El pasado 8 de junio, la Justicia sobreseyó a Claudio Uberti, otrora titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en el marco del expediente que investigaba el intento de ingreso ilegal de una valija con casi 800 mil dólares por parte del empresario venezolano Guido Antonini Wilson en el año 2007.

Uberti, una suerte de “embajador paralelo” en Venezuela a la hora de hacer negocios de dudosa legalidad, fue beneficiado por la prescripción de la causa que lo investigaba por parte de la sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En realidad, lo que benefició al ex funcionario fue la modificación del delito de “lavado de dinero” impulsada por el kirchnerismo durante 2010. Allí, el Congreso Nacional reformó la ley antilavado por pedido del GAFI y eliminó la cláusula que agravaba la pena para ese delito si era cometida por un funcionario. Así, se logró que a Uberti le correspondan sólo tres años de supuesta imputación en el marco de una investigación que ya llevaba cinco.

Otro dato que merece todas las suspicacias: inicialmente, el delito que se le endilgó al ex funcionario fue contrabando, pero luego la Cámara consideró que el hecho se encuadraba como lavado de dinero. ¿Por qué se cambió el encuadramiento de algo que era claro que configuraba blanqueo de capitales?

La respuesta a todas las dudas se posan en la figura del oscuro abogado de Uberti, Diego Pirota, el mismo que eligió el vicepresidente Amado Boudou para zafar de la causa Ciccone. El letrado, como se dijo una y mil veces, integra el estudio de Darío Richarte, el ex número dos de la SIDE en el gobierno de la Alianza. En fin, la labor de Pirota, caminando incansablemente los pasillos de Tribunales, rindió sus buenos frutos.

Sin embargo, no ha sido el único que trabajó duramente para que Uberti hoy pueda respirar con tranquilidad: el expediente de marras fue dejado prescribir deliberadamente por la División Causas Penales de la Aduana, a cargo del abogado kirchnerista Federico Machesich, a la sazón socio en un estudio jurídico-aduanero de un viejo conocido, el abogado Marcelo Goldberg (1).

Es dable destacar, que los jefes inmediatos superiores de Machesich son Liliana Alasia —denunciada oportunamente por Tribuna de Periodistas— y Pedro Roveda, dos viejos conocidos del mundo del delito. Un dato: el próximo paso del oficialismo sería el de impulsar la prescripción de la causa "Skanska II", que aun se encuentra en trámite por ante la División Causas Penales de Aduana.

Con todo lo expuesto, resta mencionar que, gracias a la intervención del Departamento Judicial aduanero —y la consiguiente División Causas Penales—, quedará sellada la impunidad del caso Antonini Wilson. El mismo destino ya habían encontrado las causas Skanska I y la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia cometida durante el gobierno de Carlos Menem.

Una última paradoja encierra la cuestión: ahora Antonini podría reclamar que le devuelvan los 800 mil dólares que le incautaron en 2007. Eso sí, por el cepo cambiario vigente a la fecha, solo recibiría pesos argentinos.

Christian Sanz

(1) Existen escritos judiciales presentados por ante la Justicia Federal que dan cuenta de la sociedad Machesich-Goldberg en causas penales-aduaneras, en un estudio jurídico privado ajeno a las tareas de la AFIP.