dardos de Echegaray estuvieron dirigidos a los dueños de otra imprenta, Boldt, que a juicio de Boudou montó una operación de desprestigio a caballo de una supuesta pertenencia política ligada al duhaldismo. Lo que no dijeron los funcionarios es que esa misma firma imprimió las planillas con las que se realizaron el Censo Nacional de 2010.

El rol clave del Congreso

En los próximos días la oposición pedirá el juicio político del Vicepresidente, aunque será una jugada para llamar la atención pública antes que para efectivizar el juzgamiento, dada la holgada mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso. Por eso la reforma de la carta orgánica del Banco Central tendrá un rápido tratamiento legislativo.

El Gobierno la necesita con urgencia para financiar las arcas públicas este año, denominado por la Presidenta como de "sintonía fina". Las quejas por el ajuste presupuestario encarado por la Casa Rosada no son sólo de la CGT de Hugo Moyano, sino también de aliados clave como los intendentes del Gran Buenos Aires.

Las escuchó primero el gobernador Daniel Scioli y luego el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, de boca de jefes comunales de la Tercera Sección Electoral que comenzaron a recibir menos recursos del sistema de Coparticipación debido a que el último censo poblacional "se quedó corto" al calcular la cantidad de habitantes de los distritos.

El "error" del INDEC no es menor: los jefes comunales dejarán de percibir, en conjunto, unos 900 millones de pesos sólo este año. Sin embargo, los intendentes no salieron a poner el grito en el cielo como lo hace Moyano, por caso, con el conflicto de las obras sociales. Prefieren las gestiones discretas, aunque hacen sentir su poder territorial en cada una de ellas.

El Gobierno, mientras tanto, proyecta salir de la encerrona con dos de sus temas preferidos, la "batalla" diplomática por la soberanía de las Malvinas y la avanzada contra Repsol YPF. Por eso, el próximo miércoles las provincias de Chubut y Santa Cruz anunciarán el retiro de áreas petroleas a esa compañía.

Mariano Spezzapria
NA