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"Cualquier agresión contra Repsol, violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas". Esas duras palabras debió escuchar esta semana Carlos Bettini Fancese, embajador argentino en España, por parte del canciller español Juan Antonio García Margallo.
Allí, bajo el calor de una tensión inusual, ambos funcionarios hablaron sobre los avances del gobierno de Cristina Kirchner sobre la empresa Repsol YPF. Bettini quedó tan desencajado que decidió no hacer declaración alguna después de la referida reunión.
El funcionario no se hubiera sorprendido tanto si hubiera reparado en el hecho de que, minutos antes, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, había anticipado la dureza del gobierno ibérico a ese mismo respecto. La mujer, mano derecha de Mariano Rajoy, aseguró que defendería "con todos los instrumentos a su alcance" los intereses de esa firma.
Como puede verse, el caso YPF será el gran problema a futuro del kirchnerismo. ¿Cómo salir del corset en el que se ha metido Cristina a través de sus propios desaciertos? Como se dice popularmente, a la Presidenta "el tiro le ha salido por la culata".
Tanta insistencia a la hora de amenazar con expropiar esa firma, no podía ser gratuita. Ahora, se ha desatado un frente que no será sencillo de desactivar para la mandataria. Es un escenario que deja mal posicionada a la Argentina, al tiempo que espanta las inversiones extranjeras. Ello, asombrosamente, ha ocurrido sin siquiera haber llegado a avanzar sobre YPF. No existe parangón alguno en la historia vernácula.
Mientras Cristina se encuentra en la Cumbre de las Américas, intentando evaluar a la distancia qué hará respecto a la disputa con España, una denuncia que Elisa Carrió presentó en las últimas horas promete traer más escándalo al escándalo.
La reaparecida diputada de Coalición Cívica, presentó este viernes un extenso escrito ante el juzgado de Ariel Lijo donde pide que se investigue al directorio de Repsol YPF y los síndicos nombrados por el Estado en la empresa, por vaciamiento y conductas depredatorias de las reservas petroleras.
"El Estado argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la empresa", asegura Carrió en su escrito, al tiempo que señala la responsabilidad del representante del Estado en el directorio de Repsol, Roberto Baratta. Debe mencionarse que no se trata de cualquier funcionario, sino de uno de los pocos que goza de la total confianza de Cristina Kirchner y Julio De Vido al mismo tiempo.
La legisladora pone el dedo sobre la llaga al recordar en su denuncia que, a través de la acción de oro, el Estado podía objetar decisiones de la compañía, como el reparto de dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones, algo que jamás hizo.
El oficialismo intenta en estas horas contrarrestar esa presentación, y ha pedido a la Comisión Nacional de Valores que investigue si hubo manipulación bursátil el pasado jueves respecto de las acciones de Repsol YPF. Según afirmó a la agencia estatal Télam, el presidente del organismo, Alejandro Vanoli, investigará a quienes hayan hecho operaciones ese día cuando, en medio de rumores de estatización, los papeles de la petrolera subieron en más de un 7 y un 8%, respectivamente, en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York.
En realidad, la jugada oficial de involucrar a la CNV es desacertada y tardía. ¿Qué ocurriría, por caso, si alguien decide ir atrás en el tiempo y hurgar en los días en los que Néstor Kirchner decidió comprar acciones de YPF por unos 290 millones de dólares, a 19 dólares cada acción para luego venderlas a 44,78? Peor aún, ¿qué pasaría si a alguno se le ocurriera indagar sobre las regalías mal liquidadas que el ex ministro Domingo Cavallo le entregó a él y su esposa, hoy Presidenta, a cambio de que apoyen la privatización de la otrora firma estatal?
Ese dinero ascendía entonces a poco más de 560 millones de dólares y fueron girados al exterior por el mismo matrimonio. Veinte años más tarde, nada se sabe sobre su destino, parte de otra trama escandalosa, casi olvidada en estos días: la de los fondos de Santa Cruz.
"¿Por qué solo debe investigarse lo que quiere el Gobierno y no toda la historia de YPF?", se preguntó retóricamente un importante dirigente radical esta misma semana. La respuesta llegó involuntariamente por parte del diputado Ricardo Alfonsín, quien de inmediato reclamó una auditoría a YPF a efectos de hallar a los verdaderos responsables de los incumplimientos. "El Gobierno teme que la sociedad descubra que tiene la responsabilidad principal de esta grave crisis energética", señaló el legislador.
Ciertamente, la indagación profunda sobre lo ocurrido con esa firma en los últimos 20 años podría provocar un inevitable escándalo que salpicaría a españoles y argentinos por igual. Unos y otros se han conjugado para vaciar YPF con una eficiancia pocas veces vista. ¿Será esa tácita e histórica complicidad la que genera en estos días tanto asombro por parte de los ibéricos?
Como sea, el avance sobre YPF hoy se torna complicado para el oficialismo: mientras que los países vecinos —otrora solidarios con la Argentina— callan al respecto, España ha logrado el apoyo irrestricto de la Unión Europea y los Estados Unidos. Ello explica por qué Cristina se echó atrás en sus planes de expropiar la empresa, plan que le había sugerido el ascendente camporista Axel Kicilloff.
Es un duro golpe para el oficialismo, sobre todo porque la importación de combustible sigue trepando y obligará al Estado a desembolsar más de 14 mil millones de dólares solo durante 2012. ¿De dónde sacar esos fondos? ¿Cómo conseguir tanta cantidad de dólares?
Cristina no sabe cómo salir hoy de ese atolladero; por eso, pidió a sus principales funcionarios que vayan pensando en una eventual solución para cuando regrese de la Cumbre de las Américas. Allí, dicho sea de paso, la Presidenta se reunió con su par estadounidense Barack Obama, quien le habría manifestado la necesidad de "seguir siendo buenos socios y amigos". Nada se habría hablado sobre la relación comercial entre ambos países, siempre según la —poco creíble— versión de los funcionarios argentinos.
Como puede verse, Cristina insiste en vivir en su microclima, segura de que el mundo nada le reclamará y, si lo hace, estará equivocado en hacerlo.
Mientras ella sueña con esa utopía, España estudia avanzar con duras represalias comerciales contra el país, al punto de frenar el ingreso de productos como la carne y la soja argentinos.
Como se dijo, 28 países acompañan la decisión ibérica. Frente a ello, la Argentina se encuentra ante una soledad que espanta.
