Finalmente, se conoció el dictamen del fiscal Federico Delgado en el marco de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero pasado y que arrojó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.

El documento, es realmente demoledor, ya que acusa de forma directa al Estado —a través de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la CNRT— por dicha tragedia.

Delgado comienza haciendo mención a que “no están en posiciones idénticas el conductor de la formación ferroviaria, el concesionario que explota el servicio público o los funcionarios encargados de vigilar el ‘qué’, el ‘cómo’ y el ‘cuándo’ de esa actividad empresarial”. En tal sentido, acusa la “complicidad criminal” entre el Estado y TBA.

También se refiere a varios puntos que originaron en el “adentro” y el “afuera” para que ese día ocurriese el fatídico accidente. “El 22 de febrero no se alinearon los planetas en contra de la formación de que se trata. De ninguna manera, hubo avisos de los usuarios”, sostiene el fiscal a cargo.

Según afirma el letrado, la reconstrucción del “adentro” se nutrió de dos fuentes de prueba: peritajes y testimonios, entre los que se encuentran las más de 800 denuncias que juntó el “Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento” y las crónicas de los diarios que en el tiempo hicieron vivibles las quejas de los usuarios.

 La inspección judicial del “afuera”, se alimentó de informes obtenidos de varias dependencias del Estado Nacional, de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y otros actores cuyos trabajos fueron incorporados al proceso.

En cuanto a los documentos de la Auditoria General de la Nación, Delgado indica que “Fueron decisivos para comprender las condiciones en que se prestaba el servicio y las faltas que, en base al contrato de concesión, derivan de esas condiciones, tanto para los responsables de Trenes de Buenos Aires como de la Secretaría de Transporte y de la CNRT”.

“De ese ‘adentro’ y de ese ‘afuera’ que se hallan alojados dentro de la traducción jurídica que realizó la Sala I de la Cámara Federal para procesar a los concesionarios del Roca y a los funcionarios públicos que debían controlar el servicio, surgen con nitidez los rostros de los responsables a los que se debe enjuiciar para debatir en algún momento si son culpables o inocentes”, afirma Delgado en su escrito.

En referencia al freno que, según los últimos peritajes no funcionaba, el fiscal relata la declaración del testigo Osvaldo Rubén Quaini, responsable del Área de Centro Único de Exámenes e inspector examinador para conductores en todas las tracciones y líneas ferroviarias de la CNRT. “Le preguntaron, entre otras cosas, cómo hacen los conductores para conocer la velocidad de la formación dado que carecen de velocímetros. Esto es central. Hagamos una pausa y retengamos esto: los conductores carecen de velocímetros. Respondió: ‘Lo saben por el tiempo que deben tardar de una estación a otra y por los palos que marcan el kilometraje, generalmente cada 70 mts hay un palo, es decir que por kilómetro hay 14 o 15 palos’. Esto significa, palabras más palabras menos, que los conductores frenan a ojo”, afirma el fiscal en su escrito.

Delgado también se refirió al tema de los subsidios estatales al transporte al expresar que “El subsidio de explotación de trenes se redefinió en 19 ocasiones por parte de la Secretaría de Transporte. Las transferencias realizadas a favor de TBA S.A., según la AGN, en concepto de subsidios de explotación y accesorios (retroactivos e intereses) ascienden a ($ 1.924.625.755,67). Aquí reside una cuestión nodal: la llave que abría el flujo de dinero provenía de la Secretaría de Transporte. El Estado inyectó una importante cantidad de fondos, a través de la Secretaría de Transporte, que no se reflejó en el servicio”, afirma.

“Por lo tanto, allí yacen las caras visibles en las que se concentra un grado de responsabilidad en los hechos que justifican un juicio oral”, advierte Delgado.

Hay que recordar que el 12 de marzo pasado, el fiscal criticó a Bonadío, por "una suerte de apropiación" de la causa penal "desde el 6 de marzo al menos". La acusación de la fiscalía apuntaba a que, desde ese día, el magistrado no responde a los pedidos de Delgado para ver la causa y obtener fotocopias de las fojas para "intervenir y asistir" en la investigación.

Días después, el fiscal elevó un escrito a la Cámara Federal con quejas hacia Bonadío “por retardo de justicia" e "incumplimiento del Señor juez de instrucción a cargo de la dirección de la investigación mencionada de dictar resolución, en tiempo y forma, de la solicitud realizada por esta parte, mediante escrito presentado el día 6 de marzo de 2012".

Luego, Bonadío dio "vista" al pedido del fiscal "con la finalidad de evitar situaciones conflictivas como las ya ocurridas en autos que dificulten el normal trámite del presente expediente, se encuentran a su entera disposición los autos principales para su compulsa".

Ahora Bonadío deberá decidir qué importancia le da al dictamen del fiscal Federico Delgado. De ello depende que finalmente se haga real justicia… o no.

Eliana Toro
Twitter: @toroeliana