El pasado 7 de julio, Tribuna de Periodistas publicó en exclusiva la trama que reveló la desaparición de más de dos millones de pesos de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Aduana Nacional.

“Se trata de dinero que estaba destinado al pago de honorarios, obtenidos —en legitima ley— por juicios ganados por la AFIP-Aduana, a los abogados y empleados de Asuntos Legales”, denunció este medio en esa oportunidad.

Por la gravedad de lo ocurrido, en nombre de quien escribe estas líneas, en las últimas horas el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten —matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF— presentó un escrito judicial en pos de “activar la actividad jurisdiccional del Estado, incoando esta acción penal de carácter público en virtud de que el ilícito que se denuncia es de los titulados de acción pública y descripto y sancionado en los artículos 174, inc 5º, 260, 261 y 265, primera parte, del Código Penal de la Nación. Ello, sin perjuicio de la calificación legal que luego S.S. evalúe correcta por aplicación del aforismo ‘iura novit curia’.”

En el mismo escrito, el letrado invita a la Justicia a “analizar el funcionamiento del organismo Administración Nacional de Aduanas en sí mismo, más allá de las responsabilidades personales que pudieran surgir como consecuencia de la misma a aquellos funcionarios corruptos. En efecto, el funcionamiento defectuoso del organismo denunciado, desembocaría en la posible comisión de delitos de acción pública, perjudicando tanto al Estado Nacional cuanto a los individuos que deberían ser los destinatarios y los favorecidos, por el correcto accionar de este organismo.”

Luego, Sánchez Kalbermatten puntualiza que se configuraría el delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 Código Penal. Ello así, por cuanto la norma protegida contenida en dicho articulado, tutela más que el correcto desempeño en general de la función pública; sino el respeto y acatamiento debidos a las normas constitucionales y legales, siendo el hecho que nos ocupa, de las tres conductas punibles que alberga este artículo, el hecho de no ejecutar órdenes y resoluciones cuyo cumplimiento le incumbiere.”

Más adelante, el letrado hace referencia a los artículos publicados por quien escribe estas líneas: “Escándalo: desaparecieron dos millones de pesos de la Aduana” y “Exclusivo: el número de cuenta donde se depositaron los $2 millones desaparecidos de la Aduana”, publicados respectivamente los días 7 y 12 de julio del corriente año 2011.

Y puntualiza el abogado: “En el ocurro aludido, estaría involucrado principalmente el Señor Pedro Roveda, sujeto a cargo de la Subdirección de Asuntos Legales de la Administración Nacional de Aduanas, como así también el Subdirector General de Administración Financiera de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Señor Juan María Conte, y la directora de Presupuesto y Finanzas de la AFIP, Sra. Amelia Acosta. Es destacable cómo, según la información proporcionada al denunciante, estos últimos se niegan a autorizar el pago de honorarios a sus legítimos beneficiarios. “

Finalmente, Sánchez Kalbermatten postuló urgentes medidas judiciales: “Como principal medida tendiente a que no se prosiga a la movilización de los fondos mencionados, deberá ordenarse de manera urgente el bloqueo de las cuentas bancarias detalladas con anterioridad, siendo éstas:

• Nº 005-0000003409/8,  Banco Ciudad, sucursal de Av. Corrientes y Uruguay de la Capital Federal, a nombre del Señor Nelson Pablo BRUNOTTO.

• N° 140852, BNP Paribas, sucursal radicada en Luxemburgo.

• Nº 744476, ING Bank NV, sucursal radicada en Curazao.

El escrito del abogado finaliza advirtiendo que, “ya contando con esa información, deberá librarse oficio al Banco Nación con el objeto de que informen las cuentas bancarias que surgen a nombre de estos funcionarios públicos, y así pueda procederse al inmediato bloqueo de las mismas.”

La causa radicada lleva el nro 9289/11 y esta caratulada "NN s/defraudacion contra la administracion publica". Juzgado Federal 9 (juez Subrogante Sergio Gabriel Torres) Fiscalía 9 (fiscal Gerardo Pollicita).

¿Será Justicia?

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Christian Sanz
Twitter: @cesanz1