Y Ricardo Jaime volvió un día, solo para despegarse de la tragedia de Once, ocurrida el pasado 22 de febrero y que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos. "No siento que tenga responsabilidad sobre el accidente", aseguró el ex secretario de Transporte de la Nación, oportunamente eyectado de su cargo a raíz de una veintena de escándalos de corrupción.

En realidad, si se lo toma como un hecho lineal y directo, es cierto que Jaime no tiene potestad sobre lo ocurrido en Once, ya que desde el año 2009 está despegado del Gobierno nacional. Sin embargo, lo ocurrido en febrero es la resultante final de una cadena de desaciertos que comenzaron con su gestión y que tuvieron que ver con un aceitado sistema de corrupción del cual no estuvo desvinculado el propio Néstor Kirchner.

A través de ese mecanismo, el Estado otorgó a las empresas de transporte millonarios subsidios que en un 50% regresaban a los bolsillos de puntuales funcionarios del gobierno nacional. Para lograr escapar al rastreo de los sabuesos, Jaime pergeñó una original picardía: exigía el cobro de los retornos a través pagos en efectivo por parte de las firmas beneficiadas.

No son pocos los funcionarios que recuerdan al ex secretario de Transporte cruzando por Plaza de Mayo hacia casa de Gobierno, portando una valija desvencijada con dinero contante y sonante. Cuando alguien le preguntaba adónde se dirigía, Jaime no dudaba: "Voy a ver a Néstor".

A lo largo de los años, ese subsidio fue creciendo exponencialmente y los retornos lo hicieron en consecuencia.

Baste mencionar que, solo entre 2006 y 2010, esos fondos crecieron en un 146%. A su vez, entre 2003 y 2009, el subsidio por pasajero aumentó en un 483%. ¿Cómo explicar entonces que, a pesar de semejante masa de dinero, los trenes funcionen como funcionan? Un dato para agregar más espanto al asunto: entre 2003 y 2010, el Estado le dio a TBA casi 1.925 millones de pesos.

Como se dijo, el problema no tiene que ver con la masa de dinero aportada sistemáticamente a esa empresa —y otras del ramo—, sino con la falta de inversiones, producto de los millonarios “retornos” dinerarios.

Para descubrir esos desvíos, el juez Claudio Bonadío solo debe investigar a la firma Favicor SA, división financiera del grupo Plaza-Cirigliano. Esa empresa es la que recibe todos los meses los millonarios subsidios en la cuenta Nro. 52001-20, directamente provenientes del Banco de la Nación Argentina. Otro dato escandaloso: la Secretaría de Transporte es la que otorga todos los permisos para que esto ocurra.

Cabe preguntarse, finalmente: ¿Qué relación hay entre el descripto descontrol y el desinterés del oficialismo ante los diversos informes de la Sindicatura General de la Nación? ¿Cómo explicar la falta de atención a los concluyentes documentos presentados por ese organismo, previendo lo que terminó sucediendo en febrero pasado?

Hoy parece bien sencillo lavarse las manos, al menos para los funcionarios de turno. Nadie quiere hacerse cargo del escándalo y todas las miradas insisten en mirar al maquinista de la formación de la tragedia. Este será finalmente el chivo expiatorio de un incómodo expediente que recién en estos días empieza a avanzar con firmeza.

No obstante ello, más temprano que tarde los principales referentes gubernamentales deberán dar explicaciones por todo lo aquí revelado. Digan lo que digan, no hay cifra de dinero ni acto de corrupción que pueda justificar la muerte de 51 inocentes.